Claves
- Familias del Huerto se organizan para pedir que la antigua casa de las Hermanas, ubicada en Urquiza al 800 y que forma parte del espacio del establecimiento, tenga un uso educativo.
- Madres, padres y familiares de alumnos comenzaron a reunir adhesiones a una presentación dirigida a las autoridades del Colegio Nuestra Señora del Huerto.
- Quieren saber por qué parte de un edificio que, según afirman, iba a recuperarse para uso de los estudiantes terminó destinado a dependencias vinculadas al Servicio Penitenciario.
Familias del Huerto se organizan para pedir que la antigua casa de las Hermanas, ubicada en Urquiza al 800 y que forma parte del espacio del establecimiento, tenga un uso educativo. Madres, padres y familiares de alumnos comenzaron a reunir adhesiones a una presentación dirigida a las autoridades del Colegio Nuestra Señora del Huerto. Quieren saber por qué parte de un edificio que, según afirman, iba a recuperarse para uso de los estudiantes terminó destinado a dependencias vinculadas al Servicio Penitenciario.
También reclaman precisiones sobre las condiciones de seguridad y piden que se reconsidere la decisión. Familias del Colegio Nuestra Señora del Huerto impulsan una presentación ante las autoridades de la institución para pedir información sobre el destino de la antigua casa de las Hermanas de la Congregación, ubicada dentro del predio escolar de calle Urquiza al 800, en la ciudad de Paraná, y conectada físicamente con distintos sectores del establecimiento.
La nota comenzó a circular para sumar adhesiones de madres, padres y familiares. Allí expresan su preocupación luego de haber tomado conocimiento de que parte de esas instalaciones estaría siendo utilizada por dependencias vinculadas al Servicio Penitenciario. El planteo tiene un antecedente.
Según reconstruyen las propias familias, a comienzos de este año se les había informado que, a partir del traslado de las pocas religiosas que todavía vivían allí, la antigua residencia sería puesta en valor y recuperada para ampliar los espacios disponibles para los alumnos. La propuesta que conocieron entonces contemplaba talleres, un bufet y lugares donde los estudiantes pudieran permanecer entre el final de las materias curriculares y el comienzo de otras actividades.
La iniciativa, señalan, había sido recibida con entusiasmo. Por eso dicen haberse sorprendido al conocer posteriormente que parte del inmueble tendría un uso diferente y, sobre todo, porque aseguran que no existió una comunicación formal previa que explicara el cambio. La preocupación no está planteada en términos de un cuestionamiento al Servicio Penitenciario ni a sus trabajadores. Las familias se ocupan de aclararlo expresamente.
Lo que quieren saber es si las características de esa actividad resultan compatibles con un edificio integrado a un establecimiento educativo y qué recaudos se tomaron antes de disponer ese uso. Quienes conocen la antigua casa de las Hermanas advierten que existen puertas, accesos y sectores que comunican ambos edificios. Algunos forman parte, según indican, de recorridos habituales de los alumnos.
De allí surge uno de los interrogantes centrales de la presentación: cómo se garantizará una separación efectiva entre la actividad escolar y la dependencia que funciona en el otro sector. También preguntan si se evaluó el movimiento que eventualmente podría generar la actividad del organismo: ingreso y egreso de personas, vehículos, diligencias u operativos, y de qué manera se evitará que esas situaciones alteren el funcionamiento cotidiano del colegio.
“Lo que nos preocupa es que esa recuperación termine destinándose a una actividad que, por sus características, pueda resultar incompatible con el funcionamiento cotidiano de una institución educativa y con el uso seguro de los espacios por parte de los alumnos”, sostienen. El escrito reclama, en primer término, que las autoridades informen cuál es el destino previsto para el edificio y bajo qué condiciones o acuerdo se autorizó su utilización por parte del Servicio Penitenciario.
Las familias también quieren conocer las medidas adoptadas para resguardar a los estudiantes, especialmente por la existencia de accesos entre ambos sectores, y si se realizó alguna evaluación previa sobre circulación y seguridad. Hay otra pregunta que atraviesa toda la presentación: qué ocurrió con aquel proyecto que, según recuerdan, había sido comunicado a comienzos de año y que destinaba el lugar a talleres, bufet y espacios de permanencia para los alumnos. El pedido termina con una propuesta concreta.
Solicitan que se revise el destino de la antigua residencia y que, en la medida de lo posible, esos metros cuadrados vuelvan a pensarse desde las necesidades de la comunidad educativa: actividades culturales y recreativas, lugares de estudio, comedor, talleres o espacios donde los estudiantes puedan permanecer dentro del colegio. “No pretendemos prejuzgar sobre el trabajo que desarrolla dicho organismo ni cuestionar a las personas que allí desempeñen sus funciones”, aclaran.
La inquietud, agregan, está vinculada con “la seguridad y el normal funcionamiento de la institución educativa” y con la tranquilidad de sus hijos. La presentación sigue abierta a adhesiones. Además de una respuesta formal, las familias piden una instancia de diálogo con las autoridades para conocer los fundamentos de la decisión y plantear personalmente sus dudas. La Justicia ordenó detener a Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez tras quedar firmes sus condenas por corrupción.
Pasarán la noche en la Alcaidía de Paraná y mañana serán trasladados a la Unidad Penal N° 1, mientras sus defensas insisten con la prisión domiciliaria.