Con la participación de las autoridades nacionales, la Juventud Radical llevó a cabo un plenario en Paraná en el que se exigió al gobierno de Javier Milei la declaración de la Emergencia en Salud Mental de manera “urgente” y con acciones “de alcance federal”.
El encuentro, realizado en la casa partidaria de calle San Martín, contó con la presencia de Nahuel Breglia, presidente de la Juventud Radical Nacional; Bruno Hernández, secretario de la Región Centro; Tatiana Quiroga, secretaria de la Mesa Nacional de Juventud; y Serena Ojalvo Carnovale, presidenta de la Juventud Radical de Paraná, junto a delegados nacionales y dirigentes políticos de diversos espacios.
Durante el encuentro, que incluyó las exposiciones de la Lic. Karina Llanes y Franco Scarpin, la dirigencia planteó que resulta de “necesidad y urgencia avanzar hacia la declaración de la Emergencia Nacional en Salud Mental”, señalando que la problemática demanda respuestas institucionales prioritarias por parte del Estado.
Diagnóstico territorial
De acuerdo con registros del Sistema Nacional de Información Criminal, en 2025 se contabilizaron 5.209 muertes por suicidio en la Argentina, lo que representó un incremento del 22,6% respecto a los 4.249 casos registrados en 2024.
En el análisis regional, la provincia de Entre Ríos registró 288 casos, alcanzando una tasa de 20,8 decesos por cada 100 mil habitantes, el valor más alto a nivel nacional. Completan la nómina de mayor incidencia las provincias de San Luis (18,9%) y Salta (17,4%), configurando un panorama crítico en diversas jurisdicciones del territorio nacional.
El documento del espacio juvenil cuestiona severamente “las políticas de desfinanciamiento impulsadas por el Gobierno nacional”, y argumenta que estas disminuyen la capacidad operativa del sector público en el área preventiva y asistencial.
Informes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sostienen que el presupuesto asignado a salud mental representa actualmente un 1,42% del gasto sanitario total. Dicha proporción dista de lo regulado en el artículo 32 de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, el cual establece una asignación mínima del 10%. En ese sentido, las autoridades radicales enfatizaron: “No podemos hablar de prevención mientras se reducen los recursos necesarios para garantizarla”.
Demandas
Desde la Juventud Radical remarcaron que resulta indispensable que “el Gobierno nacional asuma su responsabilidad y revierta el desfinanciamiento de las políticas de salud mental”, garantizando partidas presupuestarias suficientes y fortaleciendo la red pública de atención integral.
Sostuvieron que “la declaración de la Emergencia Nacional debe constituir una herramienta concreta para impulsar políticas públicas sostenidas”, promoviendo un esquema de coordinación federal adaptado a las dinámicas socioeconómicas territoriales de la juventud.
Finalmente, la Mesa Nacional de la Juventud Radical y la representación local de Paraná ratificaron la continuidad de sus reclamos parlamentarios y ejecutivos, concluyendo que “la salud mental es un derecho y garantizar su acceso es una responsabilidad indelegable del Estado”.
