El Ministerio de Economía de Entre Ríos destinó al menos 439.875 dólares en honorarios legales por la última colocación de deuda provincial, sin que se conozca cuánto cobraron los tres bancos colocadores internacionales que manejaron la operación. El fondo nacional que financia el incentivo docente se derrumbó 87 por ciento en un año y luego directamente dejó de figurar en los registros oficiales.
Una medida cautelar por más de 500 millones de dólares para recomponer los excedentes de Salto Grande sigue redactada, pero sin ser presentada aún ante la Corte Suprema, casi dos años después de iniciado el reclamo. La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) admite 420.000 millones de pesos entre deuda impaga y exenciones fiscales, y se niega a poner un solo nombre propio sobre esa cifra.
La última cuota del convenio con ANSES -74.000 millones de pesos que la Provincia exhibe como un logro de gestión- se acreditó con dos meses de atraso, cinco días antes de que el Ministerio de Economía y Servicios Públicos respondiera a ANÁLISIS este mismo pedido de acceso a la información pública.
Estos son los datos más salientes de una respuesta que, entre informes oficiales, planillas del SIAF y miles de páginas de decretos, permite reconstruir en detalle el estado de las cuentas públicas entrerrianas y que se pone a consideración de nuestros lectores.
El Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, junto con la Contaduría General, la Tesorería General, Fiscalía de Estado, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, respondieron a un pedido de acceso a la información pública tramitado bajo el Expediente Nº 3.439.186. El siguiente es un relevamiento integral de esa respuesta, con el detalle documento por documento y cifra por cifra.
El pedido de acceso a la información pública, presentado en el marco de la Ley Nº 11.191, fue tramitado bajo el Expediente Nº 3.439.186 ante el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a cargo del Cr. Fabián Boleas.
La respuesta se compone de una carta consolidada del Ministerio, fechada el 19 de agosto de 2026, que contesta punto por punto y remite, según el tema, a los organismos con competencia específica, más los informes individuales de cada uno de ellos, firmados por los más altos funcionarios de la Contaduría General, la Tesorería General, Fiscalía de Estado, ATER y Caja de Jubilaciones y Pensiones.
La Provincia recibió, entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, dos anticipos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, por un total de 74.000 millones de pesos. El primero consistió en 26.000 millones de pesos en trece cuotas mensuales de 2.000 millones cada una, pagadas puntualmente -según la planilla de la Tesorería General- entre el 17 de diciembre de 2024 y el 22 de diciembre de 2025, con estado "completo".
El segundo convenio, por 48.000 millones de pesos, firmado entre el gobernador Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, había sido pactado en ocho cuotas mensuales de 6.000 millones de pesos entre noviembre de 2025 y junio de 2026, según el propio informe de gestión de la Caja de Jubilaciones.
La planilla de la Tesorería General muestra, sin embargo, un cronograma real distinto: cuotas acreditadas el 20 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025, luego el 20 y el 29 de enero de 2026 -con apenas nueve días de diferencia entre ambas-, sin cuota alguna en febrero, y con la octava y última cuota acreditada recién el 14 de agosto de 2026, dos meses después del plazo comprometido y cinco días antes de que el Ministerio respondiera este mismo pedido de información.
El decreto que dispone la ejecución del convenio también consigna que esos montos podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).
El informe de gestión de la Caja de Jubilaciones presenta estos convenios como resultado de una gestión que "reconstruyó desde cero" la información contable y documental que, según el mismo informe, la administración anterior no había elaborado entre 2017 y 2023: seis años sin reclamos formales a la Nación, sin solicitudes de auditoría, y con los balances de los ejercicios 2020 a 2023 sin firmar, en revisión o directamente sin elaborar.
Esa caracterización del período previo se sustenta en un informe producido por la propia gestión actual y no por un organismo de control externo.
El informe atribuye a esa gestión, entre otros hitos, la primera solicitud formal de auditoría a ANSES (21 de febrero de 2024), el primer trabajo de campo de auditoría realizado en julio de 2024, la demanda judicial de abril de 2024, la declaración de competencia originaria de la Corte Suprema en septiembre de 2025, y una reducción del déficit previsional de 41,12 puntos en enero de 2024 a 25,01 puntos en noviembre de ese mismo año, sin que el informe, fechado en abril de 2026, incorpore cifras de evolución del déficit correspondientes a 2025 o a los primeros meses de 2026.
El documento cita además una declaración de su presidente sobre la resolución de la Corte Suprema: que el tribunal tomara el caso y corriera traslado a las partes resulta positivo, porque los argumentos presentados por la Provincia quedan avalados y son tomados como ciertos. El informe de Fiscalía de Estado describe el mismo conflicto en un registro más cauteloso.
La demanda judicial interpuesta el 25 de abril de 2024 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclama 154.606.298.614,49 pesos, monto que Fiscalía aclara expresamente que corresponde al valor estimado al momento de promoverse la demanda, calculado por la propia Caja de Jubilaciones, y no a una suma reconocida por sentencia judicial firme.
Antes de la demanda principal, el 18 de abril de 2024 la Provincia había promovido ante el Juzgado Federal Nº 2 de Paraná una medida cautelar autónoma contra el DNU Nº 280/2024, que ese juzgado declaró de competencia originaria de la Corte el 24 de abril de 2024. La Corte Suprema -mediante resolución suscripta por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- declaró su competencia originaria el 16 de septiembre de 2025 y dispuso correr traslado de la demanda.
La audiencia de conciliación, fijada para el 12 de noviembre de 2025, fue suspendida a raíz de la firma del segundo convenio y los plazos procesales continuaban suspendidos y sin reanudarse al 19 de agosto de 2026, según el propio informe de Fiscalía.
El mismo informe de Fiscalía de Estado detalla un segundo frente judicial contra el Estado Nacional: la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida el 6 de noviembre de 2024 ante la Corte Suprema ("Entre Ríos, Provincia c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad"), por la modificación unilateral del régimen de remuneración de la energía generada en el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, en contradicción con el Pacto Intrafederal Eléctrico de 1998.
Ampliada el 4 de junio de 2025, la demanda quedó estructurada en tres ejes: la afectación del régimen federal y de la autonomía provincial derivada del incumplimiento del pacto; el perjuicio económico concreto por la disminución de los ingresos de generación hidroeléctrica; y el impacto ambiental y social acumulado por el funcionamiento de la represa, con un reclamo por los períodos no prescriptos entre 2020 y 2024.
El monto estimado del reclamo asciende a 724.174.000 dólares estadounidenses, sin perjuicio de intereses. Fiscalía de Estado había elaborado una medida cautelar innovativa que solicitaría dos cosas: la suspensión de la aplicación de la Resolución Nº 603/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación, del 27 de diciembre de 2024, y de cualquier disposición posterior de contenido sustancialmente similar.
Y la recomposición preventiva de los excedentes de Salto Grande en un 70 por ciento del objeto económico reclamado en la demanda principal -equivalente a 506.921.800 dólares-, mientras se sustancia el proceso. Sin embargo, al 19 de agosto de 2026, esa cautelar seguía elaborada y sin presentar ante el tribunal, y el informe concluye, en los mismos términos que respecto de la deuda previsional, que no existe sentencia definitiva ni acuerdo indemnizatorio que reconozca, total o parcialmente, el monto reclamado.
La planilla "Condiciones de la Deuda" del informe enviado a ANÁLISIS, remitida por la Contaduría General, organiza el endeudamiento provincial en cuatro bloques. El primero incluye un préstamo del FONDEP (para el Fondo de Garantías de Entre Ríos) por 400.000.000 de pesos, firmado en 2021, sin devengamiento de intereses, con vencimiento en 2031.
Y catorce préstamos del ex Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), suscriptos entre 2016 y 2021 para los programas de Rehabilitación y Mejoramiento Vial de la Ruta 11 y de Obras Hídricas y de Saneamiento, ajustados por el índice de costo de la construcción (ICC), con vencimientos escalonados entre 2026 y 2032, cuyo monto conjunto asciende a 28.617.204.704,50 pesos, de los cuales 26.290.734.835,50 pesos corresponden a una sola operación.
El segundo bloque corresponde a organismos multilaterales de crédito, todos en dólares estadounidenses: --el BID 2573 OC-AR (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III, 44.931.069,94 dólares, firmado en 2010/2013, vencimiento 2036). --el BID 4688/OC-RG (50.000.000 de dólares, firmado en 2019). --el BID 3806/OC-AR (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales IV, 13.297.956,70 dólares, 2019). --el BID 1914/OC-AR (100.000.000 de dólares, 2008, vencimiento 2033).
--el BID 1956/OC, subsidiario, para el PROSAP Ruta Provincial y caminos (52.317.942,88 dólares, 2010, vencimiento 2033). --el BID 4822, para el Programa de Desarrollo e Integración de la Región Salto Grande (80.000.000 de dólares, 2020). --el BIRF 7597, subsidiario, para electrificación rural (17.623.431,40 dólares, 2011/2015, vencimiento 2038). --el BIRF 7833, para infraestructura vial (73.000.000 de dólares, 2012/2015, vencimiento 2038).
--y la CAF, por el Programa de Camino y Desarrollo Productivo (40.000.000 de dólares, firmado en 2024, vencimiento 2039). El total de este bloque asciende a 471.170.400,92 dólares. El tercer bloque agrupa los préstamos con entidades bancarias y financieras locales. La planilla muestra una sucesión de operaciones con el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
(NBERSA): un préstamo sindicado de 70.000 millones de pesos (2024, vencimiento original agosto de 2025), otro de 40.000 millones de pesos (2024, vencimiento marzo de 2026) y un préstamo puente de 40.000 millones de pesos (2024, vencimiento junio de 2024), los tres consignados como cancelados anticipadamente o refinanciados -por un total de 150.000 millones de pesos- y reemplazados por una nueva "Refinanciación Sindicado" de 70.000 millones de pesos, firmada en 2025, con vencimiento en marzo de 2026 también marcado como cancelación anticipada.
A esto se suma un fideicomiso financiero con el IAPV por 60.000.000 de pesos (2012, vencimiento julio de 2026) y un préstamo del Banco Nación por 52.000.000.000 de pesos, tomado en 2025, con vencimiento en 2028. El cuarto bloque corresponde a los títulos públicos: --los bonos de conversión emitidos para ANSES en 2022 y 2023 (3.602.133.522 y 2.110.278.689 pesos, total 5.712.412.211 pesos).
--los títulos de la deuda pública ER25 emitidos en dólares en 2017 (350.000.000, 150.000.000 y 17.500.000 dólares, con una capitalización de 2021, total 517.500.000 dólares). --los títulos ER25 en pesos, emitidos en 2025 en dos series más una adicional (42.645.000.000, 32.465.000.000 y 42.959.939.856 pesos, total 118.069.939.856 pesos, con vencimientos en julio de 2026 y enero de 2027).
--y los nuevos títulos ER2026, emitidos en 2026 bajo la Ley Nº 11.209 por 300.000.000 de dólares, con vencimiento en marzo de 2033. Sumando toda la deuda en moneda extranjera -organismos multilaterales, ER25 en dólares y ER2026-, donde el tota...