*Mg. Cr. Álvaro Gabás Los números oficiales sobre los aportes no reintegrables, otorgados a municipios y comunas durante 2024 y 2025 abren una discusión que excede largamente una cuestión administrativa o contable. Lo que aparece detrás de estos números es una determinada forma de ejercer el poder provincial. Durante los dos primeros años de la gestión de Rogelio Frigerio se distribuyeron $3.921 millones en aportes no reintegrables a municipios y comunas.
De ese total, $2.683 millones —el 68%— fueron destinados a Concordia. Pero el dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la evolución anual. En 2024, Concordia concentró el 61,15% de los aportes registrados. En 2025, esa participación trepó hasta el 76,04%. Es decir: la concentración no solamente fue elevada, sino que se profundizó durante el segundo año de gestión.
Asimismo, lo más sorprendente fue, que la ciudad de Paraná, capital de la provincia y municipio con mayor población, no recibió fondos por aportes no reintegrables. No estamos frente a una distribución equilibrada de recursos públicos entre los gobiernos locales de Entre Ríos. Estamos frente a una concentración extraordinaria de fondos provinciales en una única ciudad, mientras el resto de los municipios y comunas debió repartirse una porción sustancialmente menor.
Nadie puede desconocer que Concordia enfrenta importantes problemas sociales, económicos, habitacionales y de infraestructura. Tampoco sería razonable sostener que una ciudad con esas características no necesita una fuerte presencia del Estado provincial. Mientras tanto, el resto de Entre Ríos quedó obligado a competir por una porción considerablemente menor de esos recursos. Los números de 2025 son elocuentes.
Después de Concordia aparecen Federal con $120 millones, Ubajay con $47,5 millones, Rosario del Tala con $40 millones y Pueblo General Belgrano con $36,15 millones. La distancia es demasiado grande como para que el fenómeno pueda ser considerado marginal. Los aportes no reintegrables constituyen una herramienta legítima del Estado provincial. Pueden ser fundamentales para atender emergencias, ejecutar obras, asistir a comunidades o resolver situaciones que los municipios no pueden afrontar con sus propios recursos.
El problema aparece cuando esa herramienta adquiere una dimensión tal que termina convirtiéndose en un mecanismo central de distribución de recursos sin que exista una regla pública, transparente y verificable que permita comprender las diferencias entre municipios. En una provincia federal, el vínculo entre el Gobierno provincial y los municipios no debería depender de la cercanía política, de la capacidad de gestión ante los despachos oficiales ni de la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo.
