La denuncia contra Marcelo Casaretto por el fraude en ATER cayó como una bomba en el peronismo entrerriano. Con Rosario Romero en carrera por sostener el municipio, el nuevo escándalo genera preocupación por el costo electoral que podría tener para el PJ en Paraná.
La denuncia penal contra Marcelo Casaretto por las compensaciones truchas de ATER dejó de ser solamente un problema judicial para uno de los dirigentes históricos del peronismo entrerriano.
En Paraná, el caso comenzó a leerse también en clave electoral.
La preocupación tiene nombre y apellido: Rosario Romero.
La intendenta necesita que la próxima elección municipal se discuta alrededor de su gestión y de la ciudad. Pero la irrupción del caso Casaretto amenaza con volver a instalar una discusión mucho más incómoda para el PJ: corrupción, patrimonio y manejo de fondos públicos.
María Estrella Martínez de Yankelevich, ex jefa de Despacho de ATER y condenada por su participación en las compensaciones fraudulentas, denunció penalmente a Casaretto y cinco ex directores del organismo.
La acusación es fuerte. Aseguró que “jamás” podría haber realizado las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Casaretto y de las máximas autoridades de ATER.
También pidió investigar la evolución patrimonial del ex funcionario y sostuvo que Casaretto habría sido advertido en 2012 sobre movimientos irregulares en cuentas de contribuyentes. Todas esas afirmaciones deberán ahora ser investigadas por la Justicia.
El temor al efecto arrastre en Paraná
El problema político para el peronismo es la acumulación.
Sergio Urribarri fue condenado; Gustavo Bordet es investigado por su evolución patrimonial; la causa de los contratos truchos continúa generando repercusiones políticas y judiciales; y ahora Casaretto, otro histórico dirigente del PJ, quedó denunciado por una de las condenadas de ATER.
Las situaciones judiciales son diferentes. Pero cada nuevo expediente vuelve a colocar al peronismo frente a una discusión que Rosario Romero necesita mantener lejos de su campaña.
La intendenta no está denunciada en la causa ATER ni tiene participación en los hechos investigados. Sin embargo, gobierna el principal municipio en manos del PJ y cualquier deterioro de la marca peronista puede terminar repercutiendo sobre su proyecto electoral.
Bronca interna por el costo político
En sectores del peronismo existe malestar por el daño que el caso Casaretto podría provocar sobre dirigentes que no tienen ninguna vinculación con la causa.
Mientras Romero necesita municipalizar la elección y defender su gestión, el nuevo escándalo amenaza con provincializar la campaña y devolver al centro de la escena las causas judiciales que golpearon al PJ durante los últimos años.
Por eso, el interrogante ya no pasa solamente por qué ocurrirá judicialmente con Casaretto.
En Paraná empieza a aparecer otro mucho más urgente:
¿cuánto puede costarle a Rosario Romero que el peronismo vuelva a quedar atrapado en una discusión sobre corrupción justo cuando comienza a jugarse la continuidad en la capital provincial?