Por Marcelo López, diputado provincial Durante demasiado tiempo se confundió la defensa del empleo público con la defensa de un Estado sin reglas ni controles. Esa confusión perjudicó, antes que a nadie, a los propios trabajadores estatales: los privilegios de algunos se financiaron con los mismos recursos que deberían haberse destinado a reconocer mejor a quienes sostienen todos los días nuestras escuelas, hospitales, comisarías y oficinas públicas. Los empleados públicos atraviesan dificultades salariales.
Negarlo sería absurdo. Pero es falso e injusto afirmar que ordenar el Estado significa descalificar a sus trabajadores. Una columna publicada por Página Política presenta al Gobierno de Entre Ríos como enemigo de los empleados estatales y utiliza la reducción de la planta y el control de las horas extras como pruebas de esa supuesta política.
Esa mirada confunde deliberadamente orden con ajuste y omite tanto el Estado que recibió la gestión de Rogelio Frigerio como las decisiones adoptadas para jerarquizar a sus trabajadores. En Entre Ríos existe prácticamente la misma cantidad de empleados públicos que de asalariados privados registrados: De cada dos trabajadores formales, uno se desempeña en el Estado y otro en el sector privado. Eso no es responsabilidad del docente, el enfermero, el policía o el empleado administrativo que cumple con su tarea.
Es el resultado de décadas en las que la política utilizó demasiadas veces al Estado como una agencia de colocaciones, incorporando personal según sus intereses y no de acuerdo con las necesidades reales de la administración. Ese modelo no fortaleció a los trabajadores estatales, los perjudicó. Mientras algunos cobraban sin trabajar, miles sostenían los servicios esenciales con salarios insuficientes, deudas laborales y condiciones que estaban lejos de reconocer su esfuerzo.
Jerarquizar el empleo público significa reconocer al que trabaja, ofrecerle reglas claras, carrera, capacitación, equipamiento y mejores condiciones. También significa terminar con los privilegios que consumen recursos y perjudican al conjunto. ¿Cómo pueden mejorar los salarios de quienes verdaderamente trabajan si los recursos se diluyen en una estructura sobredimensionada, con personas sin funciones específicas, horas extras no trabajadas y cargos entregados como recompensa política?
¿Ese es el Estado que algunos pretenden defender? La desvalorización del empleado público comenzó cuando se permitió que algunos cobraran sin trabajar mientras otros sostenían diariamente los servicios esenciales. Cuando se naturalizaron los contratos sin aportes jubilatorios ni obra social, las deudas laborales acumuladas y una carrera administrativa en la que muchas veces pesaba más la cercanía con un dirigente que la idoneidad. La gestión de Rogelio Frigerio empezó a cambiar esa realidad con medidas concretas.
Eliminó los llamados “contratos basura”, que mantenían a trabajadores bajo contratos de obra, sin aportes ni obra social, y los transformó en contratos temporarios, preservando antigüedad, categoría, adicionales y continuidad laboral. También saldó una deuda con alrededor de 4.900 trabajadores de Enfermería, a quienes se les adeudaban 56.500 francos por jornadas cumplidas durante fines de semana, feriados y extensiones horarias.
La deuda se pagó a valores actualizados y se modificó el sistema para evitar que volviera a acumularse. Además, se reglamentaron los concursos públicos y comenzó la recategorización de más de 12.000 agentes. Porque la estabilidad laboral se defiende con reglas, carrera e idoneidad, no con favores políticos. Ordenar también es controlar. Las horas extras deben cobrarlas quienes efectivamente prolongan su jornada y no funcionar como sobresueldos discrecionales.
Defender al trabajador que hace horas extras exige controlar a quien pretende cobrarlas sin hacerlas. Tampoco existe una política de despidos masivos. Se incorpora personal donde hace falta y no se reemplaza automáticamente cada vacante cuando no es necesario. Por eso, mientras se redujo la planta general, aumentó la cantidad de trabajadores en áreas prioritarias como Salud y Justicia. Modernizar el Estado tampoco significa atacar a sus empleados.
El Gobierno recibió una administración que dependía del traslado físico de pilas de expedientes. Hoy avanzan el expediente electrónico, el legajo digital y la aplicación Mi Trabajo. El objetivo no es reemplazar trabajadores, sino dejar de desperdiciar su capacidad en tareas propias del siglo pasado. También se mejoraron las condiciones materiales de trabajo. La Policía recibió 1.300 chalecos antibalas de mayor protección, además de patrulleros, armamento y tecnología que hacía años no se renovaban.
Cuidar a quienes nos cuidan también es jerarquizar el empleo público. Sin embargo, algunos presentan cada control como un ajuste, cada vacante que no se reemplaza como un despido y cada intento de ordenar como una agresión. Durante años toleraron trabajadores sin aportes ni obra social, miles de francos adeudados, ascensos discrecionales y horas extras sin control. Defender el empleo público no puede significar defender todo eso.
Un Estado fuerte no es el que nombra sin concurso, paga sin controlar y acumula expedientes de papel mientras su Caja de Jubilaciones pierde cerca de un millón de dólares por día. Un Estado fuerte tiene trabajadores capacitados, equipados, reconocidos y distribuidos según las necesidades de los entrerrianos. Para reconocer mejor a quienes trabajan, debe dejar de financiar privilegios. Los privilegios no son derechos, el desorden no es justicia social y un Estado sobredimensionado no es un Estado fuerte.
Es un Estado que termina fallándoles a los ciudadanos y también a sus propios trabajadores. Empleo público. Ser menos y más pobres en proceso de fuerte descalificación Por Luz Alcain | 24 Aug, 2026
