Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. El Gobierno completará el giro que insinuó días atrás respecto a la Ley de Tierras y el DNU 70. Según confirmaron a Infobae desde La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, el oficialismo convocará a una mega sesión para el 21 de octubre que incluirá, entre otros temas, la derogación del artículo 154 que permitía la venta sin límites de tierra argentina a extranjeros para dejar vigente el tope del 15% que dispuso la norma del kirchnerismo.
Así, la Casa Rosada cede ante un tema sensible, pero también desactiva la sesión que la oposición tenía planeada para el 15 de octubre, que podía resultar incómoda. “Les quitamos todos los argumentos posibles. Todos los temas que quería debatir los discutimos más adelante, no hay problema. ¿Querían la norma de los K? Bueno, muy a mi pesar, quedará esa“, explicó a Infobae un integrante de la cúpula libertaria.
De esta manera, de acuerdo con el funcionario, “pierde completamente sentido la sesión del 15, para la cual igual ya no tenían quórum”, según calculaban en el recinto los emisarios del oficialismo que estaban a cargo de las negociaciones. Los otros temas que incluirá en la sesión serán un nuevo proyecto sobre discapacidad, uno de morosidad -incluirá educación financiera- y quieren que se debata también la cuestión Malvinas, como así también algunas iniciativas más chicas de los aliados.
“Va a ser la sesión más larga de la historia de la Cámara. Calculamos que durará 22 horas como mínimo”, dijo, exultante, un alto miembro libertario. El oficialismo convocó para el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar con el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Allí los libertarios prevén sumar un capítulo sobre extranjerización de la tierra. La estrategia apunta a ofrecer una alternativa a los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los partidos provinciales, que cuestionan la eliminación de los límites para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros, aunque rechazan una derogación completa del mega DNU 70/23.
El mega decreto eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras.
Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. En la sesión del 21 también se tratará el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar y mora.
La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.
El proyecto de los libertarios también incorpora requisitos para el otorgamiento de créditos a través de plataformas digitales. Exige doble validación de identidad y aceptación, impide que el silencio o las opciones preseleccionadas se consideren consentimiento y ordena entregar de inmediato las condiciones contractuales en soporte digital.
En contraposición, el peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponen declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total. Por otro lado, el oficialismo podrán en discusión una nueva ley de discapacidad que retoma gran parte de la normativa vigente.
El proyecto oficialista que se quedó con el dictamen de mayoría representa un giro de 180 grados respecto a la reforma en el área de discapacidad incluída en el Presupuesto 2027.
Los libertarios se comprometieron con los aliados a eliminar de raíz todo ese capítulo del Presupuesto y avanzar con un texto consensuado que mantienen la pensión no contributiva por discapacidad, su atualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado Además, por pedido de los aliados, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles.
El cambio de posición del oficialismo busca desactivar el intento opositor de prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que se vence a fin de año. Por último, el oficialismo buscará dictaminar el próximo miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional para también incluirlo en el temario de la mega sesión. Entre otros puntos, el proyecto propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales.
En ese sentido, extiende el alcance de la Ley 26.659: ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores. Prevé multas, suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina e inhabilitaciones.
También incorpora responsabilidad para proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas. Por otro lado, entre los puntos que cuestiona la oposición se destacan la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional. Propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia.
Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica. Fuente: Infobae. El juez del máximo tribunal repasó los aspectos que definieron la votación cuyo resultado suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la norma.
