El Gobierno nacional admitió que no licitó ninguna obra de agua en Entre Ríos desde que disolvió el ENOHSA | Análisis

El ENOHSA fue disuelto por el Decreto N° 1020/24, del 13 de noviembre de 2024, que dispuso su extinción a los 30 días de su publicación. El Ministerio de Economía de la Nación reveló a ANÁLISIS que diez de las catorce obras dadas de baja por el ex ENOHSA en Entre Ríos ya estaban terminadas al 100% cuando se instrumentó la medida. El organismo confirmó además que el gobernador Rogelio Frigerio firmó personalmente dos acuerdos que trasladaron a la provincia la deuda con las contratistas.

Una obra en Diamante recibió pagos de 6.650 millones de pesos sobre un monto aprobado de apenas 1.268 millones; que hay 3.287 millones de pesos sin rendir; y que, desde la disolución del organismo, la Nación no licitó una sola obra nueva en la provincia. El Ministerio de Economía de la Nación respondió, a través de la Dirección de Coordinación y Diseño de Políticas (DICyDP), un requerimiento de acceso a la información pública cursado por ANÁLISIS.

La respuesta permite reconstruir en detalle qué pasó con las obras de agua y saneamiento que el extinguido Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) tenía en marcha en Entre Ríos al momento de su disolución. El organismo fue disuelto por el artículo 1° del Decreto N° 1020/2024, del 13 de noviembre de ese año, que dispuso su extinción a los treinta días de su publicación.

El mismo decreto, en su artículo 2°, instruyó al Ministerio de Economía a instrumentar el traspaso de los recursos materiales y financieros del ENOHSA a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. Por la Resolución N° 1336/24, esa Subsecretaría asumió las competencias y funciones que hasta entonces ejercía el ente.

Un mes antes de la disolución, el 4 de junio de 2024, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación ya había firmado con la Provincia de Entre Ríos un Acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas, por el cual ambas partes se comprometieron a instrumentar, a través de acuerdos específicos, el traspaso a la órbita provincial de la financiación y/o ejecución de las obras que hasta ese momento estaban a cargo de organismos del Estado nacional.

241 obras, casi 45 mil millones de pesos actualizados El Anexo I del archivo remitido detalla las 241 obras de agua potable y saneamiento que estaban registradas en Entre Ríos en el ámbito del exENOHSA al momento de entrada en vigencia del Decreto 1020/2024.

Para cada una se consigna el programa de financiamiento, el ente ejecutor, la localidad, la contratista, el monto contractual original, el último monto de obra actualizado y aprobado, el total pagado por el ENOHSA y los porcentajes de avance físico y financiero.

La sumatoria de esos 241 registros arroja un monto contractual original de 18.428.047.067,62 pesos, que trepa a 45.046.709.864,89 pesos si se toma el último monto de obra actualizado y aprobado, es decir, 2,44 veces el valor con el que se firmaron los contratos. El total efectivamente pagado por el ENOHSA a lo largo de la vida de esas obras asciende a 22.250.833.782,97 pesos, apenas la mitad de lo que hoy figura como costo actualizado.

El programa que concentra más obras es Argentina Hace, con 166 proyectos, seguido de lejos por el Programa Federal de Saneamiento (Profesa), con 50, y el Proarsa 2020, con 13. Sin embargo, en términos de dinero comprometido el orden se invierte: el Proarsa 2020, con apenas 13 obras, mueve 19.376.969.852 pesos en monto actualizado, más que Argentina Hace, que con doce veces más obras (166) acumula 10.138.434.638 pesos actualizados.

Esa desproporción se explica porque el Proarsa 2020 incluye la obra más cara de todo el relevamiento: el sistema de agua potable del área metropolitana de Paraná, que combina las localidades de Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde. En cuanto al estado de avance, de las 241 obras relevadas, 100 registran 0% de avance físico, 85 figuran completadas al 100% y 55 se encuentran en un punto intermedio. El promedio general de avance físico del universo completo es de apenas 49,95%, prácticamente la mitad del camino.

Entre todo ese universo, la respuesta oficial destaca dos obras como prioritarias para su conclusión. La primera es el sistema de producción, transporte y distribución de agua potable de Concordia, que según la nota tiene un 88,03% de avance físico y un monto contractual de 14.852.130.485 pesos.

Los datos del Anexo I, sin embargo, permiten una lectura más fina: el contrato original de esa obra fue de 583.299.383,45 pesos, el monto actualizado y aprobado asciende a 2.463.336.974,31 pesos (4,22 veces el valor original, el mayor sobrecosto relativo de todo el listado) y el ENOHSA ya pagó 3.944.977.365,72 pesos, cifra que supera incluso al monto actualizado y que arroja un porcentaje de avance financiero de 160,15%, es decir, se pagó más de lo que hoy se reconoce como costo aprobado de la obra.

La segunda obra priorizada es la ampliación del sistema de desagües cloacales de Villaguay, con apenas 22,46% de avance físico y un monto contractual de 21.912.964.594 pesos, la cifra más alta de todo el relevamiento. Que el gobierno nacional elija como prioritaria una obra con menos de una cuarta parte de avance, frente a otra que ya está cerca de terminarse, sugiere que el criterio de priorización no fue exclusivamente el estado de avance físico, sino también el monto en juego o el impacto social de completarla.

La anomalía de Diamante: se pagó cinco veces más de lo aprobado El caso más llamativo del Anexo I, sin embargo, no es ninguna de las dos obras que la Nación menciona expresamente, sino una que aparece silenciada entre las 241 filas del Excel: el sistema de agua potable de Diamante, financiado por el programa Proas II, con Jose Cartellone Construcciones Civiles S.A. como contratista.

Esa obra tiene un monto contractual de 721.518.849,41 pesos y un último monto actualizado y aprobado de 1.268.490.256,72 pesos, con un avance físico de 93,62%. Hasta ahí, una obra más, cara pero corriente. El dato que llama la atención es el del total pagado por el ENOHSA: 6.650.035.041,04 pesos, es decir, 5,24 veces el monto actualizado y aprobado, lo que arroja un porcentaje de avance financiero de 524,25%.

En otras palabras, según los propios registros administrativos que el Ministerio de Economía presenta como fuente de la información, a una obra que está aprobada por 1.268 millones de pesos se le pagaron 6.650 millones. La discrepancia es tan grande que amerita, como mínimo, una explicación oficial: puede tratarse de un error de carga en el sistema, de pagos correspondientes a otra etapa u obra no reflejada en la misma fila, o de una situación que merece ser auditada.

Más allá del caso de Diamante, el Anexo I permite construir un ranking de sobrecostos comparando el monto contractual original con el último monto de obra actualizado y aprobado.

Después de Concordia (4,22 veces), el segundo lugar lo ocupa el sistema de agua potable del área metropolitana de Paraná (Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde), que pasó de un contrato de 3.499.997.998,95 pesos a un monto actualizado de 10.870.110.160,06 pesos, 3,11 veces más, con apenas 34,07% de avance físico y 19,31% de avance financiero. Es, a la vez, la obra de mayor monto contractual de todo el relevamiento y una de las de menor avance relativo al dinero ya comprometido.

Le siguen la reparación de la cloaca máxima de primera etapa en La Paz (de 45.806.049 a 140.295.104,96 pesos, 3,06 veces); el mejoramiento del sistema de provisión de agua potable de Santa Elena (de 95.976.532,80 a 286.749.412,93 pesos, 2,99 veces); la ampliación y optimización de desagües cloacales de San Salvador (de 168.287.840,98 a 360.404.748,12 pesos, 2,14 veces); la planta de tratamiento de efluentes cloacales de El Potrero (de 80.199.349,92 a 168.928.326,10 pesos, 2,11 veces); el nuevo colector Quirós de Gualeguay (de 255.536.650,81 a 467.130.250,81 pesos, 1,83 veces); y la construcción del sistema cloacal de Colonia Elía, en el Departamento Uruguay (de 156.357.463,90 a 283.878.928,18 pesos, 1,82 veces).

Todas estas obras figuran, además, entre las que la Nación transfirió a la órbita provincial, según el Anexo II. El traspaso a la provincia: dos acuerdos firmados por Frigerio El Anexo II del archivo detalla 20 obras cuya continuidad fue transferida a la Provincia de Entre Ríos. Según la nota oficial, “se encuentran embebidas las copias digitales de los instrumentos mediante los cuales se formalizaron las respectivas transferencias”, que efectivamente aparecen adjuntos al documento como archivos PDF independientes.

El primero de esos instrumentos es el Acuerdo Específico para la Rescisión de los Convenios Específicos Proarsa, suscripto entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos -representada por su titular, Bernardo Bartolomé Heredia- y la Provincia de Entre Ríos, representada por el gobernador Rogelio Frigerio en persona.

El acuerdo, de ocho páginas, rescinde el convenio específico que financiaba precisamente la obra de agua potable del área metropolitana de Paraná (Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde), la más cara de todo el relevamiento, con 34% de avance físico y montos ya desembolsados por 2.099.538.109,94 pesos según el Anexo I. A partir de la firma, es la provincia la que debe afrontar tanto la continuidad de la obra como el pago de los saldos pendientes a la contratista.

El segundo instrumento es el Acuerdo Específico para la Rescisión de los Convenios Específicos de Cooperación y Financiación entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Provincia de Entre Ríos, también firmado por Heredia y por Frigerio, esta vez en el marco del Programa Federal de Saneamiento (Profesa).

El documento, de 44 páginas, recuerda que el 28 de mayo de 2020 se había suscripto un Convenio de Asistencia Financiera entre el ex ENOHSA y la Provincia para la ejecución de varios proyectos, con el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios como organismo responsable de la gestión provincial. Ese acuerdo original es el que ahora se rescinde, transfiriendo a la provincia el conjunto de obras del Profesa detalladas en el Anexo II.

La cláusula tercera de ese acuerdo es especialmente relevante: establece que la provincia “asume el compromiso de abonar a las contratistas de cada una de las obras, a partir de la suscripción del presente, el monto pendiente de pago” y que, si decide continuar con la ejecución, deberá abonar el saldo hasta la finalización y recepción definitiva.

También aclara que, cuando exista un anticipo financiero con saldo pendiente de descuento sobre certificados ya emitidos, ese monto será considerado “un aporte del financiamiento por parte del Gobierno Nacional” para garantizar la continuidad de las obras. En criollo: la Nación se desentiende de la ejecución y de buena parte del pago futuro a las empresas, mientras la Subsecretaría se reserva apenas la facultad de pedir informes periódicos sobre el desarrollo de los trabajos.

Entre las obras transferidas por estos acuerdos aparecen, además de la de Paraná, la de Santa Elena, la de San José de Feliciano, la de Ceibas, la de El Potrero, la de Gualeguay (colector Quirós), la de Villa Elisa, la de Colonia Avellaneda (acondicionamiento y recuperación), la de Alcaraz, la de San Salvador, la de Cruceсita Séptima y Colonia Ayuí en Concordia, la de Seguí, la de Colonia Elía, la de Federal y la de Ubajay, entre otras.

Varios de estos nombres coinciden con los que encabezan el ranking de sobrecostos: la Nación transfirió a la provincia, junto con la responsabilidad de terminarlas, algunas de las obras que más se encarecieron respecto de su contrato original.

Catorce obras dadas de baja: diez ya estaban terminadas El hallazgo más contundente de todo el legajo está en el Anexo III, que detalla las obras paralizadas, neutralizadas, rescindidas o dadas de baja, con particular referencia a las discontinuadas en el marco de la Resolución N° 452/2024 del Ministerio de Economía, correspondiente al plan Argentina Hace. Ese anexo li...