“En el Día Internacional de la Salud Mental, exigimos que esta emergencia sea tratada con la seriedad y la urgencia que los datos imponen”, reclamaron desde el peronismo provincial y remarcaron que “Entre Ríos tiene la tasa de suicidios más alta del país y es la principal causa de muerte de nuestros jóvenes”. “Detrás de esos números que duelen hay una persona, una familia y una comunidad que no encontró respuestas ni contención a tiempo”, sostuvieron.
“Frente a una crisis de esta magnitud, y el reclamo sostenido de organizaciones, trabajadores de la salud, legisladores de la oposición y ciudadanía en general, el Poder Ejecutivo provincial dictó el Decreto 2130, declarando la urgencia sanitaria en materia de salud mental”, recordaron, pero afirmaron que “se trata de una mera declaración de intenciones, un reconocimiento administrativo que no amplía en un solo peso las partidas presupuestarias destinadas al área.
Lamentablemente, termina siendo una respuesta burocrática a un problema humano de enorme gravedad”.
“El ajuste y el achicamiento del Estado tienen consecuencias sobre la población”, advirtieron desde el PJ y acotaron: “Antes de llegar al límite de la tragedia, miles de entrerrianos y entrerrianas se enfrentan a un sistema de salud que no llega, que demora, que no alcanza; una red comunitaria desfinanciada y debilitada por el ajuste; con condiciones de vida marcadas por la precarización laboral, la soledad y la falta de horizontes económicos”.
En otro tramo del comunicado, indicaron que el bloque de Senadores Más por Entre Ríos ha respaldado el proyecto de ley Red de Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial, impulsado por la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, que contempla un abordaje integral, comunitario y con perspectiva de derechos.
“Es necesario avanzar con ese proyecto y declarar la Emergencia en Salud Mental, con medidas concretas y financiamiento real, ampliar la red de cobertura sumando profesionales y poniendo el foco en las zonas más críticas, y reforzar la red comunitaria de dispositivos de proximidad en escuelas, clubes y centros barriales”, reclamaron.
También apuntaron a la situación de los trabajadores de salud: “No podemos exigir políticas de prevención de calidad si no garantizamos salarios dignos y condiciones laborales justas para el personal de salud”. “El desgaste profesional, la precarización y la falta de reconocimiento salarial debilitan la primera línea de contención de nuestra comunidad.
A eso se suma la reforma previsional que introdujo modificaciones que afectan los regímenes especiales del personal especializado de salud mental, desconociendo las exigencias y el desgaste que representa la atención directa de personas en situaciones críticas”. Por último, desde el PJ expresaron que “el Estado provincial no puede seguir mirando para otro lado, entre todos y con la intervención fuerte del Estado, esta situación se puede revertir.
Decir que no hay presupuesto para salud mental es una decisión política, no una limitación técnica. El presupuesto es la expresión de las prioridades de un gobierno”. (APFDigital)
