En la sesión del jueves 29, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de comunicación que propuso dar “una respuesta especializada del Ministerio Público Fiscal frente al reclamo de los productores por el abigeato”. La iniciativa destacó que “se busca que la investigación de estos delitos cuente con una organización estable, personal capacitado y coordinación entre las jurisdicciones, de modo que las denuncias reciban un seguimiento adecuado”.
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La Cámara Alta entrerriana aprobó el proyecto de la senadora del Departamento La Paz, Patricia Díaz, y sostuvo que “vería con agrado que la Procuración General de la Provincia, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y en ejercicio de sus atribuciones, disponga la creación y puesta en funcionamiento de una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales conexos, organizada como unidad fiscal especializada, con actuación coordinada con las fiscalías de las distintas jurisdicciones de la provincia”.
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Además, se solicitó que “se definan su organización, cobertura territorial, dotación y medios de investigación, y que se establezcan mecanismos de coordinación con la Policía de Entre Ríos y los organismos competentes en identificación y tránsito de hacienda, así como canales de atención y orientación a los productores damnificados.
En caso de requerirse la creación de cargos o adecuaciones legales y presupuestarias, se solicita promover los instrumentos correspondientes ante las autoridades competentes, con resguardo de la autonomía del Ministerio Público y de los procedimientos constitucionales de designación”.
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Fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales conexos
La iniciativa comenzó a cobrar volumen ante las advertencias de distintas organizaciones del sector agropecuario que dieron cuenta de un recrudecer del robo de ganado, sobre todo en los departamentos del norte de la provincia, donde la actividad cuenta con mayor desarrollo.
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En los fundamentos, se señaló que el “proyecto propone una respuesta especializada del Ministerio Público Fiscal frente al reclamo de los productores por el abigeato. Se busca que la investigación de estos delitos cuente con una organización estable, personal capacitado y coordinación entre las jurisdicciones, de modo que las denuncias reciban un seguimiento adecuado”.
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Así, destacó las declaraciones de Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (Faaer), que expuso los reclamos por robos reiterados de hacienda en la zona de Bovril y propuso fiscalías especializadas y mayor coordinación institucional. Se recoge esa preocupación sectorial sin anticipar conclusiones sobre causas concretas ni sobre el desempeño de sus intervinientes.
La propuesta consideró que “la especialización permitiría reunir conocimientos sobre identificación de animales y documentación de sus movimientos, preservar evidencia y analizar posibles vínculos entre hechos. La investigación de eventuales circuitos de traslado, faena y comercialización debe apoyarse en prueba y en la actuación coordinada de los organismos competentes. Una unidad con dedicación específica podría sostener esas tareas y asistir a las fiscalías territoriales”.
Díaz citó que “el artículo 207 de la Constitución provincial reconoce la autonomía funcional del Ministerio Público y atribuye al Ministerio Público Fiscal la acción penal pública y la conducción de la investigación. Por ello, la petición se dirige a la Procuración General, con pleno respeto por sus facultades y por la independencia de las decisiones que correspondan en cada proceso”.
Lo propio hizo con “la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 10.407, (que) en su artículo 17, inciso i), faculta al Procurador General a crear unidades especializadas para investigar delitos complejos y a integrar equipos destinados a combatir formas particulares de delincuencia cuando las circunstancias lo requieran. Esta previsión ofrece un cauce institucional para organizar la respuesta solicitada, sin perjuicio de los instrumentos que resulten necesarios si se requieren nuevos cargos o recursos”.
La propuesta incluye la “atención a los damnificados y articulación con las dependencias policiales y los organismos de control de hacienda. Su finalidad es mejorar la capacidad de investigar y brindar una respuesta fundada a los productores, dentro de las garantías del proceso penal”. (APFDigital)