Fue sancionada la reforma previsional

Tras más de cinco horas de debate -en las que nunca se dejó de escuchar el ruidoso rechazo de gremios estatales y docentes que se manfestaban en el exterior de la Legislatura- la Cámara de Diputados convirtió en ley, pasadas las 16.30, la reforma previsional en Entre Ríos. Votaron 15 diputados de Juntos por el Cambio más tres electos por La Libertad Avanza. Se opuso la bancada peronista más el diputado Damasco, electo en las listas de Javier Milei.

En el oficialismo faltaron dos diputados del bloque de Juntos por Entre Ríos, Rubén Rastelli, radical de Federación; y Mauro Godein, vecinalista de Colón. Ambos lo justificaron a través de sus pares en razones de salud. Por eso los votos del oficialismo fueron 15. Como miembro informante actuó la diputada Vilma Vázquez, presidenta de la Comisión de Previsión Social. La legisladora frigerista pidió “sabiduría para quienes tenemos la enorme responsabilidad de representar al pueblo entrerriano”.

“Es una de las decisiones más trascendentes de este periodo legislativo, ya que se trata del presente y el futuro de miles de trabajadores activos”, sostuvo Vázquez, al tiempo que resaltó la instancia de escucha brindada por la Legislatura a todos los sectores. “La situación de la Caja no fue generada por los trabajadores, sino que es fruto de decisiones tomadas por distintos gobiernos de nuestra historia, pero hoy no estamos para buscar culpables, sino para buscar soluciones.

No es tiempo de sembrar miedo ni de enfrentar a trabajadores con trabajadores”, afirmó. Luego, el diputado radical Bruno Sarubi, que preside la Comisión de Presupuesto, destacó “el extenso proceso de debate y la predisposición del presidente de la Caja, Gastón Bagnat, para saldar dudas”.

Sarubi señaló que “la preocupación por el déficit de la Caja de Jubilaciones viene desde hace décadas” y citó antecedentes históricos: recordó que en 1997 el exgobernador Jorge Busti impulsó un proyecto para modificar la edad y el régimen de movilidad, y que el exmandatario Gustavo Bordet también planteó repetidamente la urgencia de discutir el sistema. “Este Gobernador no vino a especular, por eso está tratando de resolver el déficit para que las futuras generaciones se puedan jubilar”, enfatizó Sarubi.

En defensa del proyecto oficial hablaron también: Fabián Rogel (Juntos por Entre Ríos) manifestó que “es imprescindible discutir el sistema previsional para que sea sustentable en el tiempo”. Susana Pérez (Juntos por Entre Ríos) remarcó: “Sería una irresponsabilidad negar la realidad y permitir que el problema siga creciendo. El sistema previsional de Entre Ríos arrastra desde hace años un déficit y si no actuamos hoy, serán las próximas generaciones las más perjudicadas.

Este proyecto tiene el propósito de garantizar la continuidad de derechos”. Débora Todoni (La Libertad Avanza), adelantó su acompañamiento al proyecto en general, ya que “la `política no puede seguir pateando los problemas estructurales para adelante”, pero marcó su rechazo a la emergencia que está incluida en el primer capítulo de la iniciativa. Roque Fleitas (La Libertad Avanza) indicó que “llegamos a esta situación por el fracaso de la política” y señaló que “seguramente esta reforma tiene muchas falencias”.

No obstante, aseveró: “Hay reformas estructurales que hay que llevar a cabo más allá del costo político que tienen” y adelantó su voto positivo. María Elena Romero (Juntos por Entre Ríos), resaltó la necesidad de implementar “una reforma de fondo” y se refirió al 82%: “Se instaló que esta reforma lo pone en riesgo cuando es exactamente al revés”.

“Esta reforma no toca el 82% móvil, sino que lo blinda”, enfatizó la legisladora y lanzó un mansaje: “No vengo a votar esto de espaldas a la gente, sino mirándolos a la cara. Esta es la única forma de garantizar que los derechos sigan existiendo dentro de 20 años”. “Ningún jubilado de la provincia va a cobrar menos por esta reforma”, expresó sobre el final de su discurso y, tras resaltar “el coraje de Frigerio”, concluyó: “La imagen del rechazo unánime es falso”.

Jorge Maier (JxER) dijo que “hace 33 años que no se modifica el sistema previsional, por eso hemos oído hablar del envejecimiento de este sistema” y aseveró: “La realidad demográfica con la que se votó esta ley no existe más”.

“Hoy hay más años de pago de jubilaciones que años de aportes”, aseguró y enumeró decisiones políticas que rompieron el principio de solidaridad de la Caja, como la privatización del Bersa, habilitar la compra de años en otras provincias para jubilarse acá y no reclamar debidamente a la Nación por los recursos”. “Esta es la ley que demandan estos tiempos”, indicó. Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) afirmó: “No fuimos elegidos para hacer lo que conviene, sino lo que corresponde”.

“Estoy convencida de que estamos dando uno de los debates más impostergables de la última década. Se trata de un tema sensible, pero sabemos que seguir sin hacer nada no es una opción”, apuntó.“Esta ley no nació para quitar derechos, sino para preservarlos en el tiempo”, manifestó y resaltó “el coraje que implica tomar la decisión de resolver problemas, no solo administrarlos” Voces de la oposición Desde la bancada opositora se expusieron severas críticas tanto al procedimiento como al contenido de la norma.

La diputada justicialista Silvina Deccó cuestionó el “tratamiento express” en la Cámara y aseveró que la iniciativa “no resiste un control de constitucionalidad”. “La declaración de emergencia de la Caja por dos años, prorrogable por dos años más, implica una concentración de poder, una fuerte delegación de facultades y atenta contra la división de poderes”, enfatizó Deccó, advirtiendo que se pone en juego la seguridad jurídica.

Cuestionó además el artículo 11 por representar “una nueva delegación de facultades” y sostuvo que “la reforma es confiscatoria y limita el derecho a las pensiones. La reforma se debe dar con la gente adentro”, concluyó al instar a votar en contra.

A continuación, algunos tramos salientes de discursos registrados por la agencia APF: Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) pidió no repetir errores cometidos en legislaciones previas (como la eliminación del Iosper y la creación de OSER): “Se incorpora una emergencia para justificar una reforma permanente”, apuntó y alertó sobre las previsibles presentaciones judiciales que generará la norma.

“Esta no es una reforma previsional integral, es esencialmente una reforma de ajuste: se le pide a los trabajadores que resignen sus derechos para paliar parte del déficit. Una verdadera reforma debe construirse con diálogo y consensos. Frigerio representa un kirchnerismo con buenos modales porque concentra facultades y restringe derechos”, lanzó al adelantar su voto negativo.

Mariel Ávila (PJ) afirmó que existían otros caminos para hacer sustentable la Caja y cuestionó la declaración de emergencia por delegar atribuciones al Ejecutivo en desmedro de la calidad institucional del Poder Legislativo. Ávila advirtió que, en términos concretos, “con esta reforma desaparece el 82% móvil, se genera una falsa confrontación entre trabajadores estatales y privados, y se impacta negativamente en las arcas de los municipios”.

Andrea Zoff (PJ) sostuvo que la reforma implica “un avasallamiento a la autonomía de los municipios” porque impone una “contribución extra a las municipalidades”. Para graficar la dimensión de esto, puso como ejemplo al Municipio de Paraná, que “deberá abonar 170 millones de pesos mensuales”.

Enseguida la legisladora criticó que “deja librado el mecanismo que establece el monto que cada Municipio debe pagar” y consideró que ello atenta contra la previsibilidad y significa “una enorme transferencia de recursos de los municipios a la provincia”. Alertó que con esta reforma se cae el 82% y se reduce el haber inicial y culminó: “Hoy nos piden aprobar un recorte histórico”.

María del Carmen Moreno (PJ), sostuvo que “la reforma restringe derechos, deteriora los haberes y profundiza la vulnerabilidad de los jubilados”. Tras alertar sobre la inconstitucionalidad de la letra del proyecto, afirmó que “la única adhesión sustancial provino de las entidades empresarias, que no realizan aportes a esta caja”.

Lamentó que no se haya tenido en cuenta el proyecto alternativo que legisladores justicialistas pusieron sobre la mesa en la Cámara de Senadores, y advirtió sobre el impacto que la reforma tendrá en el colectivo docente y en los municipios, que ven afectada su autonomía. Lorena Arrozogaray (PJ) se solidarizó con quienes estaban protestando en las afueras de la Legislatura y criticó el tratamiento express de la iniciativa en Diputados: “El debate fue una puesta en escena”.

Enseguida cuestionó la “delegaciones de facultades extraordinarias al Ejecutivo y alertó sobre “los graves vicios inconstitucionales” que tiene la iniciativa. Enrique Cresto (PJ) alertó que el proyecto atenta contra las autonomías municipales y advirtió sobre la inconstitucionalidad de la norma. Enseguida pidió disculpas a todos, especialmente a la Multisectorial que presentó un proyecto alternativo con 20 posibles fuentes de financiamiento para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

“Que se queden tranquilos los trabajadores y los jubilados, que los gobiernos de ajustes no duran mucho tiempo. Después siempre vienen los gobiernos que reivindican derechos”, declaró. Yary Seyler (PJ) también puso en foco el tratamiento express del proyecto en la Cámara: “Estoy seguro que algunos van a votar esta ley con incomodidad”. “Hay una pregunta que este gobierno debería responder: ¿Qué distancia existe entre lo que el gobernador le dijo a los entrerrianos y lo que realmente plantea esta reforma?”.

“¿Si la Caja estaba salvada, como dijo el gobernador hace unos meses, por qué necesitamos esta reforma?”, se preguntó. Luego hizo un punteo exhaustivo del proyecto y afirmó que con esta reforma Entre Ríos tendrá “uno de los sistema previsionales más regresivos del país” y se vendrá una andanada de juicios”. “El déficit de la Caja existe, pero había otras salidas: la pregunta no es si debemos actuar o no, sino cómo lo hacemos”, añadió.

“El gobierno construyó un relato y eligió enfrentar a trabajadores estatales versus privados”, cuestionó y sostuvo que “no existen dos Entre Ríos”. Juan José Bahillo (PJ) comenzó apuntando contra la senadora Nancy Miranda, quien lo mencionó en la sesión del Senado. “No me gustó cómo el Gobierno instaló el tema en la sociedad, pretendiendo imponer un enfrentamiento entre el empleo público y el privado. Es abstracto ese enfrentamiento”, aseguró y aclaró: “No hay ningún impuesto que financie la Caja de Jubilaciones”.

“No acepto la lógica de yo o el caos: se hace así o explota todo. Eso raya la soberbia. Siempre hay alternativas”, señaló. María Laura Stratta (PJ) sostuvo que hay otros caminos posibles para sostener el sistema previsional. «Hoy no hay contexto para hacer un ajuste sobre los trabajadores, los jubilados y los municipios”. “No hay una bomba por desactivar, por lo que no hay urgencia para ajustar de esta manera”, expresó y agregó que “los números oficiales no reflejan que la situación esté fuera de control”.

También hizo referencia a la falsa dicotomía que el Gobierno pretende instalar entre los trabajadores públicos y privados: “Una sociedad dividida sirve para licuar responsabilidades y poner el foco en otro lado”. El texto de la nueva ley: Descargar E29406-29406-23072026C-1 (1)