Imagen del proyecto difundida por el Ministerio de Ambiente de Uruguay. Luego de que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijera a medios de su país que Argentina había retirado la denuncia penal por la instalación de HIF Global, la fiscal federal Josefina Minatta, autora de la presentación, desmintió al mandatario del vecino país. “Ha dado una información que no es verídica”, sostuvo. También sigue avanzando la acción civil que motorizan legisladores entrerrianos. “La denuncia no se retiró.
Fue impulsada por mí y no he tenido las respuestas por parte de la República Oriental del Uruguay que he solicitado con respecto al proyecto”, explicó Minatta a ANALISIS. “Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado. El presidente Orsi ha dado una información que no es verídica”, remarcó la funcionaria judicial.
Según publicaron medios uruguayos, Orsi dijo este viernes que continúa en marcha el proyecto de instalar la planta en Paysandú y aseguró que Argentina “retiró la denuncia penal” por el lugar donde iba a estar instalada la planta. "Seguimos, más allá de las decisiones que se tomen en un momento determinado o llegado el momento de la inversión. Hemos despejado un montón de complicaciones.
La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho", sostuvo el mandatario en rueda de prensa durante la inauguración de obras en una ruta en Paysandú, según informó El País de Montevideo. La denuncia por contaminación “Hasta que no tengamos algunas certezas, la causa va a continuar en trámite”, ratificó Minatta.
Luego, advirtió que “no hay ninguna información cierta” sobre la relocalización y, en su caso, explicó que si un eventual nuevo emplazamiento es también sobre el río Uruguay “el riesgo de contaminación persiste”. Cabe recordar que la fiscal realizó la denuncia penal en febrero ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por presunto daño ambiental contra el proyecto que la empresa HIF pretendía instalar en la localidad de Paysandú, enfrente de la ciudad entrerriana de Colón.
La funcionaria judicial advirtió acerca de la contaminación que podría general la planta y sobre su posible impacto en el territorio argentino. También expuso el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay por parte del gobierno uruguayo. Minatta también remarcó la afectación particular a la zona de Colón y a las áreas naturales protegidas de la región, lo que encuadra la cuestión en el delito de daño ambiental.
El rol de los legisladores Entre otros movimientos, en la causa fueron aceptados como amicus curiae por el juez federal de Concepción del Uruguay, Hernán Viri, tres legisladores nacionales del peronismo: los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl. Los legisladores nacionales entrerrianos impulsan también una acción civil y en las últimas horas confirmaron que ese trámite también “está vigente y avanzando”.
A través de un parte de prensa emitido este sábado, Michel, Bahl y Marclay reseñaron las medidas adoptadas por la Justicia Federal en el marco de la acción preventiva que impulsan en pos de la relocalización. “Frente a la inacción del gobernador Rogelio Frigerio y del intendente de Colón José Luis Walser, iniciamos oportunamente la demanda civil contra la instalación de la planta frente a las costas de Colón”, explicó Michel.
Luego, enumeró medidas que se están produciendo, entre ellas una pericia ambiental y un pedido a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que informe si se ha comunicado al organismo el proyecto de la planta y si la empresa HIF Uruguay ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto.
También mencionó el diputado que se solicitó que se requiera vía exhorto a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de Uruguay y al Banco Central del país vecino la documentación de HIF Global y sus firmas vinculadas. La última acción se registró el 21 de agosto, cuando el juez Viri realizó un reconocimiento judicial en las costas de Colón junto a la bióloga Viviana Cousté, perito designada en la causa, y los legisladores que impulsan la demanda.
El gobierno y la relocalización Hasta hace dos semanas, la relocalización era la principal hipótesis que manejaban ambas cancillerías. Incluso se habló de un nuevo emplazamiento en un predio de Ancap para la planta que demandará una inversión cercana a los 6 mil millones de dólares y es considerada la más importante de la historia de Uruguay. El Gobierno de Entre Ríos encaró negociaciones a distintos niveles y en mayo se había alcanzado un entendimiento al respecto.
Ambas partes admitieron que no querían que se repitiera un escenario al que se produjo hace alrededor de dos décadas por la instalación de la pastera Botnia en la ciudad de Fray Bentos. Entre otras acciones, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una serie de reuniones con el presidente Orsi y su gabinete tanto en Uruguay como en Argentina y llegó a advertir sobre la posibilidad de recurrir a cortes internacionales.
Un estudio privado precisó que desde 2023 los haberes previsionales perdieron poder adquisitivo por un acumulado de $ 7,3 millones por el semicongelamiento del Gobierno de las jubilaciones. Esta situación llevó a muchos adultos mayores a endeudarse, donde uno de cada diez presenta irregularidades en los pagos.