De cara al inicio del nuevo juicio contra Néstor Roberto Pavón en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, la Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans ratificó su decisión de acompañar a la familia de Micaela García en el reclamo de justicia. Néstor Pavón llega nuevamente a debate acusado de ser coautor del femicidio ocurrido el 1 de abril de 2017, tras un extenso camino judicial que demandó a la familia de la víctima nueve años de recursos y esperas.
El colectivo feminista remarcó las graves falencias del sistema institucional entrerriano. En particular, señalaron a la Justicia por haber protegido al juez de Ejecución Carlos Rossi, quien en 2016 otorgó la libertad condicional a Sebastián Wagner contra los informes técnicos que lo desaconsejaban.
A pesar de que la Asamblea impulsó un jury de enjuiciamiento contra el magistrado, este resultó absuelto en 2018 debido a lo que se consideró como una acción corporativa que se habría exhibido en la falta de acusación de la Procuración, lo que le permitió retornar a sus funciones.
El derrotero judicial del caso, para la Asamblea, da cuenta de los obstáculos para juzgar la violencia machista. Luego de que en el primer juicio Pavón fuera condenado solo a cinco años por encubrimiento, las instancias de apelación locales mantuvieron la reticencia a revisar el fallo en profundidad.
Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debió intervenir en diciembre de 2024 para revocar lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, objetando duramente las falencias en el abordaje de la violencia de género y ordenando juzgar nuevamente a Pavón.
“Lo decimos sin vueltas. La justicia entrerriana protegió al juez que liberó a Wagner y después resolvió el caso de Micaela sin la perspectiva de género que exige la ley que lleva su nombre”, denunciaron desde la organización. Remarcaron que se trata de una “deuda institucional que la provincia todavía no saldó”.
“Micaela se convirtió en bandera de la lucha por una vida sin violencias. Su nombre está en la Ley 27.499, que obliga a capacitarse en género y en violencia por motivos de género a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Esa ley existe porque las instituciones que tenían que proteger a Micaela no lo hicieron. No queremos que sea una ley de papel”, reclamó la Asamblea que exigió que el juicio respete a rajatablas la norma mencionada.
“Juzgar con perspectiva de género significa valorar la prueba sin estereotipos, no revictimizar a Micaela ni a su familia y analizar la responsabilidad de cada acusado en el contexto de violencia sexual en que ocurrió el femicidio. Así lo ordenan la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la Cedaw y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado argentino a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Ese estándar no es opcional para ningún tribunal”, enfatizó la organización.
