Claves
- “La recusación busca garantizar que la investigación se desarrolle con objetividad, transparencia y legitimidad, despejando cualquier sospecha sobre la actuación de quien la conduce”, señala.
- El planteo sostiene que, desde la apertura de la causa, en febrero de 2024, Arias fue perdiendo progresivamente la objetividad que la ley exige para el ejercicio de su función.
- Uno de los principales fundamentos de la recusación es la presunta divulgación sistemática de algunos aspectos de la investigación y la conveniente omisión de otros.
La defensa del diputado nacional y exgobernador Gustavo Bordet, encabezada por el abogado Jorge Romero, presentó ante el Juzgado de Garantías Nº 2 la recusación del fiscal José Emiliano Arias y solicitó formalmente su apartamiento de la investigación que se lleva adelante sobre el patrimonio del exmandatario. “La recusación busca garantizar que la investigación se desarrolle con objetividad, transparencia y legitimidad, despejando cualquier sospecha sobre la actuación de quien la conduce”, señala.
El planteo sostiene que, desde la apertura de la causa, en febrero de 2024, Arias fue perdiendo progresivamente la objetividad que la ley exige para el ejercicio de su función. Uno de los principales fundamentos de la recusación es la presunta divulgación sistemática de algunos aspectos de la investigación y la conveniente omisión de otros. La defensa señala que en distintos momentos trascendieron públicamente escritos, argumentos, resoluciones y elementos de la causa que ni siquiera les fueron notificados.
Para Romero, esto constituye un hecho de especial gravedad porque, además de afectar la reserva de las actuaciones, “demuestra la intención del fiscal de instalar públicamente una hipótesis de culpabilidad antes de que exista una definición procesal sobre la situación de Bordet”. “Una cosa es investigar y otra muy distinta es utilizar información de una investigación para instalar públicamente una determinada versión de los hechos.
La defensa no tiene que enterarse por terceros de lo que sostiene el fiscal en un expediente que debe conocer formalmente”, sostuvo Romero. El escrito señala que el fiscal habría dado opinión extrajudicial sobre el resultado de la investigación y presentado como probada su hipótesis delictiva, pese a que Bordet continúa siendo sospechado, no ha sido formalmente imputado y no existe sentencia alguna que determine responsabilidad penal.
“Eso afecta directamente el principio de inocencia y demuestra, cuanto menos, que existe un temor objetivo y fundado sobre la pérdida de objetividad que debe regir su actuación”, afirmó el defensor. La recusación sostiene que estas circunstancias podrían configurar una vulneración de las normas y los límites para las manifestaciones públicas del Ministerio Público Fiscal.
Condena mediática La defensa de Bordet dejó expresamente planteado que el pedido de apartamiento de Arias “no implica solicitar el cierre de la investigación ni pretende impedir que la Justicia avance, sino todo lo contrario”. “Bordet está a disposición de la Justicia y nunca se planteó otra cosa. Lo que estamos reclamando es que la investigación sea conducida por un fiscal que preserve la objetividad, respete la reserva de las actuaciones y garantice las reglas del debido proceso”, explicó Romero.
“Lo que no puede ocurrir es que una investigación se prolongue durante años, mientras el fiscal instala públicamente sus conclusiones y quiere generar ante la sociedad una percepción de culpabilidad antes de que exista siquiera una imputación”, sostuvo Romero. El vínculo entre Arias y Azcué También la recusación incorpora la preocupación por el contexto político en el que se desarrolla la investigación y por el vínculo que se le atribuye al fiscal Arias con el actual intendente de Concordia, Francisco Azcué.
La defensa sostiene que esa circunstancia, por sí sola, no determina una conducta irregular, pero considera que debe ser ponderada al analizar la necesidad de preservar la objetividad de quien conduce una investigación que puede tener consecuencias políticas.
“Cuando existe un vínculo personal entre quien conduce una investigación y un dirigente político que puede resultar beneficiado por el debilitamiento de otro dirigente, la Justicia debe extremar los cuidados para despejar cualquier sospecha de utilización política”, expresó.
“No estamos afirmando que el vínculo pruebe por sí mismo una conducta, estamos señalando que forma parte del conjunto de circunstancias que deben ser consideradas”, señaló Romero, al tiempo que puso de relieve “la marcada posición ideológica” del fiscal. Procedimientos intimidatorios La defensa también advierte sobre los procedimientos realizados sobre personas vinculadas al entorno de Bordet.
Para Romero, estas actuaciones deben ser analizadas en conjunto con el resto del comportamiento que atribuye al fiscal, porque excederían la búsqueda de elementos para la investigación y podrían haber tenido también un efecto intimidatorio sobre personas cercanas al exgobernador. La defensa también incorpora como antecedente la actuación del propio Arias en otros procesos, donde cuestionó la objetividad de funcionarios judiciales y promovió pedidos de apartamiento.
En ese sentido, el escrito plantea que el mismo criterio que el fiscal utilizó para cuestionar la objetividad de otros funcionarios debe ser aplicado ahora al analizar su propia actuación. Finalmente, Romero insistió en que “la recusación no busca impedir que la Justicia investigue. Busca garantizar que esa investigación sea legítima. Si el fiscal ya tiene una conclusión sobre la culpabilidad de una persona antes de imputarla, es razonable que la defensa pida que sea apartado”, concluyó.
