Claves
- En el mapa institucional entrerriano, la Casa Gris ha sido históricamente el centro donde conviven el Poder Ejecutivo y la Legislatura, mientras el Poder Judicial busca mantener su distancia física y simbólica.
- Sin embargo, ¿sigue estando en los despachos de la política el verdadero centro de gravedad o la autarquía del Ministerio Público Fiscal terminó desplazando ese eje?
- La consolidación del MPF abrió una discusión de fondo sobre la propia estructura del sistema de justicia y la necesidad de diferenciar entre fiscales y magistrados.
En el mapa institucional entrerriano, la Casa Gris ha sido históricamente el centro donde conviven el Poder Ejecutivo y la Legislatura, mientras el Poder Judicial busca mantener su distancia física y simbólica. Sin embargo, ¿sigue estando en los despachos de la política el verdadero centro de gravedad o la autarquía del Ministerio Público Fiscal terminó desplazando ese eje?
La consolidación del MPF abrió una discusión de fondo sobre la propia estructura del sistema de justicia y la necesidad de diferenciar entre fiscales y magistrados. En ese escenario, la figura del Procurador Jorge Amílcar Luciano García —resguardado en el segundo piso del edificio principal mientras el resto del equipo opera sobre la calle Santa Fe— dispara interrogantes inevitables.
¿Refleja la rutina horaria y las reuniones vespertinas de García con dirigentes, periodistas y fiscales una dinámica de trabajo habitual o la antesala de maniobras políticas? La inminente definición sobre la situación de Cecilia Goyeneche en el jury y las especulaciones sobre su posible absolución ponen bajo la lupa hasta qué punto los criterios jurídicos pesan más que los acuerdos de cúpula.
Si la trama de la causa contratos dejó en su momento la célebre frase “Tengo a la legislatura comiendo de mi mano”, cabe preguntarse hoy si la sentencia no debería actualizarse hacia un “Tengo a la política comiendo de mi mano”. Y de ser así, ¿esa mano le pertenece a Jorge García o a Cecilia Goyeneche? Esta división se asemeja a una «guerra fría» no declarada: una "Alemania oriental" conducida por García versus una "Alemania federal" referenciada en Goyeneche.
En ese tablero, ¿qué rol juegan actores como Alejandro Canepa, que maniobran para posicionarse sin quedar absorbidos por ningún bando? ¿Cómo inciden los respaldos políticos cruzados dentro del propio gobierno provincial, donde Esteban Vitor sostiene la postura de Goyeneche mientras Julio Rodríguez Signes respalda a García?
Las diferencias no son solo de nombres, sino también de posturas frente a medidas de gestión como la reforma jubilatoria impulsada por Rogelio Frigerio —criticada por la línea de García y Canepa, pero respaldada por el sector de Goyeneche y armadores como Marcelo Baridón—.
La pulseada se traslada también a las elecciones de la Asociación de Funcionarios y Magistrados, donde si bien, se llegó a una lista de consenso para el 2026-2028, no fue lo mismo en lo que respecta a los cargos para las dos sillas en el Consejo de la Magistratura, donde referentes como Ana Clara Pauletti, Gamal Taleb, Marcela Badano, Marcela Davite, Leandro Dato y José Arias han marcado posición y amagaron con presentar lista.
Al final llegaron a un acuerdo sumando a Bogado Ibarra de excelente relación con el gobierno y pro Goyeneche, mientras por el movimiento judicial va Alejandro Canepa. El Colegio de la Abogacía también tiene que ocupar si sillas en el Consejo, todo indica que habrá consenso y el único supuestamente confirmado es Daniel Galizzi.
Cuentan los mentideros que fue Daniel Galizzi quien afilió a Andrea Zoff al PRO y, cuando ella fue candidata a Vice Intendenta de Paraná con Bahl se había olvidado de desafiliarse y cuando se filtró la noticia alegaron que solo fue un error. La realidad, si fuese falsa esa afiliación y en plena campaña correspondía una denuncia penal. El próximo movimiento de Goyeneche es quedarse con el estamento de las ONG en el Consejo de la Magistratura con el auxilio de Mauro Vazon, otro jugador fiel de Alemania Federal.
Hasta en el terreno de la prensa y la comunicación judicial entra en disputa en el contexto de esta Guerra Fría ante la posible jubilación de Martín Fabre y los trascendidos sobre la promoción de Carlos Matteoda, resistida por el entorno de Goyeneche y bancada por el espacio de García.
Frente a este entretramado de influencias que define desde fiscales anticorrupción hasta el vocal de Cámara de Casación Penal, la pregunta de fondo permanece abierta: ¿hasta qué punto la autonomía de la fiscalía garantiza el equilibrio republicano y en qué momento la interna judicial pasa a moldear, condicionar o suplantar la agenda política de la provincia?