La detención del comisario Daniel Alejandro Rosatelli provocó un cimbronazo en las filas de la Policía de Entre Ríos, entre la sorpresa e incredulidad, según el interlocutor; y en los tribunales, donde era un activo litigante. Rosatelli permanece detenido en la unidad penal, alojado en el pabellón de fuerzas policiales y de seguridad, y sospechado de haber organizado la logística para pergeñar el transporte de un cargamento de marihuana.
El jueves fue trasladado a los tribunales federales; se abstuvo de declarar ante el juez Leandro Ríos y también se negó a entregar la clave para desbloquear su teléfono celular, llamativamente, aunque no está obligado a hacerlo.
Idéntica actitud tomaron los otros cuatro detenidos: Claudio David Luna, hijo de un integrante de la organización que había montado una cocina de cocaína en un campo en el acceso norte de Paraná en 2011; Martín Reynaldo Pelizzari, con múltiples antecedentes por estafas; y los hermanos Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, que cargan condenas por delitos de narcomenudeo. Todos permanecen alojados en la unidad penal.
Hay un prófugo: Juan Esteban Siebenlist Bustos, con antecedentes por delitos rurales y amenazas. Paseo nocturno La historia de la caída de Rosatelli, abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos, hijo de un ex subjefe de la Policía y hermano del jefe departamental de Concordia, no es lineal ni puede contarse cronológicamente.
Son, antes bien, capítulos de una trama que confluyen en un momento determinado, la noche del 13 de febrero de 2026, cuando policías de la brigada de delitos rurales de La Paz descubrieron azarosamente un cargamento de 1.345 kilos de marihuana. Pero remiten a una cadena de hechos que venían desde tres meses antes, con un episodio clave que tuvo lugar en la sede de una asociación civil que asiste a personas vulnerables.
Tras recibir un aviso alertando sobre la presencia de dos vehículos desconocidos en Paraje Ombú, una comisión policial interceptó una furgoneta Citroën Jumper y se inició una persecución con balizas y sirenas, a la cual el conductor hizo caso omiso. Llegados en persecución hasta el denominado Camino del Borello, un ingreso alternativo a la ciudad de La Paz, a unos doscientos metros de la intersección con la Ruta Nacional 12, tres hombres descendieron de la furgoneta en plena marcha y ensayaron una fuga a pie.
El conductor, César Leonel Ramírez, resultó detenido y permanece en la unidad penal, procesado; los otros, José Belén Favieri y una tercera persona, lograron escapar, acaso auxiliados por un vehículo que oficiaba de puntero, en el que viajaban Siebenlist Bustos, Josías Favieri y otra persona, alertando a quienes llevaban el cargamento sobre la presencia de controles en la ruta.
En el vehículo abandonado, la furgoneta Citroën Jumper, quedaron sesenta y un bultos que contenían 1.716 paquetes tipo ladrillos de marihuana, cuyo peso se determinó en un peso total de 1.345 kilos. La camioneta “negra” La furgoneta fue la punta del ovillo del que tiraron los investigadores; fue la pieza clave que les permitió llegar hasta Rosatelli y desmantelar una operación de transporte de droga cuyos tentáculos no se sabe aún hasta dónde llegan.
El comisario y abogado fue, según la imputación que escuchó del juez, quien gestionó la compra del vehículo y se lo entregó a las personas que harían el transporte. Esa trama viaja en el tiempo, se retrotrae hasta el 4 de noviembre de 2025. Alguien que será identificado como Señor M, de profesión chofer de aplicación, ofició de nexo entre Rosatelli, que buscaba un vehículo tipo utilitario; y un Señor B, ex sargento de la Policía de Entre Ríos, que tenía un vehículo Citroën Jumper para vender.
Rápidamente acordaron que la operación se haría en un monto cercano a los 15 millones de pesos, a abonarse con una suma en dólares, dos cheques y transferencias. El nombre de Rosatelli no figuraría en ningún registro –de hecho, no aparece–, sino que se haría a través de Martín Reynaldo Pelizzari y Claudio Luna.
Acordadas las condiciones, esa mañana Pelizzari y el Señor B concurrieron a la planta verificadora de automotores de la Policía de Entre Ríos, en Avenida Zanni y Crisólogo Larralde, a bordo de la furgoneta Citroën Jumper, donde pasó el control “sin novedades”, como quedó asentado. Es curioso que así ocurriera porque le habían cambiado la patente por la chapa de otro vehículo de las mismas características.
Nadie advirtió que no coincidían los números de motor y chasis con el dominio ni se percataron de que el vehículo con esa chapa registraba una prohibición de circular y pedido de secuestro vigente desde noviembre de 2023. Raro. Cumplido el trámite, a través de cámaras de videovigilancia públicas y privadas pudo reconstruirse el recorrido de la camioneta hasta calle 25 de Mayo, frente al Atlético Echagüe Club, donde Rosatelli aparece para revisarla personalmente.
Pelizzari volvió a reunirse esa misma tarde con el Señor B para finiquitar la operación, entregar el dinero en pesos y dólares en efectivo y los cheques, como se había acordado, y Luna efectuó las transferencias por el dinero restante. Los problemas surgieron diez días después, cuando el Señor B se presentó en la ventanilla del Banco Galicia a cobrar los dos cheques y se constató que eran falsos; por ende, fueron rechazados.
Una presencia que no suma El 12 de noviembre, alrededor de las cuatro de la tarde, el Señor B se presentó en la Comisaría Segunda para denunciar que había sido estafado por personas que no pagaron por una camioneta el precio convenido. Rosatelli supo de la denuncia casi en tiempo real.
Una hora y media después citó al Señor M, aquel que había sido el nexo con el vendedor de la furgoneta, en la sede de la asociación civil Suma de Voluntades y le dio una paliza que lo tuvo más de un mes hospitalizado, con traumatismo de cráneo con hemorragia y edema cerebral que le provocó convulsiones, dificultades para hablar y debilidades en el hemicuerpo derecho. Y le dejó además un mensaje, o una advertencia: que el Señor B retirara la denuncia.
El Señor M aseguró que Rosatelli lo atacó en una habitación en la sede de Suma de Voluntades, lo amenazó con un arma y le golpeó la cabeza contra una pared en forma violenta. Que el hecho ocurriera en la sede de la asociación civil, según los dichos del Señor M, no pasa inadvertido. Rosatelli no forma parte, pero es una presencia frecuente dentro de la entidad, acompaña algunas actividades, programas y talleres.
Sin ir más lejos, en marzo pasado, un mes y medio después del hallazgo de la furgoneta cargada con marihuana, fue moderador de la charla “Narcotráfico, infancias y seguridad ciudadana”, organizada por Suma de Voluntades, para la que se había anunciado una disertación del juez Leandro Ríos, aunque finalmente no estuvo presente.
Aquel mismo 12 de noviembre, tras el ataque al Señor M, el Señor B se presentó en la Comisaría Segunda para denunciar la amenaza que le habían hecho llegar; pero no quisieron recibir su denuncia; tampoco en el Ministerio Público Fiscal. Eso fue lo que dijo en la exposición que hizo en la delegación local de la Policía Federal, donde expuso los hechos y señaló directamente al comisario Rosatelli. Se dice que las actuaciones fueron remitidas la justicia provincial y terminaron archivadas.
Lo cierto es que una suma de episodios acaso anecdóticos y sin relación –la venta de una camioneta de dudosa procedencia, la estafa posterior a los vendedores, las amenazas y el ataque brutal dentro de la sede de una asociación civil–, resultaron el hilo del que tirar, tres meses después, cuando apareció una furgoneta cargada con marihuana en un camino rural en el acceso a La Paz. (Informe de Juan Cruz Varela, par Página Judicial)
