Claves
- La Entidad indicó a través de un comunicado que el proyecto es un “primer paso concreto y necesario para enfrentar el crecimiento de la litigiosidad que atraviesa la provincia”.
- Sin embargo, aclararon que “el camino debe completarse con una implementación efectiva, rápida y consistente”.
- La tendencia se aceleró durante 2026: en los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la cantidad de juicios creció 38%, el mayor aumento entre las nueve principales jurisdicciones del país.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) destacó el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos, enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados con el objetivo de "buscar un mayor equilibrio y objetividad en la justicia". La Entidad indicó a través de un comunicado que el proyecto es un “primer paso concreto y necesario para enfrentar el crecimiento de la litigiosidad que atraviesa la provincia”.
Sin embargo, aclararon que “el camino debe completarse con una implementación efectiva, rápida y consistente”. En ese sentido, añadió: “La iniciativa avanza sobre herramientas centrales para devolver previsibilidad y objetividad al sistema: propone la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, establece la aplicación obligatoria del Baremo vigente y desvincula los honorarios periciales del monto del juicio y del porcentaje de incapacidad determinado”.
De acuerdo a los datos arrojados en el texto, en 2025 Entre Ríos registró 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo, un 25% más que en 2024, mientras que su índice de judicialidad aumentó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos. La tendencia se aceleró durante 2026: en los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la cantidad de juicios creció 38%, el mayor aumento entre las nueve principales jurisdicciones del país.
Además, informó que en el año pasado Entre Ríos registró 87 juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos; una tasa muy superior a la observada en sistemas comparables como España, con alrededor de 8,5, y Chile, con aproximadamente 5,8. “Si la cobertura y la siniestralidad se mantienen dentro de parámetros comparables, la litigiosidad también debería tender a niveles consistentes con esas experiencias”, señaló el comunicado.
“Es urgente recuperar una lógica básica del sistema: que se cumpla la regla y se judicialice la excepción, evitando incentivos que alimenten una litigiosidad que no guarda relación con la evolución de la siniestralidad laboral. La judicialidad excesiva y sin fundamentos atenta contra la productividad de las empresas y la creación de empleo en la provincia”, culminó el escrito. (APFDigital)
