Ante “la gravedad institucional que atraviesan las universidades nacionales como consecuencia del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional”, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) emitió una contundente declaración donde pone en palabras “el riesgo de este escenario para el futuro de la provincia”.
A más de 340 días de silencio por parte del gobierno nacional, el organismo del cogobierno remarcó que lo que está en juego excede lo presupuestario: “Esa presencia territorial y ese crecimiento es, precisamente, lo que hoy está en riesgo”. En este sentido, advirtieron que el presupuesto nacional acumulará en 2027 su cuarto año consecutivo por debajo del nivel real de 2023 —con una caída cercana al 27%—, mientras que las becas sufrieron recortes superiores al 75%.
El pronunciamiento advierte también sobre el impacto en el sistema científico-tecnológico, cuya caída real ronda el 48% desde 2023, generando “una fuerte amenaza para que la provincia pueda planificar y construir su propio desarrollo”.
Al respecto, el Consejo subrayó que el ajuste afecta “al conjunto de las disciplinas que sostienen la vida universitaria y científica de la UNER: las ciencias sociales y humanas, la educación, la salud humana y animal, las ingenierías, la informática, las ciencias agropecuarias, de los alimentos, la bromatología, la economía, la administración, el trabajo social, la comunicación, la cultura, el ambiente y las políticas públicas”.
Reclamo a la política Frente a este escenario, la UNER dirigió reclamos directos al arco político entrerriano. Por un lado, solicitó al gobernador Rogelio Frigerio que “haga de la cuestión sobre las Universidades Nacionales un tema de Estado Provincial”, y recordó que la generación de conocimientos científicos “no hace más que potenciar al sector socio-productivo y tecnológico de la Provincia a la cual se debe y representa”.
Asimismo, exigió a las legisladoras y los legisladores nacionales por Entre Ríos que atienda “a las partidas asignadas al sistema universitario y al sistema científico-tecnológico nacional durante el tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027”.
Finalmente, la declaración convoca a la sociedad entrerriana a involucrarse en defensa de un derecho fundamental: “Cada docente y cada investigador sub remunerado, cada beca que se pierde, cada comedor universitario que reduce su prestación, cada actividad que no puede sostenerse, es un joven entrerriano —muchas veces el primero de su familia en llegar a la universidad— que ve interrumpido su proyecto de vida”.
