Quince años después, la Provincia debió rechazar la petición de los herederos de un empresario privado de la provincia de Buenos Aires que pretendió quedarse con parte del Delta -una fracción de las islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay-, un asunto que se creía saldado.
Una resolución de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos rechazó el pedido de recuperación, uso, usufructo y/o reconocimiento de derechos posesorios o dominiales formulado por Mauricio Ezequiel Biasotti, Julieta Malvina Biasotti y Germán Amílcar Biasotti sobre un grupo de lotes de islas Las Lechiguanas, y les hizo saber que esos inmuebles “integran el dominio público del Estado provincial y se encuentran bajo la administración y custodia de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos”.
La medida está contenida en la disposición N° 3 del 29 de julio último.
Lechiguanas: declaran lesivos decretos de la dictadura de venta de lotes
La historia de la disputa se remonta a 2011. Y el huevo de la serpiente está en un decreto, del 25 de julio de 1980, que firmó el entonces gobernador de facto Carlos Aguirre. Identificado con el número 2.411, el decreto autorizó la venta de 14.928 hectáreas en la isla Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay, a una serie de empresas privadas.
Una de las firmas que se benefició con esa venta fue El Trébol SA, un condominio con domicilio fiscal en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, uno de cuyos socios es el abogado Emilio Alfredo Cártey.
El Trébol había conseguido que ya en agosto de 1971, y bajo el gobierno de facto de Ricardo Favre, la Provincia le cediera, aún en medio de la disputa irresuelta con la provincia de Buenos Aires en torno a la posesión de las islas del Delta de Paraná, que la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de Entre Ríos le cediera en forma precaria la tenencia de 3.440 hectáreas en Las Lechiguanas.
El Trébol había prometido un plan de desarrollo agrícola, ganadero y forestal en las islas. Pero en realidad después le dio un uso de rentas: en los años sucesivos fue arrendando los lotes para el pastoreo del ganado de terceros. Se sabe: el ojo del amo engorda el ganado, y aquí el amo estaba a varios kilómetros de distancia, así que un tercero se quedó con más de la mitad de las tierras de El Trébol: Héctor Omar Biassotti, nativo de Ramallo, provincia de Buenos Aires.
Cártey, y su sociedad El Trebol, nunca pudo escriturar las tierras que malvendió el gobierno de la dictadura. El 13 de agosto de 2010, Cártey efectuó una presentación formal ante el Gobierno de Entre Ríos y pidió la confección de la escritura traslativa de dominio –que las más de 3.000 hectáreas que le vendió el ex gobernador Aguirre salgan de la órbita de dominio público y queden en su patrimonio—pero el pedido se le volvió en contra.
Un dictamen que firmó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, observó entonces dos aspectos: que la venta de las tierras en cuestión fue dispuesta “dentro del marco de un gobierno de facto”, pero también que esa enajenación se apoya en un decreto que fue “emitido en violación de preceptos con jerarquía superior que tutelan el orden público”.
Las islas constituyen bienes “públicos naturales” que requieren de una ley del Congreso Nacional que autorice a la provincia a su venta, y recién entonces proceder a su transferencia a particulares.
Cartey había apurado la escrituración de esos lotes por una razón de vecindad: Biassotti, convertido al parecer en un personaje del far west en el Delta, se estaba quedando con casi todos los lotes en Las Lechiguanas a fuerza de pistola. “Biassotti es un delincuente que con la complicidad de deshonestos funcionarios de la provincia usurpó y enajenó más de 35 mil hectáreas en las islas Lechiguanas”, planteó Cártey en la nota que llegó a manos de la Fiscalía de Estado.
A El Trebol le arrebató 160 hectáreas, y la única forma de sacarlo de ahí es mediante un juicio de desalojo, pero a Cártey se le presenta un problema: no tiene escrituras a su nombre de las tierras que le reclama a Biassotti. De igual modo, en 2000 el abogado entabló una demanda por usurpación ante el Juzgado de Instrucción N° 2, de Gualeguay, que no consiguió que avance.
Biassotti, había señalado el abogado Cártey, actúa “como señor feudal”, que escritura tierras de dominio público a su nombre, y después vende “en 15 dólares la hectárea”. Y lo define como un “matón” que avanza con la fuerza cuando alguien se le pone en frente, “como el caso de Víctor Doménech, a quien le aplicó una feroz puñalada”.
Pero el planteo de Cártey tendría una solución impensada para el abogado nicoleño. Sobre la base de sus quejas y pretensiones, la Fiscalía de Estado elaboró un dictamen que, sin alejarse del fondo de la cuestión, problematizó la decisión primaria de un gobierno de facto de haber vendido tierras de dominio público sin guardar las formas jurídicas elementales. Y por eso planteó la “revisión judicial de los títulos” de posesión que se crearon posterior al decreto del gobierno de la dictadura.
Así, no sólo propició la declaración de lesividad del decreto N° 2.411 sino también la vuelta atrás con aquella venta de casi 15 mil hectáreas de “terrenos insulares ilegítimamente transferidos a particulares”. Así, se etendió que aquella disposición oficial “desconoció” que el Código Civil establece que ninguna venta de bienes públicos puede hacerse sin que previamente lo autorice el Congreso Nacional, y por eso “se verifica a todas luces ilegítimo y deviene lesivo a los intereses del Estado Provincial”.
Se trata de una vía que ya ensayó la provincia. En septiembre de 2010, el Gobierno había declarado lesivo el decreto N° 2.319, dictado en 1978 por el gobierno de facto de Rubén Daniel Di Bello a través del cual se vendieron 13.000 hectáreas de tierras ubicadas en las islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay. Al igual que en el caso de los lotes que enajenó Aguirre, tampoco se legalizó la transferencia al no escriturarse los lotes.
