La Cámara de Diputados de la provincia debate en comisiones un proyecto del Poder Ejecutivo de Ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos. La iniciativa, de la Secretaría de Modernización que conduce Emanuel Gainza, se propone renovar el marco normativo provincial para impulsar “un Estado inteligente” en la que sea posible la interoperabilidad de datos y la adopción de tecnologías emergentes. Se deroga la ley vigente Nº 10.898.
Algunos principios El proyecto plasma algunos “principios” respecto del modo en que se piensa la transformación digital. Gobernanza de Datos y Principio “Una sola vez”. Promueve la reutilización de la información por parte de la administración pública para evitar que la ciudadanía deba presentar la misma documentación múltiples veces, integrando las bases de datos del Estado de forma segura y accesible.
Tecnologías Emergentes e Inteligencia Artificial: se establecen directrices para la regulación, desarrollo e investigación de la IA, robótica, Internet de las Cosas (IoT) y blockchain, fijando principios de ética, equidad, no discriminación y neutralidad tecnológica. Modernización Contractual: incorpora un régimen de compras y contrataciones adaptado a bienes intangibles y servicios de software en la nube (SaaS), facilitando adquisiciones ágiles y trazables.
Este aspecto fue el que motivó más consultas a Gainza y su equipo por parte de los legisladores, en el marco de la presentación del funcionario ante la única comisión a la que fue girada la iniciativa: Educación, Ciencia y Tecnología. Ciudadanía e Identidad Digital: Define el domicilio y la identificación digitales para dotar de mayor certeza jurídica a las notificaciones y tramitaciones, garantizando la accesibilidad universal, la inclusión digital y la protección de datos personales.
Patrimonio y Archivo Digital: Regula la conservación, custodia y acceso durable a la memoria digital y los activos informacionales del sector público provincial. La Secretaría de Modernización es indicada en el proyecto como organismo de aplicación de la ley. La norma alcanza a los tres poderes del Estado provincial y sus organismos descentralizados, e invita a la adhesión de municipios y comunas.
Trabajadores implicados Desde UPCN se advirtió sobre la necesidad de una mayor participación de los trabajadores públicos en el debate de la norma. “No nos oponemos a la innovación digital en el Estado, pero sí al proyecto del Ejecutivo”, expresó la secretaria Adjunta del gremio que hizo saber que el jueves habrá un encuentro con Gainza para avanzar en la discusión del tema. La dirigente subrayó: “Estamos hablando de qué Estado queremos”. “Es un tema difícil que no está suficientemente regulado”.
Apuntó que “una de las críticas más importantes es la acumulación de poder que tiene el Estado a través de la Secretaría de Modernización para definir en la reglamentación temas que son centrales”.
“Queremos discutir y que los trabajadores sepan de qué estamos hablando, porque es un tema complejo”, insistió Domínguez que advirtió que “aunque tiene implicancias profundas, el proyecto no habla una sola palabra sobre los derechos de los trabajadores en entornos digitales, la refuncionalización y cómo se van a adecuar los organismos a esta cuestión”.
Señaló también que “otras provincias tienen leyes donde hay un mecanismo de control claro, con matices” y en ese sentido sostuvo que en la provincia “es necesario poner el tema en la agenda de los trabajadores con el gobierno”. La secretaria Adjunta valoró, al respecto, la decisión del sindicato de incluir esta temática en el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. “El CCT es una herramienta de avanzada que hay que impulsar decisivamente.
Cuando nadie veía este tema, nosotros hace más de dos años, lo pusimos en un capítulo de nuestro proyecto”, expresó.
