“Celebramos que se recuperen bienes provenientes de la corrupción y se destinen a políticas públicas, pero le recordamos al gobernador Rogelio Frigerio que esto ya se hacía durante los gobiernos Peronistas”, señaló el diputado nacional, quien destacó que durante la gestión justicialista en Entre Ríos se destinaron inmuebles, tierras, vehículos, equipamiento y recursos económicos a organismos estatales y programas vinculados con la salud, la seguridad, la protección de la infancia y el desarrollo productivo.
En ese sentido, Michel mencionó los antecedentes de las causas de Mario Yedro y Hugo Righelato, cuyos bienes fueron decomisados judicialmente y tuvieron distintos destinos públicos.
“Son antecedentes concretos de una política que ya se implementaba en Entre Ríos y que el actual gobernador debería reconocer”, sostuvo.
Guardamonte: tierras recuperadas para la producción
Uno de los casos señalados por el diputado es el del campo decomisado al exsenador provincial Mario Yedro, ubicado en el departamento Tala, donde se desarrolló el proyecto productivo de Guardamonte.
La iniciativa permitió vincular tierras recuperadas judicialmente con la producción rural, el acceso a la vivienda y el desarrollo de actividades agropecuarias y de granja.
“Este caso demuestra cómo los bienes decomisados pueden transformarse en oportunidades para pequeños productores, promover el arraigo rural y mejorar las condiciones de vida de las familias”, expresó Michel. También recordó la existencia de viviendas destinadas a personal policial dentro del predio.
Righelato: inmuebles destinados a la salud y a organismos públicos
El diputado nacional también recordó el caso de Hugo Righelato, exfuncionario de Obras Sanitarias de Entre Ríos, condenado por delitos contra la administración pública.
Entre los bienes vinculados con esta causa se encuentra una vivienda ubicada en calle Bravard, en Paraná, destinada al funcionamiento de un anexo del Hospital Escuela de Salud Mental. Asimismo, se informó la asignación de cuatro departamentos ubicados en calle Laprida a organismos públicos, entre ellos la Policía de Entre Ríos y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).
“Los bienes recuperados se incorporaron a servicios concretos, vinculados con la atención sanitaria, la protección de derechos y el fortalecimiento de las instituciones. Por eso, es importante recordar que esta política ya tenía antecedentes durante el gobierno de Bordet”, afirmó el diputado nacional entrerriano.
Narcomenudeo: recursos para la seguridad, la salud y la asistencia social
Michel también destacó la aplicación de la Ley provincial N.º 10.566, sancionada en 2018 durante la gestión de Bordet, que estableció un mecanismo de distribución de recursos provenientes de causas por narcomenudeo entre organismos estatales.
Como parte de esa política, en septiembre de 2019 se informaron entregas de vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, computadoras, televisores y otros elementos a organismos provinciales. También se distribuyeron recursos económicos provenientes de multas vinculadas con estas causas.
En junio de 2020 se realizaron entregas de vehículos y equipamiento a dependencias de Salud y de la Policía. Posteriormente en 2021 se informó la distribución de 26 vehículos entre automóviles, camionetas y motocicletas. “Todos estos datos son públicos y fueron difundidos oportunamente por los medios de comunicación”, recordó.
“Los antecedentes de Yedro y Righelato, junto con las entregas realizadas en el marco de la Ley de Narcomenudeo, muestran que durante la gestión de Bordet ya existía una política de recuperación y reasignación de bienes para atender necesidades de la comunidad”, señaló.
Finalmente, el diputado nacional sostuvo que la recuperación de activos provenientes del delito debe formar parte de una política de Estado que trascienda las gestiones de gobierno.
“Celebramos que el gobernador Frigerio continúe las buenas decisiones políticas. Lo que señalamos es que el Gobernador no puede desconocer los antecedentes que respecto a este tema existen en la Provincia: en Entre Ríos ya había antecedentes concretos de bienes recuperados por la Justicia que se destinaron a la salud, la seguridad, la protección social y la producción”, concluyó. (APFDigital)
