Claves
- La Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos reivindicó la racionalización del gasto, la reducción de la estructura política y la responsabilidad fiscal.
- La norma obliga a los organismos del Estado provincial a responder dentro de los plazos que fija su decreto reglamentario y habilita a quien lo solicita a exigir la documentación respaldatoria.
- La respuesta llegó en dos planos que conviene distinguir desde el inicio.
La Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos reivindicó la racionalización del gasto, la reducción de la estructura política y la responsabilidad fiscal. La Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos respondió a ANÁLISIS con un extenso documento de “contexto institucional” que reivindica la racionalización del gasto, la reducción de la estructura política y la responsabilidad fiscal.
Los números quedaron expuestos en cinco anexos con miles de registros -presupuesto, 561 convenios, 7.509 viáticos, contrataciones y la nómina completa de personal-, y es uno de los pedidos más extensos que respondió el Estado provincial hasta ahora. El cruce de esas planillas confirma dos anuncios de la gestión: la cancelación anticipada de $3.500 millones de deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el pase a planta de 42 personas que cobraban por “contrato de obra”.
Pero, también muestra lo que la respuesta no menciona: el gasto real de Gobernación, Turismo y Modernización creció 28,7% por encima de la inflación en 2025; la partida de los helicópteros oficiales trepó 577% sobre lo presupuestado; el alquiler de la sede de Modernización se multiplicó por ocho en tres años; los viáticos de Gobernación se duplicaron en términos reales; y uno de los dos componentes del préstamo de la CAF -la Mesa de Ayuda del sistema GDE, bandera de la “modernización”- todavía no arrancó.
El convenio de mayor magnitud de todo el registro, una transferencia previsional de $48.000 millones que la Nación gira vía ANSES, es a la vez el dato de mayor peso económico y el menos disponible: son fondos con destino específico.
La Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos (SGG), a cargo de Mauricio Colello desde diciembre de 2023, respondió al pedido de acceso a la información pública que ANÁLISIS presentó en el marco de la Ley provincial Nº 11.191, la misma norma que la gestión de Rogelio Frigerio impulsó, sancionó y promulgó en 2025 y que presenta como uno de los pilares de su política de “gobierno abierto”.
La norma obliga a los organismos del Estado provincial a responder dentro de los plazos que fija su decreto reglamentario y habilita a quien lo solicita a exigir la documentación respaldatoria.
La Secretaría General de la Gobernación, que depende directamente del gobernador y funciona como una suerte de Jefatura de Gabinete no prevista formalmente en el organigrama provincial, fue uno de los organismos requeridos en la campaña de pedidos de acceso a la información que ANÁLISIS viene desarrollando sobre las distintas áreas del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial entrerriano. La respuesta llegó en dos planos que conviene distinguir desde el inicio.
Por un lado, un documento de varias páginas estructurado como “contexto institucional”, que antecede a cada uno de los seis puntos solicitados con párrafos de justificación de la gestión antes de llegar a cualquier dato concreto. Por otro, cinco anexos documentales con miles de registros: presupuesto y ejecución 2023-2026, el Registro Único de Convenios, viáticos y comisiones de servicio, contrataciones de bienes y servicios, y la nómina de personal.
El texto no incluye guarismos consolidados de ningún tipo: quien busque cuánto gastó la Secretaría en contrataciones directas en 2025 o cuántos agentes precarios fueron efectivamente pasados a planta debe reconstruir esos números por su cuenta a partir de las planillas. Eso fue lo que hizo ANÁLISIS. Y el resultado es que los propios números que la Secretaría General de la Gobernación adjuntó como respaldo cuentan una historia bastante más matizada que la del texto que los acompaña.
El escrito aclara que de ese organismo dependen actualmente cuatro Direcciones Administrativas: la 984 (Secretaría de Comunicación y Prensa), la 990 (Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación), la 977 (Secretaría de Turismo, hasta la creación del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos) y la 954, que reúne a la Gobernación, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, la Secretaría de Deportes y áreas como la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Imprenta y Boletín Oficial, el Garage Oficial, la Dirección de Subsidios, la Dirección de Automotores y la Dirección de Ceremonial.
El anexo de Personal, sin embargo, incorpora una quinta Dirección Administrativa, la 967 (Secretaría Legal y Técnica), y para el ejercicio 2023 una sexta, la 986 (Turismo y Cultura), que luego desaparece del padrón, como se detallará más abajo. Antes de entrar en cada punto, la Secretaría dedica un apartado a los “criterios generales de gestión” que dice haber aplicado desde diciembre de 2023.
Sostiene que impulsó “un proceso integral de transformación institucional orientado a construir un Estado más eficiente, austero, transparente y orientado a resultados”, que incluyó “racionalizar el gasto público, reducir la estructura política, revisar y regularizar modalidades precarias de contratación de personal, optimizar la utilización del parque automotor (...) eliminar los gastos reservados” y fortalecer “la responsabilidad fiscal”.
Ese apartado inicial no es un simple preámbulo protocolar: ocupa una porción sustancial de la respuesta y funciona como marco interpretativo obligado para todo lo que sigue. Antes de llegar al primer punto concreto, el lector ya fue advertido lo que la gestión considera haber racionalizado, reducido, regularizado, optimizado y eliminado. Son afirmaciones generales, sin cifras que las sustenten en ese mismo tramo, que se repiten luego de manera más acotada en cada uno de los seis capítulos.
La introducción fija el tono al señalar que “los datos presupuestarios, administrativos y de gestión adquieren su verdadero significado cuando son analizados junto con las políticas públicas que les dieron origen”, una fórmula que antecede, y en los hechos condiciona, la lectura de cada anexo. Es, en los hechos, una defensa de la gestión antes de exhibir los datos que deberían sustentarla. La estructura de la respuesta es, en sí misma, un dato.
Como se detalla a continuación, en algunos de los seis ejes los anexos respaldan el relato (el pago anticipado de deuda, la incorporación de contratados precarios a planta); en otros lo contradicen de manera directa (el salto del gasto real en 2025, la partida de la actividad aérea, los programas con crédito y ejecución cero, los viáticos).
Presupuesto y ejecución: la austeridad se sostiene en 2024 y se cae en 2025 En el punto referido a presupuesto, la respuesta advierte que entre 2023 y 2026 hubo modificaciones en la organización, las competencias y la estructura programática de las áreas de la Gobernación, con su correlato en cambios de programas, actividades y denominaciones presupuestarias.
Esa salvedad metodológica -que las comparaciones interanuales deben hacerse “teniendo en cuenta las modificaciones producidas en la organización del Poder Ejecutivo”- reaparece en distintos tramos del documento y funciona como un condicionamiento previo a cualquier lectura crítica de la serie: cada vez que una cifra podría resultar incómoda, el propio organismo advierte que no es del todo comparable con la de otros años.
El cuerpo de la respuesta no arriesga un solo número; todo queda librado al anexo “Presupuesto y Ejecución SGG”. Se procesaron los 75 PDF de crédito y ejecución por programa de ese anexo, más 12 de recursos, correspondientes a las Direcciones Administrativas 954 (Gobernación), 977 (Turismo) y 990 (Modernización), ejercicios 2023 a 2026 (este último con datos hasta el 16 de julio).
Sumando el gasto devengado de las tres jurisdicciones año por año: Es decir: en 2024 el gasto real de estas tres jurisdicciones cayó levemente, coherente con el discurso de austeridad que repite el texto de la SGG. Pero en 2025 el gasto creció cerca de un 29% por encima de la inflación -casi treinta puntos-, un dato que contradice o al menos matiza fuertemente el relato de austeridad sostenida que la respuesta oficial reivindica como eje de gestión.
El programa “Organización, Programación y Control de la Actividad Aérea Provincial” -los helicópteros oficiales, que dependen de la Policía de Entre Ríos- arrancó 2023 con crédito original de $0 y terminó ejecutando $66,3 millones. En 2024 su crédito actual llegó a $207,5 millones, un 359% por encima del crédito original con el que había arrancado el ejercicio. En 2025 (renombrado como PG 31) el crédito actual trepó a $479,7 millones, un 577% sobre el original, aunque solo llegó a ejecutar el 37% de ese monto.
La respuesta de la SGG dedica un capítulo entero a explicar la “optimización del parque automotor” y la reducción de vehículos oficiales, pero no menciona en ningún momento esta partida, que en tres años multiplicó por siete su crédito vigente respecto del presupuestado originalmente. En el otro extremo aparecen programas que no ejecutan lo que se les asigna.
“Mujeres que Construyen”, de capacitación laboral, tuvo crédito en 2023 ($496.000) y en 2024, pero registró 0% de ejecución en ambos ejercicios: nunca gastó un peso pese a figurar presupuestado. Algo similar, con más plata en juego, ocurre con el programa de Modernización “Coordinación e Implementación de Programas y Proyectos de Tecnologías”: ejecutó apenas 8,6% de su crédito en 2023 y 0% en 2024, pese a que ese crédito actual había crecido 1.565% sobre el original en 2023.
La jurisdicción que en su propia respuesta se presenta como motor de la “transformación digital” del Estado provincial es, al mismo tiempo, la que menos ejecuta lo que le asignan por esa vía específica.
Un dato de contexto: Gobernación, Turismo y Modernización se financian casi enteramente con transferencias del Tesoro provincial -el remanente de recursos propios es negativo en las tres jurisdicciones, todos los años-, lo cual es habitual en este tipo de reparticiones, pero conviene tenerlo presente al leer cualquier reivindicación de “eficiencia” en el uso de fondos.
561 convenios, casi todos de esta gestión, y ningún monto en el texto El punto más concreto de todo el cuerpo de la respuesta es el referido al Registro Único de Convenios de la Administración Pública Provincial. Según el informe, durante el período se registraron 561 instrumentos: 1 en 2023, 168 en 2024, 289 en 2025 y 103 en lo que va de 2026.
La distribución es elocuente por sí sola: si Frigerio asumió el 10 de diciembre de 2023, prácticamente la totalidad de los 561 convenios pertenece a su propia gestión, y el documento lo presenta como muestra de “articulación institucional” sin detenerse en esa lectura.
La nómina incluye convenios marco y específicos, acuerdos, actas, adendas, comodatos, contratos y donaciones, celebrados con gobiernos locales, organismos nacionales, universidades, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil, en materias que van de salud y educación a seguridad, infraestructura, producción, financiamiento y modernización.
Lo que el texto no dice en ningún momento es cuánto dinero está comprometido en esos 561 instrumentos: enumera materias y actores, pero no arriesga una cifra agregada de recursos transferidos u obras financiadas, con la única excepción del convenio con la CAF. Ese dato hubo que buscarlo en el anexo “Informe de convenios 2023-2024-2025-2026.xls”, cuyo conteo coincide exactamente con el que declara la SGG y del cual, con año, número de acta, denominación, partes y objeto de cada convenio, surgen varios datos de peso.
El acta 230 de 2025 registra un convenio de financiamiento entre la ANSES y la Provincia de Entre Ríos por el cual la Nación transferirá $48.000 millones en ocho cuotas de $6.000 millones cada una, entre noviembre de 2025 y junio de 2026, en concepto de “anticipo de capital” derivado de una auditoría del sistema previsional provincial realizada en 2025, en el marco del artículo 27 de la Ley nacional 27.230.
Es, por lejos, el convenio de mayor monto de toda la nómina, pero se trata de fondos con destino previsional específico -no de recur...