"Queremos que todos los años nos controlen", dijo Rossi: el TdC y la Justicia lo intentan, pero no responde | Análisis

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (en el centro), junto a su esposa la senadora Patricia Díaz y el asesor legal Carlos Guillermo Reggiardo. El intendente Domingo Daniel Rossi volvió a cargar contra ANALISIS por la discusión de la ley de Ética Pública y Ficha Limpia. Reclama declaraciones juradas anuales y más verificación para todos.

Pero su municipio acumula expedientes en el Tribunal de Cuentas por sobreprecios, gastos sin partida, deudas ocultas y requerimientos que nunca contestó, y la causa penal que lleva el fiscal Francisco Ramírez Montrull está frenada por una catarata de recusaciones de parte del asesor legal del municipio y del bloque de la senadora Patricia Díaz, el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, experto en postergar causas y no responder nunca lo que se le exige. El viernes 2 de octubre Santa Elena cumplía 155 años.

Había acto oficial, había festejos, y el intendente Domingo Daniel Rossi -también candidato a la gobernación- se hizo un rato para salir con algunos medios de Paraná. No habló demasiado del aniversario. Habló de ética pública, de transparencia y, otra vez, de ANALISIS.

El tema era el proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública que se discute en el Senado entrerriano y las diez modificaciones que presentó la senadora provincial Patricia Díaz de Rossi -su esposa- junto con su asesor y a la vez funcionario municipal, Carlos Guillermo Reggiardo, como aporte a esa norma y a Ficha Limpia. En la última reunión de la Comisión de asuntos constitucionales Reggiardo habló casi dos horas y media, ante la mirada cómplice de la escena de los legisladores oficialistas y también opositores.

Una semana antes había intentado hacer lo mismo, en el mismo escenario parlamentario y cada movimiento que hace lo registra en su blog La caldera, donde defenestra a quienes son críticos del intendente, ya sean dirigentes, jueces o periodistas, poniendo a todos en un nivel de igualdad que no es tal.

Rossi las enumeró una por una: declaración jurada anual en lugar de solo al ingreso y al egreso, acceso público al contenido patrimonial, restricciones posteriores al cese, regulación de obsequios, viajes y hospitalidad, inclusión de las criptomonedas en el patrimonio declarado. "Más transparencia, más declaración, más verificación, más publicidad", resumió.

Y entonces apuntó contra este medio: "Sino queda siempre la palabra de ANALISIS que la senadora Díaz o el intendente Rossi no quieren que haya ética pública; al contrario, queremos que todos los años nos controlen". Siguió. Pidió que "busquen a los ladrones, a los que se robaron un presupuesto, los contratos truchos, los subsidios truchos". Habló del "sistema mafioso instalado" en la provincia.

Prometió entrar "con la topadora a la corrupción" si llega a la Casa de Gobierno, pese a que hace casi 50 años que está como dirigente político, fue vicegobernador y varias veces intendente. Y para las causas que lo acompañan desde hace décadas ofreció su propia explicación: "Hace 35 años que persiguen. La gente me volvió a elegir, no le cree a la Justicia, por eso me votan".

En realidad, Rossi se persigue él mismo por la serie de irregularidades que comete y su turbio manejo de fondos públicos, por lo cual fue denunciado y condenado por enriquecimiento ilícito, en una causa donde, en pleno juicio oral, llegó a reconocer que se quedaba con "las gastos reservados" de la Vicegobernación, cuando estuvo en ese lugar, entre 1987/1991, para tratar de justificar sus cuentas en el exterior. El problema es que existe un organismo que sí controla al municipio de Santa Elena todos los años.

Se llama Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, no depende de ningún diario, no arma listas electorales y no distingue colores políticos, más allá de los cuestionamientos que pueda hacer Rossi a la actual conducción, que lidera el exdiputado provincial justicialista Diego Lara. Y lo que ese organismo encontró en la municipalidad -y lo que la comuna dejó sin contestar- dibuja exactamente lo contrario de lo que el intendente pregona por la radio. La primera evidencia no está en un expediente puntual sino en una conducta.

Desde 2011, Santa Elena incumple de manera crónica el plazo legal del 30 de abril para elevar su rendición anual de cuentas, tal como lo exige el artículo 112 de la Ley 10.027 de Régimen Municipal, o la presenta incompleta. Eso motivó reiterados oficios del Tribunal de Cuentas y la aplicación de multas. Los auditores tampoco pudieron corroborar que, en numerosos ejercicios, esas rendiciones se hubieran elevado al Concejo Deliberante, como manda la ley.

Dicho de otro modo: el intendente que reclama declaraciones juradas cada año gobierna una comuna que no entrega en término ni siquiera la rendición anual que la legislación ya le exige. Y esa reticencia no es un dato aislado. Atraviesa casi todos los expedientes que se tramitan en el organismo de control bajo el procedimiento de los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica 5796, el que se activa cuando se detecta un posible perjuicio fiscal.

La municipalidad no responde, deja vencer los plazos, deja prescribir las acciones. Y esa misma conducta, ahora, se repite ante la Justicia. El silencio ya tiene un capítulo penal. El fiscal Francisco Ramírez Montrull abrió de oficio una investigación contra Rossi a partir de una entrevista periodística en la que se advertía que la municipalidad no respondía las intimaciones del Tribunal de Cuentas.

Lo primero que hizo la Fiscalía fue pedirle al Tribunal de Cuentas el detalle de las irregularidades detectadas en Santa Elena. Así aparecieron la compra de la retroexcavadora, el hormigón con sobreprecio, el libre deuda otorgado a una firma privada sabiendo que la deuda seguía vigente y, antes de eso, el convenio tributario de la gestión anterior. Rápidamente se entendió que había demasiada ilegalidad en los papeles. Después vino el muro. Los pedidos de informes no tuvieron respuesta.

Cuando la Fiscalía libró una orden de presentación, el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, se negó a entregar documentación invocando sus derechos. Hubo allanamiento en el municipio y no se encontró nada porque ocultaron toda la documentación. Cuando volvieron a pedir formalmente los expedientes del Tribunal de Cuentas, la respuesta fue que no los tenían.

En algún momento, llegaron a sugerir que tal vez se los habían llevado “los propios investigadores” en el allanamiento, como parte del absurdo y la falta de respeto a las instituciones. La historia de esos expedientes merece un párrafo propio. El Tribunal de Cuentas los había remitido a la Fiscalía de Estado, que planteó que los municipios son autónomos y que las actuaciones debían ir a la comuna. Para colmo, lo que se envió a la Municipalidad de Santa Elena no fueron copias sino los originales. Los recibió Rossi.

Nunca más aparecieron. En el Ministerio Público Fiscal ya se entiende que se estaría consumando el delito de destrucción u ocultamiento de prueba. Por ende, quizás en próximos días se cite a Rossi a indagatoria por haber designado como contador municipal a una persona que no es contador, en abierta violación de la ley de municipios, y por la desaparición de los expedientes del Tribunal de Cuentas.

También se evalúa imputar a integrantes del Concejo Deliberante, que ante cada requerimiento responden que no sabe nada de lo que ocurre en el Ejecutivo. Pero la causa no camina. Desde el primer pedido, la defensa respondió con recusaciones. Cada vocal que intervino para resolverlas fue a su vez recusado: pasaron por el expediente entre diez y doce, y desde diciembre la Fiscalía no logra avanzar con la imputación.

El abogado de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, el mismo asesor de la senadora Díaz que firmó con ella las diez propuestas de ética pública que el intendente defendió en la radio, es quien desvía cada planteo de la justicia o del Tribunal de Cuentas. Reggiardo estuvo suspendido por varios meses por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, pero Rossi mantuvo su designación en la comuna. El informe más reciente es de agosto de 2026 y tiene que ver con el Parque Industrial de Santa Elena.

Entre 2023 y 2024 el municipio recibió un Aporte No Reintegrable de la Nación de casi 170 millones de pesos para seis obras de infraestructura intramuros. El dinero se colocó en plazos fijos para que generara intereses frente a la inflación. Un primer informe, de septiembre de 2024, ya había encendido las alarmas.

Las tres primeras obras -limpieza, cerco y calles- se habían consumido casi el 60 por ciento de los recursos, con licitaciones fallidas, incrementos presupuestarios del 227 por ciento y órdenes de pago sin la firma del contador municipal. Las tres obras centrales, las que le dan sentido a un parque industrial -agua, red eléctrica y servicios comunes-, no se habían ejecutado.

Dos años después, la municipalidad intentó mostrar que había regularizado la recepción de las obras 1, 2 y 3, con el argumento de que la Nación la había autorizado a reorientar el plan y reinvertir los intereses. El Tribunal de Cuentas no compró la explicación: confirmó que subsisten infracciones normativas y presupuestarias graves, y las atribuyó directamente al Departamento Ejecutivo. La lista es elocuente.

Rossi firmó el convenio con el Ministerio de Economía de la Nación sin someterlo a la ratificación del Concejo Deliberante, eludiendo el control del cuerpo legislativo local. Mediante el Decreto 372/2024 ordenó a la Contaduría imputar gastos del ejercicio 2024 a partidas de un presupuesto ya vencido y cerrado, el de 2023, en violación del artículo 152 de la Ley 10.027. Pagó honorarios por la reformulación de los proyectos a dos ingenieros y un contador que no tenían matrícula activa en sus respectivos colegios.

Y cuando algunos oferentes desistieron de las licitaciones, en lugar de ejecutar las garantías e ingresarlas a Rentas Generales, se aplicaron compensaciones informales mediante pagos a cuenta sin respaldo contable.

Mientras tanto, en los portales oficiales el parque figura como inaugurado, tras un acto oficial del que participaron el gobernador Rogelio Frigerio y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, que pasaron a ser aliados políticos de Rossi hace ya un buen tiempo, pese a que han venido pregonando transparencia desde la campaña proselitista de 2023.

Las obras de agua, red eléctrica y servicios comunes -las número 4, 5 y 6- no tienen actas de recepción definitiva ni la aprobación de la rendición final por parte de la Nación. Hay, además, una denuncia más grave: un testigo entrevistado por la Fiscalía declaró que los fondos del parque habrían sido depositados en una cuenta particular. Los investigadores rastrean las rendiciones mientras el Tribunal de Cuentas termina de cerrar las suyas.

El informe de auditoría de 2025 bajó al subsuelo de la administración municipal y encontró que el control interno, sencillamente, no existe. Los cargos de contador y tesorero municipal carecen desde 2011 del acuerdo del Concejo Deliberante que exigen los artículos 95 y 136 de la Ley 10.027. Ninguno de los dos funcionarios tiene constituida la fianza legal obligatoria. Y hay algo más: el área de Contaduría está en manos de un auxiliar que no posee título profesional habilitante.

Quien cumple el rol de contador municipal no es contador. Para los auditores no se trata de un formalismo pendiente sino de una "gravedad institucional insubsanable". Sin acuerdo del Concejo, además, la estabilidad de quien ocupa la Contaduría queda a merced del intendente, lo que debilita su capacidad de observar gastos u oponerse a actos ilegales del Ejecutivo, como le ordena el artículo 157 de la ley. Desde 2011 tampoco se practican arqueos sorpresivos sobre la Tesorería.

No hay arqueos sobre las cajas recaudadoras periféricas que operan fuera de ella, no se hacen conciliaciones bancarias ni controles patrimoniales sobre otras dependencias. Con ese andamiaje, lo que siguió no sorprende. A través de verificaciones cruzadas con terceros, la auditoría...