El Gobierno de Entre Ríos reglamentó la Ley Nº 11.302 de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional y definió, entre otros puntos, cómo se aplicará el Aporte Personal Extraordinario del 3% para los trabajadores estatales alcanzados por la medida. La reglamentación fue dispuesta mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros Manuel Troncoso, de Gobierno y Trabajo, y Fabián Boleas, de Economía y Servicios Públicos.
La norma fue publicada este viernes 28 de agosto en el Boletín Oficial. El Ejecutivo aclaró en los fundamentos que buena parte de las disposiciones contenidas en los tres títulos de la ley eran “autosuficientes y plenamente operativas”, por lo que solamente se reglamentaron aquellos aspectos que requerían precisiones operativas, administrativas o procedimentales. Uno de los principales puntos reglamentados fue el artículo 4º, referido al Aporte Personal Extraordinario.
Según se estableció, el adicional del 3% se sumará a los aportes existentes del régimen previsional y se aplicará proporcionalmente sobre los haberes del personal activo alcanzado. La reglamentación precisó que el cálculo corresponderá al mes de entrada en vigencia de la ley y se realizará desde la fecha en que esta comenzó a regir. De acuerdo con los fundamentos del decreto, el universo alcanzado por este aporte extraordinario representa alrededor del 5% de los agentes estatales.
La reglamentación también determinó cómo se calculará el aporte para los agentes que desempeñen simultáneamente dos o más cargos, funciones o contratos dentro del Estado provincial. En esos casos, se sumará la totalidad de las remuneraciones brutas devengadas durante el mismo mes, siempre que estén sujetas a aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
La disposición comprenderá cargos dentro de organismos centralizados, descentralizados, autárquicos y autónomos, el Consejo General de Educación (CGE), además de empresas y sociedades pertenecientes al Estado provincial.
Sin embargo, quedaron fuera de esa acumulación las remuneraciones correspondientes a determinados regímenes especiales previstos por las leyes 5.654 y 5.797, así como las abonadas por municipios y comunas adheridos al sistema previsional provincial y establecimientos educativos privados incorporados o adscriptos a la enseñanza oficial. Otro aspecto establecido fue el tratamiento de los pagos retroactivos.
Los haberes correspondientes a períodos anteriores deberán imputarse al mes en el cual fueron devengados y no afectarán el cálculo correspondiente al momento efectivo de su pago. Si posteriormente se detectaran diferencias provocadas por altas, bajas o modificaciones en la situación de revista de un trabajador, estas deberán ajustarse en las liquidaciones siguientes.
El Ministerio de Economía y Servicios Públicos quedó facultado para dictar las normas interpretativas y operativas necesarias para instrumentar correctamente el aporte extraordinario. El decreto estableció además un procedimiento específico para aquellos trabajadores que consideren que el aporte extraordinario fue liquidado incorrectamente.
En el caso del personal docente y de los agentes dependientes del Consejo General de Educación continuará utilizándose el mecanismo denominado “Reclamo por error en liquidaciones” (RELI), instrumentado mediante la Resolución Nº 3221/2024 del CGE. Para el resto del personal alcanzado, el reclamo podrá presentarse desde la publicación del recibo de sueldo y hasta 30 días corridos después del cobro de los haberes, de acuerdo con el cronograma oficial.
El planteo deberá realizarse por escrito ante el superior jerárquico, quien tendrá que remitirlo directamente al Servicio Administrativo Contable correspondiente. El área administrativa tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción del planteo para brindar una respuesta concreta. El decreto estableció que ese período no podrá prorrogarse. Si la liquidación hubiera sido realizada correctamente, el organismo deberá ratificarla y explicar los motivos.
En cambio, si se comprueba un error, deberá corregirlo e informar el período en el que se efectuará la modificación y una fecha estimada de pago. Ante el rechazo del planteo o la falta de respuesta, el trabajador tendrá la posibilidad de interponer un Recurso de Apelación Jerárquica de acuerdo con la Ley Provincial Nº 7.060. La reglamentación también avanzó sobre el mecanismo para identificar la situación financiera de los empleadores incorporados al régimen previsional entrerriano.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones deberá remitir al Ministerio de Economía un detalle de los empleadores adheridos que presenten una situación deficitaria o superavitaria. La primera comunicación deberá efectuarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Cuando se produzca una modificación en esa condición, la Caja contará nuevamente con cinco días hábiles para informarla al Ministerio.
Otro de los artículos reglamentados fue el 13º, relacionado con las subvenciones utilizadas para pagar salarios docentes en establecimientos educativos privados incorporados o adscriptos a la enseñanza oficial. Antes de hacer efectiva la subvención, la Dirección General de Administración del CGE deberá retener los importes correspondientes a los aportes personales y las contribuciones patronales. Ese dinero será transferido directamente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Una vez realizadas las rendiciones de los establecimientos, ambos organismos deberán efectuar los ajustes contables necesarios. Las diferencias podrán adicionarse o reintegrarse mediante futuras subvenciones. Finalmente, el Gobierno reglamentó el artículo 25º de la Ley 11.302, relacionado con las evaluaciones de invalidez y los porcentajes de incapacidad laboral. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos será la encargada de establecer el procedimiento que deberá aplicarse para determinar esas condiciones.
Con la publicación del decreto, el Ejecutivo ordenó a los organismos alcanzados adoptar las medidas necesarias para implementar los aspectos reglamentados de la reforma previsional dentro de sus respectivas competencias.
