Imagen de archivo de Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mónica Mizawak y Daniel Carubia.
Los vocales de la Sala Penal formularon una convocatoria dirigida a los abogados matriculados de la provincia. Su objeto es cubrir dos cargos de camaristas penales en Paraná, en virtud de la jubilaciones de Alejandro Grippo y Mauricio Mayer (este último nunca llegó a titularizar como camarista, pero la lentitud del sistema de concursos hizo que se desempeñara como tal durante muchos años).
La convocatoria llama la atención ya que el procedimiento más común para cubrir vacantes es el nombramiento de aquellos que quedaron en la lista de los últimos concursos del Consejo de la Magistratura sin llegar a titularizar.
Ese fue el mecanismo por el cual, hace apenas unas semanas, fue designado el fiscal auxiliar Jorge Sueldo como juez de Garantías: había quedado en las puertas de titularizar como juez en el último concurso. Lo será ahora interinamente hasta que un nuevo concurso defina quién será el juez de garantías que ocupe ese lugar.
Pero para cubrir los cargos vacantes de camaristas penales, pese a que se da la misma situación (hay nombres en la lista elaborada por el Consejo de la magistratura de la provincia como resultado del procedimiento del último concurso para ese cargo). Sin embargo, estas personas no han sido convocadas.
En su lugar se insta a los abogados en ejercicio de la profesión a que se postulen frente a la Sala Penal del STJ para ser “elegidos” por las vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio, para ejercer la función de juzgar en juicios penales.
La convocatoria no ha sido acompañada de información sobre qué criterios objetivos tendrán en cuenta para esa selección. Tal vez, simplemente, no habrá criterios objetivos.
El llamado, ciertamente, ha generado tensiones en el ambiente tribunalicio en semanas recientes, según pudo determinar ANÁLISIS. El interés particular viene dado porque estos vocales serán, muy probablemente quienes, el año próximo, deberán realizar el segundo juicio de corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri, actualmente cumpliendo pena de prisión efectiva en la cárcel de Gualeguaychú.
Allí se fusionarán la causa por enriquecimiento ilícito y las coimas del empresario Diego Armando Cardona Herreros, su amigo y testaferro.
El trámite de estas dos causas, que como en el caso de Hotesur y los Sauces terminarán juzgadas en un único juicio, ha tenido tantas apelaciones, que casi todos los vocales de la Cámara Penal de Paraná están inhibidos de intervenir en ese debate oral. Esto explica que la convocatoria a auto postulantes para esta función haya generado tantas suspicacias.
Que la publicación del llamamiento haya sido realizada por Carubia y Mizawak aprovechando una ausencia provisoria de Miguel Giorgio, sumó una nota adicional a los cuestionamientos que se multiplicaron en los pasillos de Tribunales. La semana que pasó los vocales del Tribunal de juicio de Parana, decidieron tomar la iniciativa de proponer el nombramiento de quienes integran la lista del último concurso. El descontento se percibía en el ambiente.
Sospechan que las futuras designaciones podrían estar dirigidas hacia abogados vinculados a los dos vocales, bajo el interés de aumentar su poder sobre las causas más resonantes de la provincia.
La posición de Giorgio, cada vez más distanciado con sus colegas de Sala, sería la de designar a los ya concursados. Si no hay acuerdo entre los vocales de la Sala Penal, la cuestión quedará en manos del pleno del STJ. Al parecer, en una provincia en donde la designación de jueces está en manos de un organismo técnico, desde hace más de 20 años, el juzgamiento de un exgobernador podría realizarse, sin embargo, al mejor postor.
Un operativo de la Policía Federal Argentina desarticuló una presunta maniobra de fraude tributario vinculada con operaciones de compraventa de granos. La investigación se originó a partir de una denuncia de ARCA-DGI y apunta a 59 contribuyentes sospechados de participar en un esquema de retenciones ficticias y reintegros indebidos del IVA.
