Este lunes se reanuda la audiencia para definir si se eleva a juicio oral la causa por enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Urribarri.
El proceso judicial en el que se debate la elevación a juicio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, tiene fijada su continuidad para este lunes 19 de octubre a las 9, según supo UNO. La audiencia de apertura de causa a juicio fue establecida por el juez de Garantías Mariano Budasoff y se llevará a cabo en el Salón de Audiencias N° 1 de los Tribunales de Paraná.
Esta tramitación, solicitada por la Fiscalía en noviembre de 2023, tuvo un extenso recorrido durante la primera mitad del año. Las audiencias de remisión de la causa a juicio comenzaron formalmente los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo de 2026. Posteriormente, el debate tuvo continuidad durante el mes de abril con jornadas desarrolladas los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30.
Este lunes 19 de octubre, el expediente retoma su curso para definir la remisión a la instancia de debate oral y público.
En la jornada programada ante el juez Mariano Budasoff intervendrán los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores de los imputados. Por la parte acusadora estarán presentes los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Monstrull. Por su parte, la defensa técnica del exgobernador Sergio Urribarri estará encabezada por el abogado Miguel Ángel Cullen, mientras que la representación del empresario Diego Armando Cardona Herreros estará a cargo de los letrados José Velázquez y Esteban Díaz.
La solicitud de remisión a juicio formulada por el Ministerio Público Fiscal incluye pedidos concretos de pena para los procesados. En el escrito de remisión de la causa a juicio, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron para el exgobernador una pena de 5 años y 6 meses de cárcel de cumplimiento efectivo por el delito de enriquecimiento ilícito.
En relación al empresario Cardona Herreros, titular de la firma Relevamiento Catastrales SA —contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo—, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.
En tanto, para Rubén Ángel Martínez, señalado como partícipe en un rol menor, la Fiscalía había contemplado inicialmente una solicitud de 3 años de prisión condicional. Sin embargo, el juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) por un plazo de 3 años que benefició a Martínez.
Urribarri y el empresario Cardona Herreros.
El eje de la acusación contra el dos veces titular del Poder Ejecutivo entrerriano radica en la imposibilidad de justificar su incremento patrimonial. A Urribarri se le reprocha no haber podido fundamentar el origen de un aumento patrimonial de 7 millones de dólares. De estas maniobras habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros mediante contrataciones estatales, y también Martínez en un rol menor.
Asimismo, los acusadores públicos recabaron información patrimonial y financiera no solo del exmandatario, sino también de su esposa, Ana Lía Liliana Aguilera, y de sus hijos: Sergio Damián Urribarri (empleado legislativo), Mauro Gabriel Urribarri (exministro de Gobierno de Bordet), Bruno Saúl Urribarri (futbolista) y Franco Daniel Urribarri (productor televisivo), entre otros.
La causa por enriquecimiento ilícito se inició en diciembre de 2015 a raíz de una denuncia presentada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, tras una investigación periodística de la revista “Análisis” sobre el patrimonio familiar. En noviembre de 2023, la Fiscalía pidió formalmente la remisión de la causa a juicio oral.
Actualmente, Sergio Urribarri se encuentra en la cárcel de Gualeguaychú, donde fue alojado en septiembre para cumplir la condena a 8 años de prisión dictada en el marco del megajuicio de 2022. En el mismo penal están alojados su cuñado Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, exministro de Comunicación. Además, Urribarri tiene un pedido de remisión a juicio en la causa por coimas con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
