Secretario de Justicia, Julián Maneiro: “Confiamos que el proyecto de Ley de Ética Pública va a salir” | Análisis

Maneiro reconoció que para el Ejecutivo provincial la Ley de Enganche “es un paso adelante y reconoce que eso no debe modificarse” y que así se lo hicieron saber a la Asociación de Magistrados. La entrevista con Julián Maneiro tuvo como eje la política judicial entrerriana, la transparencia en el Estado y los mecanismos institucionales destinados a prevenir y sancionar hechos de corrupción.

En diálogo con Daniel Enz en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el secretario de Justicia también abordó la discusión por la ley de Transparencia y Ética Pública, el proyecto de Ficha Limpia, el funcionamiento de los organismos de control y la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. Uno de los principales puntos de la conversación fue el tratamiento legislativo de la nueva normativa de transparencia.

Maneiro defendió la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y explicó que se trataba de una legislación amplia, que además de Ficha Limpia incorporaba un código de ética, declaraciones juradas, incompatibilidades, régimen de obsequios y una oficina de control.

Afirmó que desde el Ejecutivo estaban “convencidos de que lo que tiene que ver con Ficha Limpia queremos que salga con el doble conforme”, de modo que una condena confirmada en segunda instancia pudiera impedir, a los fines de esa ley, el acceso a candidaturas y cargos públicos. La discusión sobre la corrupción llevó también al funcionario a referirse a las condenas de exfuncionarios y a los controles sobre el uso de los recursos públicos.

Ante las denuncias sobre personas procesadas o condenadas que continuaban percibiendo haberes, sostuvo: “Cualquier persona que tiene o cualquier funcionario o empleado público que tiene una condena, automáticamente se hace un sumario expeditivo, se constata esa situación y tiene que quedar exonerado automáticamente”. Algo que no ocurre en el caso de Juan Pablo Aguilera que sigue cobrando su sueldo en el Senado y que ronda los 5.000.000 de pesos por mes, pese a que no va a trabajar desde septiembre de 2018.

Y Alejandro Almada, que está preso también imputado en la causa contratos truchos y está en la UP 1, también sigue cobrando en la Cámara de Diputados y cobra 3.800.000 pesos por mes. Maneiro también analizó en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) las conclusiones de su investigación doctoral sobre calidad democrática en los municipios argentinos.

Explicó que el estudio comparaba distintos indicadores de competencia electoral, participación y rendición de cuentas y advirtió que la permanencia prolongada de un mismo partido podía afectar la alternancia, aun cuando los procesos electorales se desarrollaran dentro de la legalidad.

Sobre las causas por corrupción impulsadas desde el actual gobierno, reconoció que algunas investigaciones podían avanzar con mayor rapidez, aunque señaló las dificultades derivadas de la magnitud de determinados expedientes y de los escasos recursos disponibles que cuenta el Ministerio Público Fiscal.

Frente a los antecedentes de corrupción en la provincia, sostuvo que “todo hace a un llamado de atención” y remarcó que quienes ejercían funciones públicas debían ser “doblemente cuidadosos en el manejo de los dineros públicos”. Para Maneiro, la rendición de cuentas no debía limitarse a una cuestión numérica, sino implicar explicar “qué se hace, de qué se gestiona y de cómo se hace”. Finalmente, la entrevista abordó la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial después de la reforma previsional.

Maneiro reconoció que existían tensiones, pero defendió el diálogo institucional como herramienta para procesarlas y sostuvo que todos los sectores vinculados al sistema jubilatorio debían realizar aportes para garantizar su sustentabilidad. Y aseveró que el gobernador no está en contra de la ley de enganche que favorece a los judiciales entrerrianos. - Está por presentar su libro “Lo bueno viene en envase chico. Municipios y Calidad de la Democracia en Argentina” de la Editorial de la UADER.

-Sí, hice un primero sobre la Constitución de Entre Ríos hace muchos años. Pero, bueno, este es mi primero, si se quiere. Lo presentamos el jueves 24, en la UADER, en el Rectorado, porque la editorial de la UADER lo editó. Es mi tesis de doctorado que hice en la UNER. Es un estudio sobre la idea de trabajo de hipótesis de que los municipios, las localidades que tienen menor cantidad de habitantes y una mejor integración social, la democracia funciona mejor. Un análisis sobre 30 municipios de Argentina.

-Hace aproximadamente 3 meses estuvo acá el gobernador Rogelio Frigerio y anunció que la ley de Transparencia y Ética Pública sería ley en un mes, nos dijo. Pasó el tiempo. Hace 2 meses que venimos viendo una especie de show legislativo bastante triste de cómo se manosea una ley emblema del gobierno. Y hoy pasó de nuevo a comisión en el Senado. Acotamos que llamamos a tres senadores del peronismo entrerriano para que vinieran a hablar a nuestro programa. Todos nos dijeron que no.

Los tres senadores, incluido el presidente del bloque, dijeron “no vamos a hablar”. Entendemos que ustedes -como Secretaría de Justicia- no están ajenos a todo esto, en el sentido de empujar para que se sancione. Tienen media sanción en Diputado. ¿Qué panorama tienen ustedes? ¿Por qué se sigue dando tanta vuelta y por qué el peronismo en el Senado da tanta vueltas? -Nosotros, en realidad… el gobierno es respetuoso de los tiempos de la Legislatura, de las comisiones, de los trabajos.

Nosotros confiamos que este proyecto va a salir. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo, del gobernador Frigerio. Participé en su redacción en su momento desde la Secretaría de Asuntos Políticos y confiemos en que va a salir. Creo que la intención es ir mejorando. Es una ley compleja. No es solamente lo de Ficha Limpia o transparencia, tiene también el código de ética, tiene el régimen de declaraciones juradas.

Tiene las incompatibilidades, el régimen de obsequio, tiene la creación de la oficina que debe controlar esto, también el sistema o régimen de sumario interno de toda la administración que va a aplicar esto… lo cual tiene cierta complejidad y me parece que se debata y se analice. Sí nosotros estamos confiados y queremos que salga y es una decisión política de que en eso se avance.

Y en particular, les digo que estamos convencidos de que lo que tiene que ver con Ficha Limpia queremos que salga con el doble conforme, que es la iniciativa inicial del gobernador, que es básicamente que se interprete que sentencia firme es cuando una persona -a los fines de esta ley, solamente a los fines de esta ley-, cuando una persona tiene una condena en primera instancia y es ratificada en segunda instancia, quede inhabilitada no solo para ser candidato, sino también para ser funcionario de cualquier organismo.

-Eso a su entender sigue siendo un punto que provoca el cortocircuito en el peronismo o en sectores aliados del peronismo. Hay varios dirigentes que están hoy por hoy con doble condena. -No sé si es el punto de conflicto. Creo que hay distintas interpretaciones. De hecho, personalmente hablé con varios operadores judiciales que en la interpretación de lo que se entiende por sentencia firme.

Nosotros tomamos el modelo de la provincia de Santa Fe… Santa Fe tiene una redacción similar en este sentido, en una ley vigente. No inventamos nada. Así que creemos que es viable y que respeta los derechos fundamentales que están establecidos en los tratados internacionales que tienen rango constitucional, que es que cualquier persona tiene derecho a una revisión en caso de condena. En ese aspecto creemos que tendría que salir y tiene que avanzar en ese sentido. Esa es la decisión nuestra.

-Le trasladamos a usted para que a su vez se lo traslade a las respectivas Cámaras, más allá del respeto que usted dice que tiene el Poder Ejecutivo. Pero, hoy por hoy, Juan Pablo Aguilera sigue cobrando su sueldo en el Senado. No va a trabajar desde septiembre del 2018. Cobra un sueldo de 5.000.000 de pesos por mes. Y Alejandro Almada, que está preso también imputado en la causa contratos truchos y está en la UP 1, también sigue cobrando en la Cámara de Diputados.

Él dijo que trabajaba por Internet, desde Misiones y cobra 3.800.000 pesos por mes de bolsillo. Y es algo realmente sorprendente. -Cualquier persona que tiene o cualquier funcionario o empleado público que tiene una condena, automáticamente se hace un sumario expeditivo, se constata esa situación y tiene que quedar exonerado automáticamente. Eso es así. No hay otra. -Almada no tiene condena, está imputado en la causa Contratos, pero no trabaja desde septiembre de 2018.

El Estado debería estar mirando un poco más firme. Insistimos, usted podrá decir que es una cuestión del bloque… -Y del Poder Legislativo -Pero, de todas maneras, deberían hablarse. -Sí. - ¿Qué encontró respecto de las ciudades entrerrianas durante la investigación para su libro? ¿Con qué calidad democrática se encontró? O si le preguntamos por 5 municipios que le preocuparon. ¿Lo dice o no? -En este trabajo se hace un estudio comparativo de ese universo. No de todos los municipios.

Y de ahí surge que hay algunos que funcionan mejor que otros en términos institucionales. Se mide competencia o mido trabajo-competencia, la democracia entendida como competencia electoral, participación y también rendición de cuentas o transparencia.

Y claramente hay municipios que tienen en algunos indicadores cuestiones preocupantes, por ejemplo, situaciones donde el mismo partido se sostiene durante más de 4-5 periodos en el gobierno, lo cual atenta en cierta forma contra la idea de la democracia que tiene que ver con la alternancia. - ¿Puede nombrarlos? -Prefiero no nombrarlos. Pero hay algunos que no son de Entre Ríos. -Pero, en Entre Ríos hay también situaciones irregulares… -No son irregulares.

Pero, sí llaman la atención porque las elecciones se realizan y se sostienen legalmente, no hay ningún problema. Cerrito, por ejemplo, es una localidad que tiene muy buenos índices de transparencia, de rendición de cuentas, pero desde casi el inicio de la democracia, el mismo partido gobierna la municipalidad y en ese aspecto cae un poco en su nivel de institucionalidad. -El Municipio de Santa Elena no tiene contador público y eso es una irregularidad, porque está establecido por ley.

-Exacto, esas son otras cuestiones que hay que considerar. No es lo que yo trabajo, pero claramente los organismos de control deben reforzarse y el contador es un organismo de control interno sustancial. -Como secretario de Justicia va siguiendo las denuncias por delitos de corrupción que se presentaron desde el gobierno en este dos años y medio, más allá del rol de la Fiscalía de Estado. -El gobierno ha presentado algunas denuncias. Nosotros estamos esperando que haya respuestas y apertura de esas investigaciones.

En algunos casos, creemos que podrían avanzar más rápido. Pero, también respetamos lo que la Procuración o los distintos fiscales van haciendo en su trabajo. Hay que entender también que hay muchas causas que van llevando -lo veo yo- que son muy pesadas, muy densas, que requieren y los recursos son limitados. Y muchas investigaciones son, la verdad, de mucha magnitud. Pero, sí, llevamos un seguimiento. Estamos atentos a que eso prospere y esperamos que así suceda.

-Hay un exgobernador condenado por delitos de corrupción. La pregunta es cómo cae en un gobierno, en un Estado opositor a ese gobernante situaciones así. Si son llamados de alerta. Si permiten que se apueste más a capacitar a la gente para que no se llegue a una instancia parecida. ¿Cuántos años sé que está ligado al Estado en diferentes instancias? -Fui diputado los cuatro años anteriores y llevo lo que llevamos de mandato como Secretario de Estado. Bueno, usted sabe que por allí hay situaciones de robos hormigas.

Manejos turbios que le buscan la vuelta para ver cómo se esquivan la legalidad. ¿Cuánto entiende que (lo de Urribarri) hace un llamado de atención? -Por supuesto, todo hace...