Claves
- La FAA actualiza un debate profundo para el desarrollo agrario: quién controla, cómo se remunera y quién puede acceder a la tecnología incorporada a las semillas.
- La discusión, para la FAA, no puede reducirse a una disputa entre productores y empresas innovadoras.
- El límite: UPOV 1978 La posición institucional presentada ante el Congreso es explícita.
La FAA actualiza un debate profundo para el desarrollo agrario: quién controla, cómo se remunera y quién puede acceder a la tecnología incorporada a las semillas. En el marco de su 112° Congreso Anual Ordinario, que se desarrolla en Rosario, la Federación Agraria Argentina (FAA) puso sobre la mesa uno de los debates de mayor trascendencia para el futuro de la producción agropecuaria: quién controla, cómo se remunera y quién puede acceder a la tecnología incorporada a las semillas.
El documento fue elaborado por el equipo que lideró el propio presidente de la FAA, Andrea Sarnari, y está integrado por: Héctor Ricardo Lago, Gustavo Repetto, Ricardo Avonto, Ana Ramírez, Rodrigo Nider y Manuel Lucero -estos dos últimos en carácter de miembros informantes- propone una actualización de la legislación vigente, pero establece con claridad el límite institucional que la entidad no está dispuesta a atravesar: mantener a la Argentina dentro del régimen del Acta UPOV 1978 (Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y rechazar una eventual adhesión al Acta UPOV 1991.
La discusión, para la FAA, no puede reducirse a una disputa entre productores y empresas innovadoras. La semilla aparece definida como el primer eslabón de la cadena productiva y, simultáneamente, como un insumo estratégico en el que confluyen mejoramiento vegetal, investigación científica, biotecnología y un patrimonio genético acumulado durante generaciones.
El planteo parte de una premisa que atraviesa todo el documento: “Argentina necesita innovación y biotecnología, pero esa innovación debe ser compatible con la permanencia de una estructura productiva en la que tengan lugar los pequeños y medianos productores”. El límite: UPOV 1978 La posición institucional presentada ante el Congreso es explícita.
La Federación Agraria sostiene como principio “innegociable” la plena vigencia del Acta UPOV 1978 y rechaza cualquier modificación normativa que implique la adhesión argentina al Acta UPOV 1991. Desde esa perspectiva, la organización no plantea conservar sin cambios la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Por el contrario, propone modernizarla, pero sin abandonar el marco jurídico que actualmente considera compatible con los derechos de los productores.
La actualización debería -según el documento al que accedió ANÁLISIS-, reconocer adecuadamente la inversión en investigación y mejoramiento vegetal, proteger la propiedad intelectual y, al mismo tiempo, preservar los derechos de quienes producen. En ese punto aparece uno de los conceptos centrales del despacho: “la reforma debe ser equilibrada y de orden público”.
Es decir, las garantías que la legislación reconoce al productor no deberían poder ser modificadas, restringidas o eliminadas mediante contratos privados. La FAA también plantea una separación tajante respecto del régimen de patentes.
Sostiene que la propiedad intelectual vinculada a las semillas debe regirse exclusivamente por la legislación específica de semillas y rechaza cualquier avance hacia el patentamiento de organismos vegetales, incluso cuando se intente instrumentarlo mediante resoluciones u otras herramientas administrativas. El uso propio, en el centro del debate Si existe un punto particularmente sensible para la organización federada es el denominado “uso propio”.
Esto es: la posibilidad de que quien adquirió legalmente una semilla reserve una parte de su cosecha para volver a utilizarla dentro de su propia explotación. El documento reclama que ese derecho sea reconocido y protegido de manera efectiva. No se trata -aclara la propuesta-, de desconocer el valor económico de la innovación. La FAA reconoce expresamente la necesidad de remunerar la investigación, el mejoramiento vegetal y la incorporación de biotecnología.
Lo que cuestiona es que los mecanismos de cobro puedan terminar convirtiendo el acceso a la tecnología en una obligación económica indefinida o imprevisible. Por eso, propone que cualquier regulación económica del uso propio tenga “límites claros, razonables y previamente conocidos”. Y establece además una diferenciación que considera indispensable: los pequeños y medianos productores deben recibir un tratamiento específico. La razón es productiva y económica.
Para la entidad, quienes producen a menor escala enfrentan mayores dificultades para acceder a tierra, al financiamiento y a la tecnología. Una regulación uniforme que ignore esas diferencias podría, según el planteo, profundizar la concentración productiva. Saber cuánto cuesta la tecnología Uno de los reclamos más concretos del documento está vinculado con la previsibilidad. La FAA acepta que una semilla tecnológicamente mejorada tenga un valor asociado a la inversión que permitió desarrollarla.
Pero, plantea que el productor debe conocer, “al momento de comprarla”, cuáles serán las obligaciones económicas relacionadas con la tecnología incorporada y sus eventuales usos posteriores. El rechazo apunta particularmente a mecanismos que permitan fijar unilateralmente precios después de la adquisición, así como a sistemas de cobro “indefinidos, superpuestos, sucesivos o imprevisibles”.
En el caso del uso propio, la entidad propone que cualquier obligación económica tenga límites temporales razonables y sea conocida previamente. También fija una definición concreta: “rechaza que el cobro por uso propio se determine como un porcentaje de la producción”. En su lugar, sostiene que el precio debe ser cierto o, al menos, determinable, pero no quedar atado a la productividad obtenida por el productor.
Detrás de esta discusión aparece una preocupación mayor: que la incorporación de tecnología no transforme los costos tecnológicos en una variable imposible de anticipar para quien debe planificar una campaña agrícola. Los contratos no deberían estar por encima de la ley Otro de los ejes del despacho es la relación entre legislación y contratos privados. La FAA sostiene que determinados derechos esenciales del productor deben ser irrenunciables.
Entre ellos ubica el uso propio, el tratamiento diferenciado para pequeños y medianos productores y la transparencia y previsibilidad de las obligaciones económicas. La organización federada plantea, en consecuencia, que esas disposiciones tengan carácter de orden público. El argumento es que la libertad contractual no debería convertirse en una vía para imponer obligaciones que no estén previstas legalmente ni para restringir derechos reconocidos por la legislación.
Así, el documento busca que la futura discusión no quede limitada a determinar qué dice una ley, sino también a establecer hasta dónde pueden llegar los acuerdos privados celebrados entre productores y quienes desarrollan o comercializan tecnologías. Un INASE con capacidad de controlar La propuesta también coloca al Estado en un lugar relevante. La FAA reclama un Instituto Nacional de Semillas (INASE) fuerte, profesionalizado, especializado y con recursos suficientes para cumplir sus funciones.
Para los agrarios federados, el INASE debería continuar siendo la autoridad encargada de aplicar y fiscalizar el régimen de semillas, con intervención de la Comisión Nacional de Semillas y participación de las entidades representativas de los productores.
Pero, esa participación estatal -según el documento al que accedió ANÁLISIS-, tiene también un límite: las facultades reglamentarias no deberían utilizarse para crear restricciones, cargas o requisitos que modifiquen sustancialmente aquello que establezca el Congreso. La posición combina, de ese modo, dos reclamos que pueden parecer contrapuestos pero que la entidad presenta como complementarios: “más capacidad efectiva de regulación y fiscalización, y mayores límites a la discrecionalidad reglamentaria”.
Por otro lado, el documento realiza además una distinción que considera fundamental. Defender el uso propio no significa aceptar la comercialización ilegal de semillas. La entidad reclama combatir la denominada “bolsa blanca” y cualquier otra modalidad de comercialización irregular. El desafío, en su planteo, consiste en que el combate al comercio ilegal no termine convirtiéndose en un mecanismo para restringir el derecho legítimo del productor a reservar semilla para su propia explotación.
En paralelo, la propuesta incorpora un incentivo de naturaleza fiscal: fomentar la adquisición de genética y tecnología mediante semilla fiscalizada, incluso a través de deducciones impositivas como -por ejemplo- el impuesto a las Ganancias. La lógica es trasladar parte de la política de control desde la sanción hacia el incentivo y favorecer económicamente la compra dentro del circuito legal y fiscalizado. Los productores como sujetos colectivos La propuesta tampoco se limita a reclamar derechos individuales.
La FAA considera que las organizaciones representativas de productores deben intervenir en la definición, implementación y seguimiento de la política semillera. Por eso, plantea una herramienta adicional: que las entidades puedan actuar jurídicamente en defensa de derechos colectivos cuando existan prácticas abusivas, restricciones de la competencia, posiciones dominantes o cláusulas contractuales que afecten de manera homogénea a sus representados.
La cuestión tiene especial relevancia para una organización cuya historia gremial está vinculada precisamente con la representación colectiva de pequeños productores, economías familiares y de menor escala. En el modelo que propone el documento, la discusión sobre semillas no debería quedar circunscripta a la relación individual entre una empresa y un productor. También debería existir una dimensión institucional capaz de intervenir cuando una determinada práctica impacte sobre un conjunto de productores.
Biotecnología sí, concentración no Lejos de plantear una oposición a la innovación tecnológica, el despacho que se analizó en el Congreso de la FAA reivindica explícitamente la investigación, el desarrollo y la biotecnología. Propone una política nacional que articule al sector público, las universidades, el INTA, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas nacionales y el sector privado.
La biotecnología aparece asociada a objetivos productivos y ambientales: enfrentar desafíos de producción, mejorar el uso de los recursos naturales, favorecer la adaptación al cambio climático y elevar sustentablemente la productividad. Pero, la FAA introduce una condición decisiva: “el acceso a esas tecnologías debe estar al alcance de los productores y no convertirse en un nuevo factor de concentración económica”.
Es allí donde el debate por las semillas adquiere, en la mirada federada, una dimensión que excede el precio de una bolsa o el régimen de regalías. Lo que está en juego es quién puede acceder a los avances tecnológicos y bajo qué condiciones económicas y jurídicas. No hay duda: para la FAA la soberanía también gravita en la diversidad genética.
Por eso, el documento incorpora además una dimensión menos vinculada con la coyuntura inmediata y más relacionada con el futuro productivo: la preservación de la diversidad genética. La propuesta reclama mecanismos para proteger las semillas criollas, las variedades autóctonas y los recursos fitogenéticos nacionales. La razón es múltiple.
Ese patrimonio constituye, según el planteo, un componente de la producción, de la soberanía alimentaria y de la capacidad de adaptación frente al cambio climático, además de ser una fuente para el desarrollo de futuras variedades. De esta manera, la idea de soberanía biotecnológica planteada en el Congreso no aparece asociada al rechazo de la tecnología internacional o privada.
Se construye, en cambio, alrededor de la posibilidad de que la Argentina conserve capacidad de investigación, genere conocimiento, proteja sus recursos genéticos y garantice el acceso de sus productores a las tecnologías desarrolladas. Una discusión que la FAA quiere llevar al Congreso El despacho de la FAA no propone cerrar la discusión sino abrir una etapa de tr...