Tras casi una década de proceso judicial, finalmente el exintendente de Seguí y extitular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Álvaro Treppo, será condenado por el delito de peculado imprudente en perjuicio de la Administración Pública en el marco de la causa por sobreprecio en la obra de 16 cuadras de asfalto que se ejecutaron con fondos del plan nacional Más Cerca, del Ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo.
En el caso se estableció que la obra tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estuvo inflada en varios millones. En el caso fue clave la pericia del ingeniero Beltrán Uranga, fallecido en 2023.
Según registró Entre Ríos Ahora, este jueves, ante la jueza de Garantías Matilde Federik, la Fiscalía y la defensa del imputado presentaron un acuerdo de juicio abreviado en el cual el exfuncionario municipal asumió expresamente su responsabilidad en los hechos y su culpabilidad en el desvío de caudales públicos. La jueza dijo que dará su veredicto en los próximos días. No obstante, es probable que el acuerdo sea homologado y Treppo sea condenado.
El acuerdo de juicio abreviado presentado en la audiencia fija una pena de multa de carácter millonario que supera los 14 millones de pesos. Según la fundamentación expuesta por el Ministerio Público Fiscal, la sanción dineraria acordada entre las partes asciende exactamente a la suma total de 14.163.056,56 pesos. Esta cifra constituye un valor actualizado del monto sustraído originalmente de las arcas municipales en el año 2015, momento en el cual se tramitó y ejecutó la obra vial objeto del juzgamiento penal.
A su tiempo, en el transcurso de la audiencia celebrada este jueves, el fiscal Gonzalo Badano explicó de manera detallada ante la magistrada el procedimiento técnico mediante el cual se determinó el importe final de la pena de multa que establece el Código Penal. El fiscal precisó que el valor original de la sustracción de fondos públicos fue estimado pericialmente -a través de un informe del ingeniero Beltrán Uranga, fallecido en 2023- en un monto de 5.591.876 pesos.
Para fijar la pena dineraria acorde a la realidad económica actual, la Fiscalía procedió a realizar una actualización del perjuicio en base a la aplicación de la tasa activa de interés que regula el Banco de la Nación Argentina. Posteriormente, sobre la suma global actualizada resultante de dicho cálculo acumulado, las partes pactaron establecer la multa definitiva en un 40% de ese monto total, lo que arrojó la suma exacta de 14.163.056,56 pesos.
Asimismo, el fiscal Badano detalló los criterios y pautas punitivas considerados para la graduación de la pena imponible a Treppo. El representante de la acusación pública señaló que a fin de fijar esta pena de multa se tuvo en cuenta como agravante central la enorme magnitud del perjuicio económico ocasionado al erario público municipal y la jerarquía del imputado, ya que era la máxima autoridad de la Municipalidad de Seguí al tiempo de cometerse los hechos.
En contraposición, como elementos atenuantes de la responsabilidad penal se ponderaron la ausencia de antecedentes penales en el legajo personal de Treppo y su reconocimiento explícito de los hechos atribuibles. En cuanto a las condiciones de cumplimiento, la Fiscalía remarcó que el pago de la multa deberá hacerse efectivo por única vez y dentro de un plazo perentorio de siete días.
Por su parte, el fiscal Franco Bongiovani expuso la plataforma probatoria de la acusación y señaló que en las computadoras de la empresa contratista Organización Industrial Construcciones Sociedad Anónima, OICSA, se halló un archivo de planilla de cálculo de Excel que constituye una prueba dirimente en la causa.
De acuerdo con la explicación fiscal, el archivo informático contenía previamente los datos detallados de la obra e incluso el monto por el cual se iba a ejecutar, a pesar de que la convocatoria a licitación formal no había sido pública en ese momento.
El fiscal Bongiovani precisó que se trataba de un archivo de planilla de Excel denominado textualmente CDI, Trama Vial de Asfalto, 20 millones y 16 cuadras, el cual registraba una última publicación o modificación guardada el 4 de febrero de 2015.
A criterio de la Fiscalía, este elemento acredita fehacientemente que los particulares que luego lograron la contratación «producto de la imprudencia del funcionario», dijo el fiscal, confeccionaron de algún modo y por sí mismos la oferta económica que luego fue formalizada por el municipio.
La causa y la imputación
La causa se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad. Ya en el proceso penal, la fiscalía atribuyó a Treppo que en su calidad de presidente Municipal de Seguí, realizó las gestiones directas ante el responsable del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Ing.
José López, para la obtención de financiamiento nacional a fin de realizar la extensión de la trama vial de 16 cuadras de asfalto para el Ejido urbano de la localidad de Seguí, en el Departamento Paraná. La obra fue inscripta formalmente en el marco del Plan Más Cerca de Seguí-SSDUV (SVH) MAS CERCA – 1049/15-EXPTE.
No 307618, y las tramitaciones culminaron con la firma del Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y la Municipalidad de Seguí en fecha 14 de mayo de 2015.
Para lograr dicho cometido, Treppo se valió del asesoramiento técnico de la ingeniera en construcciones Sara Carina Zapata, quien fue contratada por el municipio como asesora externa y designada responsable técnica de la obra. La obra preveía la transferencia e inversión de fondos públicos por un monto de veinte millones seis cientos cuarenta y cuatro mil treinta y seis pesos con ochenta y un centavos (20.644.036,81 pesos), según el presupuesto oficial elaborado y presentado ante las autoridades nacionales.
A partir de allí, y en el marco del procedimiento de excepción previsto por la Ley Provincial No 10.198, sancionada en fecha 5 de marzo de 2013, a la que adhirió la Municipalidad de Seguí con el dictado de la Ordenanza Municipal No 03/2013 de fecha 8 de marzo de 2013, Treppo actuó en connivencia con Aníbal Hereñú, responsable de la empresa constructora Organización Industrial Construcciones S.A. (OICSA).
La firma OICSA resultó adjudicataria de la obra proyectada según el Decreto Municipal No 190/2015 de fecha 8 de junio de 2015.
Posteriormente, el día 25 de junio de 2015, Treppo y Hereñú celebraron un Contrato de Obra que estipuló a favor de la empresa precios desproporcionados con los valores reales de mercado o plaza para aquella fecha. Dichos valores resultaron a la postre coincidentes con el presupuesto oficial originalmente previsto de 20.644.036,81 pesos.
Para justificar la constante transferencia de los fondos desde el Estado Nacional hacia el municipio, la cual incluyó un primer envío de 4.220.063,96 pesos abonado en concepto de anticipo financiero el 24 de junio de 2015, un segundo envío de 3.830.109,41 pesos correspondiente al primer certificado de fecha 24 de septiembre de 2015, y finalmente un pago final de 12.593.863,44 pesos por los certificados 2 y 3 de fecha 26 de enero de 2016, la ingeniera Sara Carina Zapata y el ingeniero civil Hernán Roberto Barrera, este último en representación de OICSA, emitieron consecutivas certificaciones de avance de obra.
Las certificaciones indicaban un 28,4 por ciento en julio de 2015, un 58,7 por ciento en agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, y un 12,9 por ciento desde el 11 de enero de 2016 al 4 de febrero de 2016.
Dichas certificaciones de obra fueron emitidas sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de las obras, omitiendo además llevar los registros correspondientes.
La acusación determinó que estas omisiones tuvieron el claro propósito de aligerar el ritmo de los trabajos e imposibilitar posteriores controles que pudieran efectuarse, a fin de evitar la comprobación de la calidad de los materiales utilizados en la obra y verificar la correspondencia entre el trabajo efectivamente realizado y lo presupuestado.
Con pleno conocimiento de tales irregularidades, Treppo y el contador municipal Monzón, designado como representante contable para la obra, suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuentas que permitieron el envío desde Nación de las sumas comprometidas. Los fondos ingresaron a la Cuenta Corriente del Banco de la Nación Argentina No 2230013386, de titularidad del Municipio de Seguí, momento a partir del cual Treppo tuvo la disposición y administración de dichos fondos.
Esto le permitió efectuar los pagos a la empresa contratista OICSA por la suma total de 20.644.036,81 pesos, exactamente coincidente con el presupuesto oficial.
Sin embargo, conforme los precios del mercado de plaza, la obra debería haber tenido un costo mínimo de doce millones de pesos (12.000.000 pesos) aproximadamente y como máximo un valor equitativo estimado de quince millones cincuenta y dos mil ciento sesenta pesos con setenta y dos centavos (15.052.160,72 pesos). Esta distorsión en los costos generó un perjuicio directo al erario público municipal por la suma aproximada de 5.591.876 pesos, la cual constituye la base de la sustracción indebida de caudales públicos.
El desenlace logrado mediante esta presentación pone fin a casi una década de trámite judicial. Cabe recordar que en el transcurso de este proceso penal, en el año 2025, el juez Ricardo Bonazzola otorgó el beneficio de la probation a los empresarios Daniel Hereñú, Hernán Barrera, Néstor Hereñú y Néstor Iván Szczech, quienes se encontraban imputados por su participación y beneficio en el contrato de la obra de Seguí.
