Claves
- Organizaciones de la sociedad civil y referentes de distintas disciplinas reclaman participar antes de que se avance con el dictamen de la reforma societaria.
- El debate sobre inteligencia artificial en el Congreso nacional dejó de ser una conversación sobre herramientas para convertirse en una discusión sobre poder, patrimonio y responsabilidad.
- La iniciativa del Poder Ejecutivo busca reemplazar la Ley 19.550, vigente desde 1972.
Organizaciones de la sociedad civil y referentes de distintas disciplinas reclaman participar antes de que se avance con el dictamen de la reforma societaria. El debate sobre inteligencia artificial en el Congreso nacional dejó de ser una conversación sobre herramientas para convertirse en una discusión sobre poder, patrimonio y responsabilidad.
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil de las provincias argentinas, acompañadas por más de 40 referentes de distintas disciplinas, enviaron una carta al Senado para reclamar audiencias públicas antes de que la Comisión de Legislación General avance con el dictamen de la reforma societaria. La iniciativa del Poder Ejecutivo busca reemplazar la Ley 19.550, vigente desde 1972. El Senado inició su tratamiento el 24 de junio y continuó durante agosto con reuniones informativas y exposiciones de especialistas.
El oficialismo presenta la reforma como una actualización necesaria para la economía digital; sus críticos advierten que algunas de sus innovaciones podrían debilitar controles y dejar zonas grises frente a daños, fraudes o delitos. Dos figuras que cambian el mapa societario El proyecto incorpora dos categorías inéditas al derecho argentino.
La primera es la Sociedad Automatizada, concebida para desarrollar su operación ordinaria mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, sin necesidad de trabajadores ni administradores humanos en esa gestión cotidiana. La segunda es la Sociedad Descentralizada Autónoma, o DAO, cuya gobernanza se distribuye entre titulares de tokens y se ejecuta, en buena medida, mediante reglas programadas. La novedad excede la digitalización de trámites.
Una cosa es que una sociedad tradicional utilice software para automatizar procesos; otra, jurídicamente más profunda, es aceptar que la toma ordinaria de decisiones pueda quedar enteramente en manos de sistemas autónomos. En ese salto aparece la pregunta que atraviesa la carta enviada al Senado: cuando el código actúa, ¿a quién alcanza el deber de responder?
El vacío de la imputación Las organizaciones sostienen que el texto no explica cómo se aplicaría la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas cuando el acto ilícito haya sido ejecutado por un algoritmo autónomo y no exista una decisión humana individual identificable. El problema no es meramente terminológico: el régimen vigente está construido sobre deberes de dirección, supervisión y prevención cuyo cumplimiento debe poder atribuirse y probarse.
La carta también señala una asimetría regulatoria. Mientras las DAO quedan asociadas a mecanismos de registro y gobernanza distribuida, las Sociedades Automatizadas no tendrían exigencias equivalentes de trazabilidad ni de explicabilidad mínima. Sin registros auditables de las instrucciones, los datos y las decisiones del sistema, reconstruir una conducta dañosa podría volverse técnicamente difícil y jurídicamente estéril.
En el debate parlamentario, funcionarios nacionales afirmaron que la reforma no modifica los regímenes de responsabilidad civil y penal vigentes. Esa respuesta, sin embargo, no disipa la objeción central de los firmantes: conservar las reglas actuales no necesariamente resuelve cómo aplicarlas a una organización sin conducción humana operativa. Fuentes del oficialismo prometieron cambios parciales, aunque sus textos no habían sido difundidos públicamente al momento de este artículo.
Una discusión argentina con alcance global La propuesta ya proyectó el debate fuera del Congreso. En una columna publicada en el Financial Times, el escritor Yuval Noah Harari advirtió que reconocer personalidad jurídica a agentes de IA equivaldría a entregarles una “llave maestra” para ingresar a los sistemas financieros, económicos y políticos.
Su planteo respondió a otra columna en la que el presidente Javier Milei defendió un marco legal para corporaciones no humanas como instrumento para atraer innovación e inversiones. La discusión volvió a escalar cuando The Economist mencionó la iniciativa argentina en un artículo sobre los riesgos de reconocer derechos a sistemas avanzados de IA.
La revista presentó la propuesta de permitir que bots administren empresas como un paso hacia la personalidad jurídica de las máquinas y advirtió que dotarlas de herramientas legales y económicas podría ampliar su poder frente a las personas. El vínculo con el “Súper RIGI” La reforma societaria avanza en paralelo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”.
La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados, exige proyectos de al menos 1.000 millones de dólares y ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante treinta años para sectores como inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores y biotecnología avanzada. Las entidades firmantes vinculan ambos proyectos y sostienen que el costo fiscal proyectado del régimen superaría los 8.600 millones de dólares anuales.
Ese cálculo y su comparación con el presupuesto de ciencia, tecnología y educación universitaria requieren que el Senado publique la metodología, los supuestos y las series presupuestarias utilizadas para permitir una evaluación independiente. Innovar sin borrar al responsable El pedido de audiencias públicas no plantea cerrar la puerta a la innovación.
Propone definir previamente un piso de garantías: administradores humanos con deberes efectivos, trazabilidad y auditoría obligatoria, seguros frente a daños masivos y reglas claras de imputación penal y civil. Tales condiciones buscan evitar que la autonomía técnica se convierta en irresponsabilidad jurídica. El Senado tiene, así, una oportunidad institucional poco frecuente.
Puede discutir no sólo cómo atraer empresas de la próxima generación, sino también qué obligaciones deberán asumir quienes diseñen, financien y se beneficien de ellas. En una sociedad automatizada, la ausencia de empleados no debería significar ausencia de responsables. Antes de convertir el experimento en ley, el desafío parlamentario es asegurar que siempre exista una persona -o una cadena de personas- capaz de explicar, prevenir y reparar.
Ley General de Sociedades: demasiadas advertencias para apurar un dictamen El ministro de Economía dará una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en medio de las señales de debilidad que exhibe la actividad económica.
