Marcelo Casaretto fue denunciado por María Estrella Martínez de Yankelevich, quien reconoció en un juicio abreviado su participación en el delito de hacer compensaciones truchas en ATER. En estos días trascendió el destino de los implicados en una trama de corrupción entre funcionarios, contadores y contribuyentes (en buena parte empresarios) a través de compensaciones truchas en el seno de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Se trata de una causa que se elevó a juicio en abril de 2021, luego de 7 años de haberse iniciado la pesquisa tras la denuncia del entonces titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Marcelo Casaretto. María Estrella Martínez de Yankelevich era la jefa de una cooperativa delictiva desde su rol de titular del Departamento Despacho de la ATER, según la investigación. En el marco de las herramientas penales, la ex funcionaria se acogió a un juicio abreviado en el que reconoció el delito.
Sin embargo, la noticia de la jornada es que Martínez de Yankelevich presentó una denuncia penal contra Casaretto, que hasta el momento sólo se lo tenía como denunciante. La ex jefe de Despacho se presentó ante el fiscal Gonzalo Badano, solicitó que se investigue a Casaretto y expresó que en las maniobras constatadas en su sentencia condenatoria no puede no haber responsabilidad de su superior.
En la denuncia -según publicó el portal de Página Política-, dijo tener elementos necesarios para demostrar que Casaretto se cobijó y tapó mediante su denuncia penal su participación en dichas compensaciones ficticias. Para eso solicita al Ministerio Público Fiscal que se la convoque a prestar testimonio, consignó el portal El Entre Ríos.
La jueza Marina Barbagelata determinó que “dentro del organismo recaudador de la provincia de Entre Ríos había un grupo de empleados (…) que con la omisión connivente de Gustavo Alejandro Gioria, (ex) tesorero general de la provincia, registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes, simulando su pago por compensación, como si el contribuyente hubiese sido titular de un crédito líquido y exigible contra el Estado” y resaltó que los contribuyentes a favor de quienes se registraron los pagos simulados “no sólo no eran proveedores del Estado –con lo que mal podrían tener una acreencia propia– sino que tampoco eran cesionarios de créditos fiscales de terceros”.
La denuncia Un estudio privado precisó que desde 2023 los haberes previsionales perdieron poder adquisitivo por un acumulado de $ 7,3 millones por el semicongelamiento del Gobierno de las jubilaciones. Esta situación llevó a muchos adultos mayores a endeudarse, donde uno de cada diez presenta irregularidades en los pagos.