Un proyecto de ordenanza presentado por una concejal oficialista en el Concejo Deliberante de Paraná propone elevar a 20 los años de antigüedad de los vehículos afectados al transporte escolar en la ciudad.
En sus fundamentos, la iniciativa plantea que «la antigüedad de los vehículos es un punto sumamente importante a considerar. La obligación de sustituir unidades que aún se encuentran en condiciones adecuadas de funcionamiento puede generar una carga económica difícil de afrontar, que pone en riesgo la continuidad de la actividad y reduce la cantidad de prestadores disponibles.
Si bien la antigüedad es un elemento a tener en cuenta al momento de evaluar su aptitud para la prestación del servicio de transporte escolar, por sí sola no resulta suficiente para determinar su falta de condiciones de seguridad, ni para justificar el cese de su utilización».
«En este sentido -agrega-, dos vehículos con igual antigüedad pueden presentar condiciones sustancialmente diferentes en función del mantenimiento realizado, su conservación, el uso al que fueron sometidos, las reparaciones efectuadas, su estado estructural y mecánico y el cumplimiento de las revisiones y verificaciones técnicas correspondientes».
Y suma: «Por ello, la posibilidad de que un vehículo continúe siendo utilizado como transporte escolar debe sustentarse en una evaluación integral y debidamente fundamentada de sus condiciones de seguridad, funcionamiento y conservación, acreditando que, pese a su antigüedad, reúne los requisitos técnicos y de seguridad exigibles para la prestación del servicio».
El proyecto que firma la concejal Fernanda Gerez Facello propone «avanzar hacia un criterio que no coloque el año de fabricación como único parámetro determinante de la posibilidad de prestar el servicio, sino que permita valorar fundamentalmente el estado efectivo de la unidad y el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigibles».
«El presente proyecto de ordenanza procura, entonces, alcanzar ese equilibrio: permitir que aquellas unidades que se encuentren en condiciones adecuadas puedan continuar afectadas al servicio durante un período razonable, sin que ello implique disminuir los controles ni las exigencias vinculadas con la seguridad de los pasajeros. La posibilidad de extender la permanencia de las unidades hasta los 20 años de antigüedad encuentra antecedentes en distintas jurisdicciones del país», plantea la initiva de la edil.
«De esta manera, la extensión del plazo de permanencia no significa habilitar vehículos que no reúnan las condiciones necesarias para prestar el servicio. Por el contrario, la posibilidad de continuar operando se encuentra condicionada al mantenimiento de las condiciones técnicas, mecánicas, de seguridad, higiene y documentación que correspondan», afirma.
Y define: «La nueva reglamentación evitará consecuencias económicas desproporcionadas para aquellos prestadores del servicio que han mantenido sus unidades en condiciones adecuadas y que, pese a ello, podrían verse obligados a reemplazarlas exclusivamente por haber alcanzado determinado año de fabricación».
