Claves
- Montefiori, defensora pública y docente universitaria, fue investigada por presunto enriquecimiento ilícito en la causa que llevará a juicio a su esposo, el ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa.
- “Necesariamente el costo de la construcción es mayor al estipulado por el propio Canosa”, aseguró el fiscal Badano.
- Canosa además ha reconocido además que es dueño de un departamento ubicado en calle Urquiza de Paraná, que adquirió en 2004, en 220 cuotas, a través de un Plan Pilay.
La jueza de garantías Marina Barbagelata dictó el sobreseimiento de la defensora pública Paula Montefiori, en el inicio de la audiencia de remisión a juicio de una causa que tiene al ex funcionario Juan José Canosa acusado por presunto enriquecimiento ilícito. Montefiori, defensora pública y docente universitaria, fue investigada por presunto enriquecimiento ilícito en la causa que llevará a juicio a su esposo, el ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa.
Después de casi diez años, el fiscal Gonzalo Badano solicitó el sobreseimiento –al que adhirió el defensor, Andrés Bacigalupo– y la magistrada hizo lugar al planteo, dejando expresamente sentado que el proceso no afectaba su buen nombre y honor. En la continuidad de la audiencia se debatirá la elevación a juicio de la causa contra Canosa, acusado por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública, con un pedido de condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.
Según la acusación, entre 2004 y 2016, el ex funcionario habría incrementado su patrimonio de manera desproporcionada e injustificada por una suma de 5,5 millones de pesos, que equivale a 759.478,70 dólares, de acuerdo a los informes realizados por contadores del Ministerio Público Fiscal; y el fiscal Badano adelantó que pedirá, además de la condena, el pago de una multa equivalente a esa suma y la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
La investigación se inició en diciembre de 2016, a partir de una denuncia promovida por el entonces senador radical Raymundo Kisser en la que señalaba que “posee una lujosa residencia en la zona del camino a la Toma Vieja de la ciudad de Paraná”, construida a partir de un crédito hipotecario e ingresos propios y “disfruta viajar mucho a lugares caros y lujosos”.
Sin embargo, durante la investigación se detectaron inversiones millonarias que habría realizado Canosa en mutuales, financieras y plazo fijo que no constaban en las declaraciones juradas que presentó mientras fue funcionario público, como también la compra de un departamento, cocheras, terrenos, automóviles y embarcaciones, la obra de construcción de la vivienda familiar.
Para arribar a esa conclusión, los peritos analizaron los ingresos generados por el ex funcionario y los consumos relevados, tales como gastos con tarjeta de crédito, impuestos y contribuciones, cuotas de préstamo hipotecario abonadas, gastos de viajes y turismo y otras erogaciones en moneda extranjera y en pesos.
La casa en la zona de la Toma Vieja está emplazada en un terreno de 1.430 metros cuadrados; la construcción se inició en 2006 con un crédito hipotecario e ingresos del propio Canosa, aunque el fiscal asegura que la inversión es varias veces superior a esa cifra, a partir de datos recabados en los registros de AFIP, declaración jurada patrimonial y otros documentos analizados por los peritos. “Necesariamente el costo de la construcción es mayor al estipulado por el propio Canosa”, aseguró el fiscal Badano.
Canosa además ha reconocido además que es dueño de un departamento ubicado en calle Urquiza de Paraná, que adquirió en 2004, en 220 cuotas, a través de un Plan Pilay.
También se descubrió un aporte de 920 mil pesos en la Mutual 10 de Abril que habría realizado en julio de 2016 mediante un cheque del Banco Santander Río y que le reportaba intereses mensuales del 2,5 por ciento; como también un contrato de mutuo fechado en mayo de 2016, con una inversión de 100 mil dólares que Canosa entregó en efectivo y que le significaba un interés del 15 por ciento anual. Incluso, se detectó un contrato de mutuo con un particular por 132 mil dólares.
Quien firma el contrato es Canosa, aunque su inversión se estimó en 10 mil dólares y el resto habría sido aportado por otras personas. Pero el inversionista no devolvió el dinero en los términos comprometidos. Canosa terminó su crédito a un tercero, quien judicializó el caso y terminó acordando un plan de pagos con el denunciado.
Además, se detectaron distintas inversiones por un total de 350.400 pesos en la Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar (Amcap), que habría realizado entre marzo y septiembre de 2016; y otras cuyos montos no han trascendido. Los investigadores también le atribuyen la adquisición de cuatro lotes de 1.424 metros cuadrados en el complejo turístico Interlagos SA, en María Grande.
La operación se concretó en abril de 2016 y Canosa pagó 400 mil pesos en efectivo a Héctor Ricardo Salé, presidente de la sociedad anónima. Unos años después, a consulta de los defensores de Canosa, el empresario admitió haber firmado un boleto de compraventa, pero negó que la operación se hubiera materializado y que Canosa le pagara.
En virtud de esos elementos, el fiscal Badano ha dicho que los ingresos registrados de Canosa no fueron suficientes para solventar los egresos y realizar las inversiones detectadas, por lo que concluye que hubo un incremento patrimonial no justificado superior a los 700 mil dólares. En la audiencia de remisión a juicio, ante la jueza Barbagelata, el fiscal y los defensores, Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen, debatirán la prueba que se llevará al debate y los testigos que deberán declarar.
(Juan Cruz Varela, para Página Judicical)
