Es la primera vez, en lo que va de la gestión de Rogelio Frigerio, que da una entrevista. Mauro Vazon preside el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y habló en el ciclo Plaza Mansilla que se emite por radio streaming El Once. Dejó definiciones inquietantes para una comunidad, como es el Poder Judicial, que goza del statu quo.
¿Una evaluación de la gestión del Consejo de la Magistratura? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué creías que estaba bien y que estaba mal?
Llegamos con una ley que había sido modificada en el 2022 y que si bien a mí en principio me parecía buena, por el famoso banco de casos, la verdad que poner en práctica esa rueda tan difícil que no funcionaba, generó la necesidad de hacer una modificación. En principio creíamos que iba a ser más rápido tener a los jurados técnicos y darle rápidamente dinámica a las vacantes que había en el Poder Judicial.
Pero nos encontramos con una dificultad: el tratamiento legislativo de esa reforma fue muy largo, mucho más allá de lo pensado, entonces hubo idas y vueltas. Lamento que eso haya llevado más tiempo.
Esa fue quizá la primera dificultad: encontrarnos con una ley que tenía un banco de casos que no estaba conformado, porque si hubiera estado conformado hubiéramos tomado rápidamente los casos de ahí para hacer las convocatorias, con lo cual la primera etapa fue culminar la etapa vieja, tratar de hacer todo lo que más podíamos.
Hablaste de idas y vueltas. En la última reforma al organismo hubo un punto en el que no se pusieron de acuerdo: fue en la apelación jerárquica. Estaban quienes decían que tenía que ir directamente al STJ (inevitablemente la última instancia) y la idea que se estableció, que es al contencioso administrativo. ¿Estaba de acuerdo o en desacuerdo?
Te lo explico desde un punto de vista, quizá, muy técnico, porque no tengo otra alternativa. El recurso, por todas las apelaciones o las impugnaciones que hubieran ante el Consejo de la Magistratura, es un recurso administrativo, no es un recurso jurisdiccional, como tal era ya un contrasentido que un recurso administrativo sea ante el Superior Tribunal.
Si cualquier persona tiene un criterio diferente a lo resuelto por el Superior Tribunal, puede apelar al Ejecutivo por el Jerárquico o puede ir una cámara contencioso administrativa.
¿Y dónde terminan esos recursos?
En el Superior Tribunal de Justicia. Si la composición del Superior Tribunal de Justicia ya se expidió en un recurso administrativo directo, como se llamaba en la Ley 11.003, hubiera tenido que convocarse a subrogantes para tener los nueve miembros. Era una aberración jurídica. Y de hecho lo que pasó fue un incremento muy grande de recursos con la ley anterior.
Resolvimos en este nuevo proyecto de ley volver a la instancia administrativa, como corresponde, porque no nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura es un órgano -según la Constitución del 2008 – asesor del Poder Ejecutivo. Entonces introducir al Superior Tribunal de Justicia en un recurso directo dentro de una instancia administrativa no era jurídicamente viable.
Recién mencionaba la Constitución. Hay artículos que no se han reglamentado, y siempre aparece ese déficit con una polémica o el conflicto. ¿Tienen alguna idea de reglamentar el artículo constitucional que tiene que ver con la facultad del STJ para cubrir las vacantes?
Bueno, eso lamentablemente tiene que ser otra reforma constitucional, porque si vos te guías por el texto, que es un texto que también estaba establecido en la Constitución del 33, se establece que en un lapso de 30 días el Superior Tribunal de Justicia, si no hay una designación del Poder Ejecutivo, tiene que cubrir la vacante. No hay posibilidad material de que en 30 días se pueda convocar a un concurso. En su momento, el diputado (Esteban) Vitor intentó hacer una modificación. Y (Jorge) Monge también.
Se pretendía hacer la cobertura de las vacantes siguiendo el orden jerárquico de mérito que venían de los concursos en igual competencia que ya hubieran tenido un trámite ante el Consejo de la Magistratura. Era un proyecto sensato. Nosotros intentamos resolver esto con los concursos anticipados tratando de introducir en aquellos casos en los que ya hubiera una jubilación entrada y lamentablemente no pasó la Legislatura.
Hubiera sido sano y no hubiera pasado esto ahora de que el Superior está haciendo convocatorias a abogados para hacer concursos para designar subrogantes. En definitiva, creo que me dieron la razón. Si hubiéramos tenido los concursos anticipados, no hubiera sido necesario hacer esto.
En la primera gestión de Sergio Uribarri, su coterráneo, José Eduardo Laurito, era vicegobernador y presentó un proyecto que tenía que ver con integrar una lista de mérito para las suplencias. Es decir, que cuando se generara la vacante en el Poder Judicial, no sea el STJ quien designe discrecionalmente sino que nombre a partir de esa lista de mérito. No prosperó, en su momento el STJ se opuso por obvias razones. ¿Se imagina ahora un proyecto de estas características?
Bueno, el proyecto de Vitor y Monge iba por ahí también, seguir con el orden de mérito para la cobertura de las vacantes. ¿Y eso qué pasó? Nada, es lo que acabas de decir, hubo oposición, seguramente a través de los legisladores.
¿Oposición de quién: de un sector de política o del Poder Judicial?
Yo creo que al Poder Judicial no le gustaba, pero se tradujo en oposición política en la Legislatura.
¿Cómo vio la convocatoria a abogados de la matrícula por parte del Superior Tribunal de Justicia? En principio fue raro, porque no era el criterio que venía aplicando al momento de cubrir una vacante. En todo caso se elige directamente. ¿Cómo vio esa medida?
Mirá, yo creo que la instancia normal, natural y a las claras, está con la nueva ley del Consejo de la Magistratura. Si todos los plazos funcionasen como corresponde no habría necesidad de generar esto. Con lo cual siempre me parece mejor un concurso que el dedo. Hoy nosotros con estas convocatorias que ya hicimos tenemos casi el 68 o 69% de la cobertura de las vacantes en trámite.
Si este mecanismo funciona y el Superior comunica las vacantes en tiempo y forma, no habría necesidad de hacer esto que está haciendo el Superior Tribunal.
¿El concurso de la Fiscalía Anticorrupción en qué estado está?
Ya están las inscripciones cerradas. Se inscribió poca gente. Yo pensé que iba a haber más postulantes.
¿Por qué pensó eso?
Primero porque vimos que se habían inscrito más en la instancia previa, en la que fue anulada por el recurso jerárquico ante el gobernador. Yo pensé que iba a haber más expectativa para cubrir un cargo tan importante como es la Fiscalía Anticorrupción. Tenemos 15, 13, y 5 inscriptos para la auxiliar de Concordia. Con lo cual, la verdad, (17:04) yo pensé que iba a generar un poquito más de interés en el mundo jurídico de la provincia y no fue tanto.
De hecho, teníamos la facultad, porque está establecido en la ley, de que si no tenés hasta 6 inscriptos, podés anularlo. Y en el caso del fiscal auxiliar de Concordia podríamos haberlo anulado, pero nos pareció que no tenía sentido seguir demorando algo que en su momento la sociedad lo reclamó.
Se conoció una encuesta realizada por la UNER donde pone al Poder Judicial como una de las instituciones de mayor imagen negativa. ¿Qué opinión le merece?
Los pilares de la República son los tres poderes, y de los tres poderes el pilar más sólido es la Justicia. Con lo cual, si como sociedad desconfiamos de la Justicia estamos mal. No quiere decir que no sea cierta la información o la opinión que tiene la gente del Poder Judicial. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande de transparencia, con tecnologías adecuadas, para acotar los plazos, porque acá no es un problema la Justicia y de los abogados. Es un problema del justiciable.
El que está opinando sobre el descrédito es el justiciable. Son las personas que tienen un problema de divorcio, un problema de sucesión, un problema de cobro de pesos, un problema de vecindad, de medianería. Esa es la gente que no confía en el sistema. Estamos mal. Apelo a instancias, por ejemplo, de que en Entre Ríos, en la Justicia, ante una vacante, se tenga la posibilidad de volver a rendir, algo que ni siquiera está planteado en ninguna ley.
Sea por la capacidad intelectual, por problemas que tienen que ver hoy con la salud mental o con la depresión. Son personas que se las designa de por vida y me parece que hay cosas que teniendo en cuenta esta dinámica tecnológica; sobre todo la transparencia, la transformación social que estamos viviendo en la que te enteras todo en un click; el sistema todavía mantiene esas pautas viejas. Podríamos decir de la prehistoria.
