Concejales de JxER de Paraná cuestionaron al defensor del Pueblo por “utilizar su cargo con fines políticos” | Análisis

Desde el bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos (JxER) de Paraná se expresó “preocupación” ante la reciente actuación del defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, “la cual se aparta del principio de neutralidad inherente a su investidura”. La referencia es a la presentación del funcionario en el amparo judicial por los desayunos escolares que tramita en los Tribunales locales.

“En los últimos días, el titular del organismo no solo decidió presentarse como amicus curiae en la causa judicial colectiva sino que, además, impulsó una difusión mediática mediante un comunicado de prensa y una nota de opinión personal”, objetaron los ediles de JxER. “Este accionar evidencia un marcado posicionamiento político partidario en la discusión pública, alejándose de la imparcialidad que exige el ejercicio de su función”, subrayaron luego.

Para los concejales, “es inadmisible que se utilice la estructura y la representación de la Defensoría del Pueblo como una plataforma de contienda política o para la promoción de posturas personales”.

“La ciudadanía requiere un órgano unipersonal independiente, cuya premisa central sea la ecuanimidad y la defensa objetiva de los derechos de la comunidad, libre de sesgos y especulaciones partidarias”, acotaron.“Resulta prioritario que el defensor del Pueblo concentre sus esfuerzos y recursos exclusivamente en la agenda de necesidades y reclamos que afectan el día a día de las y los vecinos de Paraná”, continuaron.

Más adelante, los ediles enumeraron “problemáticas centrales para la ciudad de la agenda local que exigen la intervención urgente de la Defensoría”. “El suministro de agua potable, los continuos cortes de servicio y bajas de presión por fallas en las plantas potabilizadoras que vulneran el acceso a este elemento básico”, fue uno de los temas mencionados.

También “el transporte público de pasajeros, las deficiencias estructurales en el servicio de colectivos urbanos, el incumplimiento de frecuencias y el mal estado de las unidades”. Además, los ediles pusieron el foco en “la infraestructura y el mantenimiento urbano, las fallas en la red de alumbrado público, el deterioro de la trama vial y el bacheo en los barrios, el drenaje pluvial ante lluvias e inundaciones, y la contaminación o falta de saneamiento en arroyos y cuencas urbanas”.

Y, por último, mencionaron “la transparencia e información pública, acompañar los pedidos de información sobre la gestión de servicios concedidos y el uso de fondos públicos municipales, como el sistema de estacionamiento medido o la organización de eventos masivos de la ciudad”. “Canalizar estos problemas concretos, escuchar los reclamos cotidianos y aportar a la resolución de las demandas locales es la tarea a la que debe abocarse la institución.

Instamos al titular de la Defensoría del Pueblo que cese el uso del cargo con fines de actuación política, recupere la neutralidad institucional que la investidura requiere y dé estricto cumplimiento al marco normativo vigente que regula el ejercicio de sus funciones”, concluyeron los ediles. Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires coordinarán acciones ante la crisis de Granja Tres Arroyos, que mantiene plantas paralizadas, despidos y cientos de trabajadores afectados.

Los gobiernos avanzarán en una mesa conjunta mientras Entre Ríos sostiene medidas de asistencia y alivio fiscal.