Claves
- La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto que promueve la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
- Le dio media sanción por 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones.
- Será girado al Senado para su aprobación definitiva.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto que promueve la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Le dio media sanción por 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. Será girado al Senado para su aprobación definitiva.
Según los fundamentos del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, la norma busca dotar al BCRA de un régimen legal que garantice su independencia funcional y financiera, consagre la preservación del valor de la moneda como su misión primaria y fundamental y elimine los mecanismos de financiamiento monetario del sector público que han estado en la raíz de los procesos inflacionarios que ha padecido la República Argentina.
En defensa de la norma, el diputado Santiago Pauli (LLA) aseguró que “esta reforma pretende que nuestro Banco Central vuelva a defender el valor del peso argentino y que sea el guardián”.
En ese sentido explicó que “cuando hablamos de reformar la Carta Orgánica no sólo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, estamos hablando del valor del trabajo de los argentinos, el valor de nuestro sueldo, nuestros ahorros y nuestra capacidad de planificar; y esto es algo que durante muchas décadas se les ha robado a los argentinos, la capacidad de pensar a largo plazo”. “Cada vez que al Estado no le alcanzaban los recursos se metía mano al Banco Central.
Cada vez que había déficit por una mala gestión, se metía mano al Banco Central. Cada vez que había que financiar al Tesoro por diversos motivos se metía mano al Banco Central. Las consecuencias de esto, ha sido y es la inflación”, detalló. Del mismo modo, la diputada Sabrina Ajmechet (LLA) destacó que “es una ley fundamental y extraordinaria, de un gobierno limitándose a sí mismo”. Desde el bloque oficialista, el diputado Diego Hartfield (LLA) también consideró que "es una ley que viene a cambiar la historia".
A continuación, el diputado Itai Hagman (UxP) manifestó el rechazo del bloque opositor a la norma al sostener que “le sacan funciones al Banco Central para blindar la política monetaria” e indicó que “se le quitan instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver los problemas que hay en el país”.
En tanto, el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) reconoció que “ha sido un gran acierto del gobierno -y del Banco Central en particular- la interrupción temprana de los adelantos transitorios y del financiamiento monetario que el Banco Central que ya hacía desde hace ya demasiado tiempo”. “Compartimos el objetivo de la estabilidad de precios como prioritario, pero no excluyente.
Y sí, pensamos que es muy difícil de separar como objetivo la estabilidad de precios de la estabilidad sistémica del sistema financiero”, remarcó. El diputado Maximiliano Ferraro (CC) planteó que, si bien “estamos ante una reforma de una envergadura significativa", tenía algunas observaciones a la norma. “La idea del mandato único tiene una clara contradicción con el articulado propuesto, por lo cual proponemos un mandato múltiple pero jerarquizado", argumentó.
Desde el bloque MID, el diputado Eduardo Falcone consideró que “es correcta la orientación de la reforma que plantea el Ejecutivo” y dijo coincidió “con la independencia del Banco Central y con dejar de financiar al Tesoro". “Estoy proponiendo que el Directorio del Banco Central tenga una adecuada composición federal”, argumentó también. En nombre de la bancada de izquierda, la diputada Romina del Plá (FIT), cuestionó la iniciativa: "Estamos ante la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que pide el FMI".
El diputado Martín Lousteau (Provincias unidas) adelantó que “muchos de nosotros nos vamos a abstener” en la votación. "La Carta Orgánica es el marco, no es la política monetaria, cambiaria o bancaria. Hoy, la propuesta del oficialismo es usar ese marco como una batalla cultural y agregarle otras cosas escondidas a esta Carta Orgánica", argumentó.
En representación del bloque PRO, la diputada Daiana Fernández Molero sostuvo que “estamos frente a una sesión fundamental para el futuro de la Argentina: y digo fundamental porque esta reforma se trata, sobre todo, de hacer de la Argentina un país normal". Fernández Molero aseguró que el proyecto busca "dejar atrás ideas equivocadas, parches que fracasaron y poner los cimientos que hacen que la Argentina pueda funcionar con normalidad".
Por otra parte, obtuvo media sanción la iniciativa vinculada a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y en materia de prescripción tributaria y referente al Régimen Sancionatorio. La norma, conocida como Inocencia Fiscal II, se aprobó por 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones y será girada al Senado de la Nación.
En defensa del dictamen del oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) sostuvo que "esta ley, lo que hace es una cuestión muy sencilla, que es confiar más en el contribuyente que trabaja, que paga sus impuestos, y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haberse protegido durante las épocas de hiperinflación, durante las épocas donde no se podía ahorrar en este país, con un escudo protector que fue el ahorro en la informalidad".
En tanto, desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) opinó que “es un proyecto que plantea un cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias y una presión hacia la UIF (Unidad de Información Financiera) para que modifique la normativa de manejo del lavado de activos”. La diputada Mariela Coletta, del bloque de Provincias Unidas, argumentó el dictamen de rechazo “por razones que son técnicas, políticas y, en gran medida, por razones morales”.
“Está claro que los beneficiados de este proyecto son los sectores que planifican la evasión, los sectores que defienden la fuga de capitales y que no creen para nada en la redistribución de la riqueza”, aseveró. En representación de la bancada de izquierda, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) manifestó que este proyecto, que se ha denominado Inocencia Fiscal II, “premia a los evasores, a los grandes evasores y busca garantizarles impunidad”.
La Cámara de Diputados también respaldó el proyecto de ley venido en revisión del Senado, por el cual se aprueba el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y su respectivo Reglamento, suscripto en Washington –Estados Unidos de América–, el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001. Se trata de un acuerdo internacional que busca unificar y agilizar el proceso para proteger una invención en el exterior.
Obtuvo en general y particular 147 a favor, 93 en contra y ninguna abstención. El proyecto deberá volver en revisión al Senado para su ratificación final por una modificación introducida en Diputados. A pedido de los laboratorios nacionales, la Cámara baja incorporó una reserva al capítulo II del PCT. Ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), principal opositora al proyecto, advirtió que esos criterios podrían influir en las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que hoy son rechazadas en el país. Los laboratorios nacionales temen que el PCT facilite la extensión de patentes sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores.
Advierten que eso podría demorar la aparición de genéricos, reducir la competencia y, como consecuencia, encarecer los precios de los medicamentos. Al respecto, la diputada Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA) sostuvo que el tratado de patentes “viene a saldar una deuda para quienes generan conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías”. “Este tratado simplifica procedimientos”, detalló.
Por su parte, el diputado Santiago Cafiero (UxP) manifestó el rechazo al tratado al indicar que “la Argentina va a conceder si ningún beneficio. Es un tratado que no está vigente”. Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores, la diputada Romina del Plá cuestionó: “Este tratado no es más que un nuevo acto de sometimiento”. En tanto, el diputado Sergio Capozzi (PU) aseguró que “se trata de cambiar el sistema y de incorporar a la Argentina al mundo”.
Luego, desde el bloque Pro, el diputado Martín Yeza celebró esta iniciativa, al sostener que “es saludable que nuestro país empiece a participar de estos estándares internacionales”. El tratado crea una “solicitud única” para iniciar trámites de patentamiento en los 158 países miembros. Implicará que inventores argentinos no deban gestionar presentaciones por separado en cada jurisdicción. Además, amplía de 12 a 30 meses el período de prioridad para proteger invenciones.
El acuerdo permitiría iniciar el trámite directamente desde la Argentina, a través del INPI, sin necesidad de recurrir a oficinas extranjeras, como ocurre hoy. Según el oficialismo, eso reduciría significativamente los costos internacionales, que en algunos casos podrían bajar hasta un 90%. El impacto se concentraría especialmente en dos sectores: la industria agropecuaria, por los desarrollos vinculados a semillas, y la farmacéutica, por la creación de nuevos medicamentos.
CILFA es uno de los principales focos de resistencia. Los laboratorios nacionales advierten sobre el fenómeno conocido como “evergreening”, mediante el cual las grandes compañías extienden monopolios sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores. Por ejemplo, que un jarabe se transforme en un inyectable. Según sostienen, una mayor influencia de criterios internacionales podría facilitar ese mecanismo, limitar la competencia de los genéricos y encarecer los precios en el mercado local.