El oficialismo busca proteger la reforma previsional

El Senado de Entre Ríos fue convocado a sesión especial para el martes 11 de agosto, a las 13. El orden del día incluye el Expediente Nº 29.311, un proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo que ya recibió media sanción de Diputados y por el que se reglamenta el efecto derogatorio previsto en el artículo 60º, último párrafo, de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. Se trata de una reglamentación pendiente desde la reforma de la Constitución Provincial de 2008.

El artículo 60 es el que permite al Poder Judicial derogar una norma que haya sido declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia. Con esta reglamentación, ese efecto no será tan sencillo de alcanzar. Se interpreta que operaría como un paraguas protector ante la lluvia de acciones de inconstitucionalidad que caerían sobre la reforma previsional. En su paso por Diputados, la iniciativa fue aprobada con el voto en contra del peronismo.

Se espera que la nueva mayoría oficialista en el Senado –derivada de la separación de las senadoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda de la bancada peronista– facilite su aprobación en el Senado. Qué cambia El artículo 60 dispone que una ley queda derogada si el STJ la declara inconstitucional en tres sentencias firmes. La reglamentación limita esa función al establecer que esas tres sentencias deben ser dictadas por el pleno del STJ y no solo por alguna de sus salas. Esto hace mucho más complejo el trámite.

Además, la reglamentación dispone que, si el STJ declara inconstitucional una norma en un proceso que tramitó por amparo, la ley no se deroga. La derogación procede solo cuando se plantea una acción declarativa de inconstitucionalidad, que tiene un trámite con plazos mucho más largos que el amparo. Si algún artículo de la reforma previsional fuera inconstitucional, tarde o temprano podría ser declarado como tal. Pero no será tan fácil ni tan rápido como ahora.

Requerirá un trámite más extenso, derivado de planteos que se formulen con el propósito expreso de analizar la constitucionalidad –y no como parte de la argumentación de un amparo–, que llegarán al STJ una vez superadas las instancias anteriores de apelación. Y, claro, con el STJ resolviendo en pleno.

Argumentos En la sesión de la Cámara Baja, la diputada Gabriela Lena defendió la necesidad de reglamentar el último párrafo del artículo 60 de la Constitución Provincial, donde se establece que, con tres sentencias firmes de inconstitucionalidad dictadas por el STJ, una norma pierde su vigencia. “Faltaba responder preguntas esenciales: cómo se computaban esas sentencias, qué requisitos debían reunir, qué declaraba producido ese efecto, cómo se comunica a la ciudadanía”, argumentó.

La diputada oficialista aseguró que “no se crea una nueva facultad para el Poder Judicial, ni se altera el equilibrio de los poderes del Estado. Lo que hace es brindar reglas claras para cumplir con el mandato establecido por la Constitución”. Destacó el “rigor” con el que se regula el procedimiento, con “estándares más elevados para una decisión de enorme trascendencia institucional, como la derogación de una norma general”.

Valoró que se respete la división de poderes al facilitar el derecho de defensa de la Legislatura provincial o del cuerpo legislativo local del que haya surgido esa norma; que se promueva la publicidad del acto con la creación de un registro de sentencias firmes de inconstitucionalidad, “para que se sepa cuándo una norma ha dejado de tener vigencia”, y evitar las “normas fantasma”. También aseguró que la derogación de una norma por inconstitucionalidad “producirá efectos a futuro, preservando derechos adquiridos”.

“No amplía poderes, no restringe derechos, no altera el diseño constitucional. Simplemente convierte en una realidad concreta una decisión que los convencionales tomaron hace casi 20 años”, sintetizó. En contra Desde la oposición se cuestionó el tratamiento “muy breve” del expediente. La presidenta de la bancada peronista, Laura Stratta, leyó las objeciones técnicas al proyecto, centradas en que la reglamentación modifica la Constitución.

Luego, el diputado Enrique Cresto lo planteó con mayor sencillez: la reglamentación de este artículo de la Constitución, donde se regula la manera de controlar la constitucionalidad, podría ser tachada de inconstitucional. Más tarde, Juan José Bahillo completó la idea: “como un perro que se muerde la cola”. El legislador de Gualeguaychú dijo no entender la “urgencia” por aprobar una iniciativa que “ameritaba ser evaluada más profundamente en comisión”.

Pero afirmó que desde la bancada de la oposición “respetamos las prioridades que pone el oficialismo”. Stratta remarcó que el artículo 60 “es una cláusula de control constitucional, no una norma que requiera reglamentación”. Y, a su juicio, la iniciativa de Frigerio reglamenta la Constitución en contra de lo que establece la propia Constitución. Entre otras cosas, objetó los siguientes puntos: No cuenta, a los efectos de la derogación, las declaraciones de inconstitucionalidad dictadas de oficio.

Tampoco computa las declaraciones de inconstitucionalidad dictadas en procesos distintos de las acciones de inconstitucionalidad propiamente dichas, como las acciones de amparo reguladas en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Consideró que la reglamentación “se excede” al requerir que sea el pleno del STJ el que declare la inconstitucionalidad. Stratta apeló a quienes participaron de la Convención Reformadora de 2008, al señalar que el artículo 60 de la Constitución Provincial se aprobó por unanimidad.

El diputado radical Fabián Rogel, que participó de aquella histórica reforma, consideró que el debate debe darse en comisión. “No creo que lo haya, pero, si hay algún exceso en la reglamentación, el Senado debería corregirlo”, planteó.