El presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, pasó por el ciclo Plaza Mansilla que se emite por la radio streaming El Once. Allí, el funcionario se refirió a las investigaciones sobre la Municipalidad de Santa Elena, la intervención de la Justicia y el funcionamiento del organismo encargado de controlar la inversión y el gasto público provincial. Durante una entrevista también presentó cifras sobre los juicios de cuentas, las condenas y los fondos que se recuperaron en el marco de causas de corrupción.
Lara destacó que el Tribunal de Cuentas tiene competencia sobre una amplia variedad de organismos provinciales y gobiernos locales. Entre las instituciones alcanzadas mencionó los 84 municipios, las 104 comunas, las 69 juntas de gobierno, 22 organismos autárquicos vinculados con cajas jubilatorias municipales, 66 hospitales y más de 100 centros de salud.
También señaló que el organismo controla la administración central, los entes descentralizados, las empresas estatales, lo otros poderes del Estado y la utilización de subsidios públicos. No es el caso de otras provincias, donde el campo de operatividad es mucho más acotado.
En ese contexto, sostuvo que la cantidad de comunicaciones y requerimientos emitidos por el Tribunal había aumentado considerablemente. Mientras que en 2020 se habían registrado cerca de 4 mil, actualmente se superan los 8 mil.
Al momento de las estadísticas, el funcionario precisó que desde su llegada a la Presidencia, el 9 de diciembre de 2020, se habían iniciado 69 juicios de cuentas, mientras que en 2025 la cifra había superado los 140 procedimientos. La actividad jurisdiccional -explicó – prácticamente se duplicó durante ese período. “Se dictaron alrededor de 500 sentencias de juicio de cuenta en todo este periodo mientras me ha tocado presidir el Tribunal de Cuentas”, indicó.
Y agregó que casi el 70% de esas resoluciones habían sido condenatorias y que se había dispuesto la recuperación de fondos por más de 780 millones de pesos. Según estimó, esa suma equivaldría a más de 13.000 millones de pesos a valores actuales.
Independencia
El presidente del organismo también fue consultado sobre su relación con Rogelio Frigerio, teniendo en cuenta su trayectoria política anterior dentro del peronismo. “Yo tengo una muy buena relación con el Poder Ejecutivo, con el Gobernador, como lo tengo con los otros poderes del Estado, porque de hecho nos vinculamos permanentemente”, afirmó.
Se encargó de aclarar que el Tribunal de Cuentas no depende del Poder Ejecutivo, sino que posee autonomía funcional garantizada por la Constitución provincial: “Nosotros, y esto es la naturaleza de los Tribunales de Cuentas, somos una suerte de organismo extrapoder, no pertenecemos al Poder Ejecutivo”, explicó.
Planteó que la función del organismo no debía limitarse a detectar inconsistencias o establecer responsabilidades, sino que también debía contribuir a prevenir perjuicios al patrimonio público. “El control no tiene que concebirse como un fin en sí mismo, tiene que ser un medio”, sostuvo.
El caso Rossi
Domingo Daniel Rossi tiene nuevos asuntos pendientes para explicar en la Justicia. Página Política reveló el 11 de agosto pasado que el Ministerio Público Fiscal inició actuaciones de oficio contra el Intendente de Santa Elena por presuntos hechos irregulares (legajo Nº 285545). Algunos de ellos tienen su puntapié inicial en el Tribunal de Cuentas.
La delicada alianza de Frigerio con Rossi
Por Federico Malvasio | 11 Aug, 2026
Lara señaló que el Tribunal de Cuentas había desarrollado investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas, algunas de las cuales se remontaban a períodos anteriores. “Yo quiero hablar desde lo institucional. A mí me toca presidir”, expresó al referirse al caso, y remarcó que su responsabilidad “era preservar el funcionamiento y la independencia del organismo, sin trasladar las diferencias al terreno político o personal”.
El Tribunal -contó el funcionario- había realizado actuaciones relacionadas con compras, licitaciones públicas, obras y convenios de naturaleza impositiva celebrados por el municipio. Según detalló, las investigaciones habían concluido con informes sobre presuntos perjuicios patrimoniales que fueron remitidos al ámbito municipal. Sin embargo, se detectó que esas conclusiones no habían tenido el tratamiento correspondiente.
“El Tribunal después detectó que no se hizo absolutamente nada con esas conclusiones”, manifestó y puso de relieve el devenir de esa documentación vinculada con esas actuaciones: “Esa información y esa documentación no sabemos dónde fue a parar. La situación fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal. Pero yo no quiero hacer un juicio de valor, porque eso tendrá que expedirse la justicia”, cerró.
Lara fue consultado sobre las manifestaciones públicas del intendente de Santa Elena y las diferencias surgidas alrededor de las investigaciones. “Lo importante es que hablemos de los elementos que tenemos, de los elementos objetivos de las investigaciones que el tribunal tiene”, expresó.
También aclaró que las actuaciones no dependían exclusivamente de una decisión de la Presidencia, sino del trabajo de los fiscales del Tribunal de Cuentas, quienes impulsan los procedimientos correspondientes. “El tribunal es un organismo técnico que está basado en analizar el respaldo documental, analizar los presupuestos, analizar la ejecución y la inversión de un Estado municipal”, remarcó.
