Claves
- Los diputados nacionales por el PJ Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna; y el senador Adán Bahl, solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio.
- En esa línea, los legisladores instaron al diálogo al gobernador y manifestaron que: “esta realidad excede ampliamente el marco de conflictos particulares entre partes privadas.
- Su impacto alcanza el entramado social, económico y productivo de localidades enteras, donde estas empresas constituyen históricamente los principales empleadores del sector privado.
Los diputados nacionales por el PJ Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna; y el senador Adán Bahl, solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio. Le plantearon al Gobernador una mesa de diálogo para “evaluar en conjunto medidas para revertir la grave crisis económica y productiva que atraviesa Entre Ríos, manifestada en el cierre de numerosas empresas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo en distintos sectores productivos”.
En la nota, los legisladores señalaron que “1.074 empresas cerraron en la provincia desde fines de 2023” e hicieron un breve repaso de los principales conflictos laborales en la provincia: Granja Tres Arroyos (Concepción del Uruguay), que tras el anuncio de cierre de una de sus plantas, terminó paralizando toda su operación en la ciudad, dejando en mayo de 2026 a unos 930 trabajadores sin sus puestos de trabajo ni el cobro de salarios adeudados; UnionBat (Gualeguaychú), que implicó el cierre y despido de más de 100 empleados en una fábrica de baterías; Futura (Gualeguaychú), que cerró sus puertas con 22 familias despedidas; Fademi (Larroque), con un conflicto que lleva más de 500 días de acampe; el centro de distribución de La Serenísima (Paraná), cuyo cierre simboliza el retroceso industrial; y Diarco (Concordia), con 38 despidos intempestivos, entre otros.
En esa línea, los legisladores instaron al diálogo al gobernador y manifestaron que: “esta realidad excede ampliamente el marco de conflictos particulares entre partes privadas. Su impacto alcanza el entramado social, económico y productivo de localidades enteras, donde estas empresas constituyen históricamente los principales empleadores del sector privado.
La interrupción de la actividad productiva afecta no sólo a los trabajadores y sus familias, sino también a proveedores, comercios y al conjunto de la economía regional, profundizando la recesión y la pérdida del tejido industrial”.
