¿Posible tensión con el Poder Judicial?

Dos sucesos en la Región Centro de escasísima visibilidad. En ambos casos los actores son los poderes ejecutivos de Santa Fe y Córdoba; y los poderes judiciales de esas provincias. Tema: plata. Trasfondo: reformas previsionales. En la vecina provincia, el lunes pasado la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones impuesto por la reforma previsional de 2024 impulsada por Maximiliano Pullaro.

El Gobernador radical supo ver en la Justicia un adversario cómodo, según le marcaban algunas encuestas al inicio de la gestión sobre la mala imagen del Poder Judicial. En tierras mediterráneas, hace una semana, una multitudinaria movilización de empleados judiciales coincidieron con magistrados en un reclamo que paralizó el funcionamiento de los tribunales.

Los trabajadores peticionan por una equiparación salarial en el marco de una reducción del poder adquisitivo agravada por la Ley de Equidad Jubilatoria (11.087) que impulsó Martín Llaryora el año pasado. La norma autoriza al Ejecutivo a implementar aumentos de aportes a los activos de hasta un 8% y traslada recortes a jubilados y pensionados. Diferentes organizaciones sociales y sindicales presentaron recursos de amparo individuales y colectivos.

El fuero contencioso administrativo hizo lugar en algunos casos y declaró inadmisible en otros, aunque sin resolverse la cuestión de fondo. Mientras tanto, y aquí radica el dato más importante, es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso en un fallo de hace dos meses reducir la alícuota extraordinaria del 8% al 6% en un caso y sostuvo expresamente que las autoridades competentes deberán avanzar en una disminución progresiva de los aportes extraordinarios establecidos por legislación.

La administración de Llaryora no ha acatado. Lo que persiste, entonces, es la crisis. Los días de paro obligaron al TSJ a aplicar descuentos, lo que alteró aún más el ambiente tribunalicio en la capital y ciudades del interior, además del Colegio de Abogados. Hace tres días la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días. En Entre Ríos el sector público está a la espera de la reglamentación de la reforma previsional que tuvo sanción definitiva la semana pasada.

Fue, precisamente, el Poder Judicial el que más reparos puso durante el debate legislativo. También dejó advertencias de posibles vestigios de inconstitucionalidad. Algunas dudas despejó Julio Rodríguez Signes, la salvación del oficialismo. Rogelio Frigerio encabezó este miércoles por la tarde una conferencia de prensa donde se refirió al convenio que garantiza la transferencia de 120.000 millones de pesos para cubrir la compensación del Estado nacional por el déficit previsional de la provincia.

El Gobernador aprovechó para poner de relieve sus últimas medidas que generaron polémica. La reforma previsional y, en menor medida, la licitación de la empresa Tecknofood para que distribuya el desayuno y la merienda en las escuelas de la provincia. “En cada problema que encaramos siempre encontramos una resistencia. Esa es una particularidad de nuestra provincia. Cada vez que decidimos tomar el toro por las astas, siempre encontramos resistencia. Porque detrás siempre hay intereses concretos.

Vamos a seguir molestando a los que tienen privilegios por parte del Estado hasta que termine nuestro mandato. Le moleste a quien le moleste. Y estamos mostrando resultados”, dijo. ¿A quién o quiénes fueron dirigidas esas palabras? El día que dejó esa definición recibió una mala noticia de la Justicia: una medida cautelar dejó en suspenso la implementación del nuevo mecanismo de distribución de alimentos a los establecimientos educativos.

Quizás por eso, en tribunales, algunos magistrados interpretaron que las declaraciones los tenía como destinatarios. También se leyeron como un anticipo del propio Frigerio de probables presentaciones por la reforma previsional. El Poder Judicial tiene la particularidad, sus integrantes no se inmutan por nada y tienen un notable desconocimiento por parte de la gente.

Esta vez -según el planteo que hizo durante todo este tiempo el Gobernador al referirse sobre la necesidad de la reforma previsional- los funcionarios judiciales quedaron del lado de los pocos a los que la mayoría entrerriana -en palabras gubernamentales- tienen que bancar.