Luego de las respectivas pulseadas internas, en algún caso sin novedades, en otros con mayor intensidad, cada estamento eligió a sus representantes para el Consejo de la Magistratura, el organismo asesor del Poder Ejecutivo en la selección de jueces, fiscales y defensores en la provincia de Entre Ríos.
El gobernador Rogelio Frigerio les tomará juramento a los once integrantes que componen este cuerpo clave para el funcionamiento institucional, en un acto que tendrá lugar el 8 de octubre en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Mauro Vazón continuará siendo el representante del Poder Ejecutivo y, consecuentemente, presidente del Consejo de la Magistratura en el período 2026-2028, según confirmaron fuentes oficiales a Página Judicial.
La Constitución le asigna la presidencia al representante del Poder Ejecutivo, pero no define un número de miembros y eso ha dado origen a arduos debates en torno al significado de la frase que pregona que “la composición asegurará el equilibrio entre los sectores que lo integran”.
La ley establece una integración de once miembros, que se completa con dos representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Fabiola Bogado Ibarra y Alejandro Cánepa; dos abogados de la matrícula, Daniel Galizzi y Blanca Graciela Chiappa; un empleado judicial, Heidi Venditti; tres referentes de reconocida trayectoria en el ámbito académico, Víctor Javier Almada (Uader), Jorge Esteban Santini (UCU) y Luis Osvaldo Daguerre (UNL); y dos representantes de la sociedad civil que pueden o no ser abogados, Matías Daniel Chiosso (Asociación Civil Vida y Esperanza) y Estela Méndez Castells (Entre Ríos sin Corrupción) Seguramente en el oficialismo se dibujen muecas de satisfacción al repasar algunos nombres de quienes tendrán a su cargo dirigir los procesos de selección de magistrados en los próximos dos años.
Una nueva geografía política El mapa del nuevo Consejo de la Magistratura quedó delineado con algunas particularidades en los últimos días con la elección de los consejeros que representarán a cada estamento, con universidades que están y deberán ceder su lugar y la participación inquietante que proponen las organizaciones de la sociedad civil.
Un dato que no pasa inadvertido es la incorporación Estela Méndez Castells en representación de Entre Ríos Sin Corrupción, la plataforma que nació para defender a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche cuando enfrentó un Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño.
Las organizaciones de la sociedad civil completan su representación con el pastor Matías Daniel Chiosso, de la Asociación Civil Vida y Esperanza, una congregación evangélica que desarrolla un trabajo y obra social en Paraná La elección se hizo por consenso entre representantes de organizaciones de diversas identidades. Como suplentes fueron elegidos Ramiro Reiss, del Consejo Empresario de Entre Ríos; y Nancy Jedlitschka, del Club Comunicaciones de Paraná.
Una nota distintiva en la nueva integración del Consejo de la Magistratura es el reingreso de la UNL en el lugar que en el período anterior ocupara la UNER; y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) por la UCA Sede Paraná, por la rotación que prevé la ley.
La única que mantiene su escaño es la Uader, que se estrenó en 2022 y estuvo representada por Juan Pablo Filipuzzi, hermano del rector, y que ahora dejará su lugar a Víctor Javier Almada, secretario de Relaciones Institucionales de la universidad provincial y alfil del rector, Luciano Filipuzzi. Las grietas de los tribunales La elección de los consejeros surgidos de los tribunales, en cambio, podría ser caracterizada como las más crítica.
Entre los magistrados, aparecen los nombres de Fabiola Bogado Ibarra, vocal de la Cámara Laboral de Paraná; y Alejandro Cánepa, ex presidente del gremio de jueces y uno que ha levantado la voz ante propuestas de reformas judiciales e incluso de la modificación del sistema jubilatorio.
En esa elección quedó zanjada una grieta que pervive en los tribunales, entre aquellos que apoyan a Cecilia Goyeneche, encabezados por integrantes del Ministerio Público Fiscal; y quienes la miran de reojo, que terminaron imponiéndose. Los empleados judiciales estarán representados por Heidi Venditti (titular) y Andrés Bianchi (suplente).
Fueron electos en unas elecciones que marcaron la primera disputa abierta entre la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), el gremio histórico en la provincia; y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el sindicato que a nivel nacional conduce Julio Piumato e irrumpió con fuerza a partir de 2020. Piumato siempre quiso poner un pie en Entre Ríos y la ley de enganche, que le quita a la provincia la negociación paritaria, fue la puerta de entrada.
Maledicentes de pasillo le atribuyen a la vocal Susana Medina y Daniel Carubia haberle entregado esa llave. Tal vez sean habladurías. La conducción de la UEJN en la provincia quedó en manos de Bibiana Starck, que cumple funciones en la Oficina de Medidas Alternativas, donde se controla el cumplimiento de las probation y depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En estos años, ambos gremios han convivido en tensión, disputándose la simpatía de unos 1.900 empleados judiciales; y esta elección de consejeros los puso, por primera vez, a medir fuerzas. El resultado expone la prevalencia de AJER, que impuso a sus candidatos con el 59 por ciento de los votos. Pero es apenas el primer round.
Entre los abogados, estarán representados por Daniel Galizzi, actualmente a cargo de la Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación; y Blanca Graciela Chiappa, que se estrenan como consejeros. El Consejo que viene Le llevó dos años al Gobierno poner en marcha la maquinaria de concursos para la designación de jueces, fiscales y defensores en Entre Ríos; dos años y una reforma de la ley que reglamenta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura oficia como asesor del Poder Ejecutivo para la designación jueces, fiscales y defensores mediante la realización de concursos públicos; pero, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Entre Ríos no funciona como encargado del juzgamiento de la conducta de los magistrados.
El 8 de octubre, cuando asuman los nuevos consejeros, tendrán que resolver sobre 110 cargos vacantes en la provincia, de los cuales el 78 por ciento están con concursos en marcha, según se indicó a Página Judicial. El listado incluye cargos sensibles, como la Fiscalía Anticorrupción; Cámara de Casación Penal de Paraná, el máximo tribunal penal de la provincia; y la Cámara en lo Contencioso Administrativa de Paraná, que es el fuero donde se dirimen los conflictos que tienen como actor al Estado.
El rol de los consejeros es clave. Aunque los concursos son llevados adelante por jurados técnicos independientes, que analizan los antecedentes y corrigen exámenes sin conocer la identidad de los postulantes, el anonimato se rompe en la entrevista personal, ante los consejeros. Eso ha dado lugar a discrecionalidades que, en ocasiones, rompió los órdenes de mérito técnicos, permitiendo que postulantes ubicados en posiciones relegadas tras los exámenes escritos asciendan arbitrariamente.
Por eso el Consejo de la Magistratura es un territorio en disputa. Juan Cruz Varela, para Página Judicial
