Si el comienzo fuera a partir de una conclusión, todo sería una cuestión de comunicación. La Justicia decidió, este viernes, hacer lugar a un amparo colectivo presentado por un grupo de padres representados por Aldana Sasia y Rubén Pagliotto, la organización Cauce y Agmer; con el objetivo de dar marcha atrás con la distribución de las raciones de desayunos y meriendas a los comedores escolares públicos a cargo de la empresa Teknofood.
La primera reacción surgió por parte del Gobierno cuando emitió un comunicado con un título largo e insólito, pero inteligente: “El fallo sobre los desayunos y meriendas escolares permite al Gobierno de Entre Ríos continuar con la transformación del sistema alimentario”. Convirtieron el resultado de la sentencia en una noticia positiva. Sigue el texto: “La resolución no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente, no impide el sistema centralizado de provisión ni ordena regresar al mecanismo anterior”.
Todo eso no había sido atacado en el amparo, por lo tanto no era materia judiciable. A renglón seguido, el Ejecutivo dijo que, obviamente, adecuaría el esquema de alimentación a lo establecido en el fallo, que era, en definitiva, lo planteado por los accionantes. La cuestión nutricional y sanitaria. Básicamente el cumplimiento de la Ley Provincial 10.594 y la nacional 27642. A partir de allí se podía advertir la hoja de ruta del Gobierno. Agmer, también, comunicó lo suyo.
Título: “La Justicia hizo lugar a la acción de amparo colectivo y ordenó brindar alimentación saludable en las escuelas”. Y, enseguida, ponderó que la sentencia haya puesto “el interés superior del niño como principio rector en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. A eso fueron a los tribunales.
La interpretación positiva de la sentencia por parte del Gobierno, plasmada ya en buena parte de la prensa sin demasiadas modificaciones de la manera en que se distribuyó, alteró los ánimos de los peticionantes, que habían difundido el fallo con adjetivos grandilocuentes por canales convencionales e informales. A las pocas horas y ante la supremacía de la comunicación estatal comenzó a dar vueltas la idea de solicitar a la Justicia una “aclaratoria”. ¿Qué significa eso?
Que el juez actuante especifique en la parte resolutiva del fallo que se cumpla con la ley. Algo así como que en una sentencia por un homicidio se le advierta al condenado que no vuelva a matar. ¿Hay que pedirle al Estado que cumpla una ley? La respuesta es sí. Es lo que dice la sentencia. Es el deber del Poer Judicial. Mientras los peticionantes redactaban el pedido de aclaratoria, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicitaba lo que se podía advertir en el comunicado oficial: no apelar la sentencia.
El Gobierno, con la cautelar, ya podía haber tomado esa decisión que finalmente tomó el viernes con el resultado del amparo. En estos casos, una cautelar opera de advertencia para que el Estado no incurra en el delito. En este caso el incumplimiento de la norma. Los actores no se quedaron en la presentación de la aclaratoria, sino que apelaron la sentencia. Es decir que lo resuelto el viernes queda en suspenso. “Valoramos el fallo; apelamos para protegerlo”, tituló Agmer el comunicado en su batalla comunicacional.
Entienden que “podría suceder que un alimento prohibido sea reemplazado por otro sin octógonos, pero que tampoco reúna las condiciones necesarias para integrar una alimentación escolar saludable”. El campo de las suposiciones puede ser infinito. No llegó la aclaratoria solicitada que se fue en apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Esa decisión abre la puerta a que, por ejemplo, haya un voto dividido en el alto cuerpo, lo que le imprimiría dudas a la primera sentencia. O la empañara.
Difícilmente ocurra, pero no se puede descartar. Lo interesante es preguntarse qué sucedió para pasar de la algarabía por la cautelar, a una algarabía mayor por la resolución del amparo y terminar en la apelación de la sentencia. Todo el tiempo en que tramitó el proceso judicial fue la única vez que los fierros comunicacionales del Ejecutivo no pudieron torcer una percepción: la razón de los peticionantes por garantizar la alimentación saludable. Sobre todo en el campo de las redes sociales.
Sin embargo, el último parte de prensa de Casa Gris parece haberlos desestabilizado. Resuelto lo peticionado, con sentencia a favor, la apelación confunde. Sobre todo a los que pusieron la atención en las garantías del niño. Con el devenir de los hechos puede llegar a entreverse que algunas de las partes de quienes fueron a los tribunales quiera ir contra el sistema de centralización en la distribución de desayunos y meriendas. En ese caso, la cuestión ya no es nutricional ni pone en el centro a la salud.
Es político. Probablemente no tenga el impacto en la sociedad que sí tuvo el caso que aún sigue latente.
