El martes 20, Daniel Sergio Benítez, intendente de Puerto Yeruá -a 40 kilómetros de Concordia- presentó su renuncia al cargo. La nota, que dirigió a la viceintendenta Liliana Sgüerzo, justificó: “Motivan la presente razones estrictamente personales, de índole familiar y de salud, que hacen imposible el cumplimiento de mis funciones como tal”.
Rubén Bonelli, integrante de la Asociación Artiguista de Puerto Yeruá, pone en duda ese argumento para la dimisión del intendente. “Lo que se dice en el pueblo es que el intendente goza de buena salud. Eso como primer elemento. Y segundo es que él viene arrastrando serias dificultades. Daniel Benítez es una persona que estuvo militando en el PRO, en Cambiemos, iba a ser candidato allá por el año 2019 por esa fuerza política. Después, se reunió con la que es hoy la actual viceintendenta, que es Liliana Sgüerzo.
Y la que va a quedar en lugar de él, otra vez. Liliana Sgüerzo gobernaba a partir de la salida abrupta que tuvo el intendente Fabián Cevey por el tema conocido de los terrenos en Puerto Yeruá. Entonces queda ella; Sgüerzo lleva como secretario de la Producción del Municipio a Benítez. En el 2019 lo hace candidato, y gana las elecciones.”, recordó en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
Bonelli define a Benítez como un dirigente que “no tiene una posición ideológica definida, ni menos político partidaria, sino como diría mi abuela, está para el lado que sale del sol siempre. Cuando asume como intendente, tiene una gestión de puertas cerradas. Se castigaba el que no estaba con la gestión municipal. Cuando ingresó había una empleada, Marcela, que trabajaba en la Mesa de Entradas de la Municipalidad.
Benítez la sacó compulsivamente de manera autoritaria y la trasladó como a 20 cuadras de la Municipalidad, en una oficinita muy chica, al lado un tanque de agua en condiciones edilicias pésima, sin un baño para mujeres. Eso generó que esta chica le haga una denuncia por violencia laboral y persecución ideológica. En esa denuncia, resultaron condenados el intendente y su secretaria de Gobierno, Silvia Bel. Bel tuvo que pagar $9 millones, y Benítez, $26 millones.
Hubo dos compromisos de pago hechos por Benítez a la víctima, que no cumplió y hoy con intereses por mora le está debiendo casi 40 millones a esta chica”.
Bonelli aclaró que “hay una deuda que está con sentencia firme. Más allá de que renuncie al cargo de intendente, esa deuda no se extingue, así que de alguna forma Benítez va a tener que hacer frente”.
La causa se tramitó ante el Juzgado Laboral N° 4, de Concordia, a cargo de Roberto Elvio Masarra. El 11 de marzo de 2023 Marcela Daniela Schvin promovió denuncia por violencia y discriminación en el ámbito de trabajo, contra su empleadora Municipalidad de Puerto Yeruá, representada por su Presidente Municipal Daniel Sergio Benitez y su Secretaria de Gobierno y Hacienda Silvia Bel. Entonces, reclamó la suma de $926.647,62.
En el desarrollo de la acción, explicó que en 2007 fue elegida como concejal del Municipio de Puerto Yeruá, simultáneamente con el actual Intendente Daniel Benitez. Refirió que durante el desarrollo de la gestión, se separó del bloque de concejales de la lista 100 y entonces aparecen los primeros roces con Benítez.
En 2011 fue reelecta para ocupar el cargo de concejal, en una lista opositora que competía con la Benítez. En 2012 renunció a la banca y comenzó a prestar servicios como cajera en Mesa de Entradas del Municipio de Puerto Yeruá.
El 2 de marzo de 2020, Benítez firmó un decreto por el que se la desafectó de la función que cumplía y fue reubicada en Obras Sanitarias. En 2022, el intendente dictó un decreto por el que se le sustrajo “indebidamente retribuciones salariales correspondientes a los códigos 208, 222 y 244 de su recibo de haberes, lo que le ocasionó una situación desfavorable en sus ingresos, de carácter alimentario del grupo familiar que conforma con su hijo”.
Entendió que en el caso se verifica “una situación de violenciay discriminación en el ámbito del trabajo, que se funda en la postura asumida por el intendente, que en un primer momento anuncia la continuidad de los agentes en su lugar de trabajo, para luego disponer en forma arbitraria el cambio de condiciones laborales de la denunciante, en otro edificio que no respeta los requerimientos de higiene del trabajo; y le quita retribución de carácter alimentario”.
La Justicia le dio la razón y condenó al intendente Benítez y a la secretaria de Gobierno Silvia Bel “a abonar a Marcela Daniela Schvin, la suma equivalente a 13 salarios según escala vigente a la fecha, correspondientes a la categoría de atención de caja del área de rentas de la Municipalidad de Puerto Yeruá, suma que generará intereses desde la notificación de la demanda y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días”.
Además, dispuso que el intendente y su secretaria de Gobierno “acrediten en estos autos, dentro de los sesenta días de notificado este pronunciamiento, la aprobación del curso de capacitación en perspectiva de género dictado por la Oficina de la Mujer del STJER”.
De momento, la deuda de Benítez con Schvin está impaga, y según Rubén Bonelli, el ahora exjefe comunal intentó pactar un acuerdo con la entrega de una moto, que fue rechazada por la damnificada.
